CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El coraje acumulado de estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales, debido a la indolencia gubernamental frente a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Iguala, estalló esta tarde contra la sede del Ejecutivo estatal y del ayuntamiento capitalino. Normalistas y miembros del magisterio disidente protagonizaron este día una jornada de intensas protestas en la capital de la entidad como medida de presión para que autoridades federales y estatales agilicen los trabajos de búsqueda de los desaparecidos y se castigue a los responsables de la masacre de Iguala, ocurrida el 26 y 27 de septiembre. Por ello, los manifestantes destrozaron e incendiaron dos edificios oficiales: la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo, y exhibieron la ausencia plena de autoridad que prevalece en la entidad. La ira de los manifestantes se desató luego de que policías antimotines amagaron con desalojar a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que, desde las 11:00 horas, tomaron el edificio del gobierno estatal, ubicado al sur de esta capital. Durante casi cinco horas permanecieron retenidos más de 3 mil burócratas y funcionarios del primer círculo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos su secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y el de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez. Cerca de las 14:00 horas, por intervención de Verapaz, organización defensora de derechos humanos, los normalistas sólo permitieron que salieran mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Dos horas después, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la administración de Aguirre reaccionó y desplegó un operativo policiaco por aire y tierra, situación que alertó a los normalistas por el arribo de antimotines sobre el carril norte-sur del encauzamiento del río Huacapa. La movilización policiaca provocó que los normalistas retiraran las guardias que mantenían en el perímetro del edificio gubernamental, para dirigirse después al punto donde se aceraban los uniformados y proceder a enfrentarlos con piedras, palos y bombas molotov. El repliegue de los jóvenes fue aprovechado por las autoridades estatales, quienes abrieron uno de los accesos laterales; luego de ello, los burócratas que permanecían retenidos, todos varones, salieron en estampida y sirvieron de “escudo humano” a Jorge Salgado y Leonardo Vázquez, quienes escaparon a bordo de camionetas blindadas y resguardados por escoltas armados. Un reducido grupo de normalistas se percató de la huida de los funcionarios y arremetieron a pedradas contra los burócratas que protegieron en todo momento el escape de los secretarios del gabinete aguirrista, entre ellos el secretario de Finanzas, personaje considerado como brazo derecho del mandatario estatal. El grueso de los normalistas se encontraba frente al grupo de policías antimotines, que en ningún momento trataron de desalojar a los manifestantes y simplemente se mantuvieron a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble. Los normalistas, al percatarse que se trató de una acción disuasiva para permitir que salieran los funcionarios de las oficinas cercadas, incendiaron una camioneta repartidora de la empresa Bimbo para proteger el repliegue hacia el edificio. En ese momento se incorporó a la protesta un grupo de miembros de la CETEG, quienes se encontraban en la caseta de peaje de la autopista Del Sol, ubicada en el poblado de Palo Blanco, luego de que en la mañana habían irrumpido con violencia en la sede del Congreso local, donde se celebraba una ceremonia para otorgar un reconocimiento a la exdiputada y exsenadora priista Guadalupe Gómez Bermeo. Reforzado el grupo de normalistas, los estudiantes y docentes de la CETEG arremetieron contra el inmueble, ya desalojado, provocando destrozos en vidrios de la fachada y al interior de oficinas. Asimismo, prendieron fuego a una parte de la estructura de la sede del Ejecutivo, siete secciones interconectadas que son clasificadas como las regiones que conforman la entidad. Después de destrozar este inmueble, los normalistas y miembros del magisterio disidente abordaron autobuses y se enfilaron al centro de esta ciudad, donde también arremetieron el ayuntamiento de Chilpancingo e incendiaron