Permiso para manosear…

El autoritarismo del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó hasta la sinrazón… Miembros de la Policía Federal, entre otras corporaciones, cachearon a niños y niñas, a bebés inclusive, la noche del Grito en el Zócalo de la Ciudad de México, en flagrante violación a tratados internacionales. Las imágenes, ampliamente difundidas por medios y redes sociales, desataron la indignación popular, pero las acciones fueron justificadas por las autoridades federales, a las que, según defensores de los derechos humanos, les importa más aplicar la mano dura que proteger las garantías individuales.

El hecho de que agentes de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional cachearan a niños –incluso a bebés– la noche del lunes 15 en los filtros de seguridad instalados en el Zócalo capitalino para la ceremonia del Grito de Independencia, refleja el desdén del gobierno de Enrique Peña Nieto por los derechos humanos y el fortalecimiento de la “mano dura” de su administración, coinciden los defensores Juan Martín Pérez García y Édgar Cortez Morales, así como la diputada perredista Elena Tapia.

Mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, guardaba silencio –al menos hasta el viernes 19–, el martes 16 el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, justificó esa medida con el argumento de que se buscaba “garantizar el interés general de los asistentes”.

Ante la crítica generalizada de organizaciones civiles y algunos legisladores de izquierda –entre ellos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña– por los tocamientos a los menores en el Zócalo, Rubido dijo a los medios que la revisión exhaustiva “se dio conforme a los procedimientos de operación con que se tiene que actuar (…) de manera acomedida, de manera diligente”.

Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) –la cual agrupa a 77 organizaciones–, sostiene en entrevista con Proceso que lo ocurrido el lunes 15 en las inmediaciones del Zócalo es violatorio de la Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño, firmada por México hace 25 años.

Puntualiza que los cacheos a niños y niñas violaron los derechos a su intimidad, integridad y dignidad –previstos en la Convención y con rango de ley a partir de la reforma de 2011–, y resalta que la modificación del artículo 4 constitucional ordena al Estado y a sus instituciones “tener como prioridad el interés superior de la infancia; esto incluye a las dependencias de seguridad y por lo visto no lo están cumpliendo”.

Al contrario, apunta, lo ocurrido el lunes 15 “tiene muchas implicaciones desa­fortunadas. No es una pequeña acción, da cuenta de que las y los funcionarios no se han enterado de que se deben respetar los derechos humanos, que los niños y las niñas también tienen derechos, no es un tema de adultos”.

El especialista insiste en que no hay justificación: “Era totalmente innecesario hacer tocamientos a niños y niñas; puede haber quien suponga que es por nuestra seguridad, pero hay otras medidas para garantizarla: arcos metálicos, detectores de metales, perros entrenados, todo eso está disponible. Si se conocía de alguna amenaza, alguna alerta de riesgo para extremar las precauciones, debieron tomarse medidas para que los niños y las niñas no estuvieran ahí; si no era ese el caso, salía sobrando hacer una revisión desproporcionada y exagerada de niños y niñas”.

El mensaje del gobierno fue, advierte Pérez García, que “los niños son un riesgo potencial”. Por otro lado, los infantes afectados, sobre todo los más pequeños revisados y toqueteados por policías uniformados, pueden “asumir que algo hicieron mal, que robaron algo y se corre el riesgo de que vivan como culpables”.

Iniciativa incongruente

El escándalo por la actuación abusiva de los policías ocurre mientras se discute en el Senado la iniciativa preferente de la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, enviada por Peña Nieto el lunes 1.

Esa iniciativa ha sido criticada por organizaciones civiles y por los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Crowley y Javier Hernández Valencia, respectivamente, quienes advirtieron que en su planteamiento Peña Nieto no previó presupuesto para hacer funcionar la legislación y es contraria a la Convención de los Derechos del Niño.

Pérez García recuerda que en 2011 el UNICEF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hicieron un análisis de presupuesto y hallaron que “México destinaba aproximadamente 6% del PIB para la atención de su infancia, y de esos recursos, menos de 1% era para protección”.

Señala que si a los temas complicados relacionados con la infancia en México –trata, trabajo en la calle, albergues, feminicidios, desapariciones– no se les aplican recursos, esos delitos van a agravarse; y menciona un principio de política pública aplicable a la iniciativa preferencial: “Se dice que donde pones el dinero están tus intereses; si niños y niñas no representan ningún gasto extra, nos da cuenta de que niños y niñas no son una prioridad”.

Añade que no entiende cómo después de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos “a alguien se le ocurra mandar al Senado un proyecto a todas luces insuficiente, contrario a los derechos humanos; puedo pensar que se trató de ineficiencia del responsable del proyecto, o se siguió esa tradición de presentar iniciativas sin consulta o fue la urgencia de tener un tema bonito que presentar, publicable, sin considerar que los costos los van a pagar los niños y las niñas, y por lo pronto se dio este hecho lamentable del 15 de septiembre”.

En entrevista por separado, Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e integrante de la junta de gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, explica que las imágenes de niños manoseados por policías se apegan a una política de seguridad pública “en la cual lo que importa cuidar son las instituciones y los políticos, más que a los ciudadanos”.

Abunda: “Esas imágenes que nos han indignado, de la Gendarmería revisando niños, responden a una lógica de seguridad de que ‘hay que proteger al presidente, no le vaya a pasar algo’; es una lógica en la que se invierten miles de millones de pesos en una seguridad que no está construida en las necesidades y los requerimientos de los ciudadanos, sino en los de la clase política y de las instituciones, y ése es el problema, es un sistema de seguridad que pone en el centro al Estado y sus instituciones y maltrata a sus ciudadanos”.

En esa lógica, en la cual “el tema de derechos humanos –para esta administración como para la anterior– es un discursos políticamente correcto pero que no se traduce en resultados, se explican las reducciones en la propuesta de presupuesto para el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desa­parecidas o la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”.

En una revisión de la propuesta de presupuesto para 2015, Cortez detectó que de los 77 mil 721 millones 739 mil 252 pesos asignados a la Secretaría de Gobernación, “88.66% está destinado a los asuntos de seguridad y 0.87%, es decir 675 millones 417 mil 111, a derechos humanos”.

En ese 0.87% están los 138 millones 963 mil 571 pesos del Mecanismo de Protección, 3.5% menos que lo asignado este año.

En la revisión de los presupuestos de áreas tan sensibles como la atención a casos de desaparecidos, Cortez identifica una reducción de 63.5% de los recursos para la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas respecto de 2014. De 40 millones 209 mil pesos cayó a 14 millones 676 mil 268 pesos.

A 15 meses de creada la dependencia y luego de que la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio cifró en 22 mil los desaparecidos en México, “no se ven recursos suficientes para construir la capacidad técnica para buscar y localizar a los desaparecidos; ahí es donde se aplicaría el dicho de que donde está el dinero están las prioridades, por lo que localizar a los desaparecidos no es una prioridad para este gobierno en los hechos, aunque diga lo contrario”.

Otro renglón identificado por Cortez como preocupante es el de la FEADLE, a la cual el gobierno de Peña Nieto asignará 25.94% menos recursos, pese a que las agresiones a periodistas en México son observadas por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. De tener 39 millones 13 mil 777 pesos, la fiscalía encabezada por Laura Borbolla pasará en 2015 a 28 millones 891 mil 583 pesos.

Cortez apunta que su análisis sobre las asignaciones a la atención gubernamental de derechos humanos no se circunscribe al presupuesto, pues “hay instituciones, como la FEADLE, a la que le han disminuido recursos; pero, hay que decirlo, tiene muy pocos resultados en términos de investigaciones eficaces”.

Cada vez menos dinero

La diputada federal perredista Elena Tapia Fonllem coincide con los defensores en la preocupación por la baja asignación de recursos al tema de los derechos humanos, contra lo destinado a la seguridad pública.

Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Tapia advierte “el fortalecimiento de la mano dura” del segundo año de gobierno de Peña Nieto, con base en el análisis del presupuesto.

El equipo de asesoría de la legisladora sonorense identificó que en las partidas presupuestarias de 2010 a 2015 para las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y para la Procuraduría General de la República (PGR), por lo menos hasta 2013 había un crecimiento continuo, de manera que entre lo destinado en 2010 y lo que se propone para el próximo año hay un incremento de 72.25%, al pasar de 112 mil 214 a 193 mil 271 millones de pesos.

Mientras los fondos destinados a las dependencias de desarrollo social, como las secretarías de Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo Social y Medio Ambiente, presentan un ritmo de crecimiento moderado, de manera que entre 2010 y la propuesta de presupuesto de egresos para 2015 fue 46% superior, al pasar de 431 mil 270 a 630 mil 281 millones de pesos.

Centrada en la distribución de los fondos en la Segob, Tapia advierte “un fortalecimiento de la parte más dura de la dependencia en detrimento de la parte de atención de las víctimas, que en el país se cuentan por decenas de miles, y los familiares cada vez manifiestan más su descontento, entre otras cuestiones porque los mecanismos para la reparación del daño no funcionan”.

El jueves 11, durante la comparecencia del titular de Hacienda, Luis Videgaray, en la Cámara de Diputados, Tapia cuestionó al funcionario por la inexistencia del fideicomiso del fondo para la atención a víctimas, previsto en la Ley General de Víctimas. Hasta el jueves 18, cuando la legisladora se entrevistó con Proceso, no había recibido respuesta.

La preocupación de la legisladora es que en 2014 la Cámara de Diputados asignó 490 millones de pesos para la creación del fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia, Atención y Reparación Integral. Para 2015 el monto alcanzaría 980 millones de pesos, que permanecerán estancados hasta que la SHCP decida constituir el fideicomiso y la Segob fije sus reglas de operación.

El año pasado, luego de crearse la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), la cual según la ley tendría como función ejecutar el fideicomiso, ésta “estuvo operando con recursos de la extinta Procuraduría de Atención a Víctimas y hasta ahora sólo tiene capacidad para dar atención psicológica y asesoría jurídica”.

Al señalar que por su oficina desfilan continuamente familiares de víctimas que buscan atención, la legisladora recuerda que “detrás de la Ley General de Víctimas y de la CEAV hubo un movimiento de familiares de víctimas que se organizaron e hicieron propuestas, y el gobierno hizo su esfuerzo por dar respuesta; pero si no se cristaliza en la creación de un fideicomiso y en un reglamento para que la CEAV funcione, puede parecer hasta una burla, porque ¿a dónde va a ir a parar ese dinero? Es lo que tenemos que preguntarnos”.

En la revisión que ella y su equipo han hecho del presupuesto propuesto por Peña Nieto, Tapia considera que en el tratamiento a víctimas “no hay congruencia. Podríamos decir que no es prioridad para este gobierno”.

Una de las incongruencias sería precisamente el achatamiento del presupuesto para la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, que surgió “para quedar bien en el momento de la presión ciudadana, para después abandonarla”.

Otro caso es el de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que forma parte de la Segob y tuvo un incremento para 2015 de 59%, mientras que la instancia responsable de perseguir los delitos en la PGR, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas, sólo aumentó sus recursos 15%.

“No hay una costumbre del Ejecutivo de explicarnos cuáles son los criterios para quitar y poner recursos; hay que reconocer que como oposición nos aplastan, así que lo que nos queda es evidenciar esta falta de congruencia en el presupuesto para atención a víctimas y derechos humanos”, concluye.

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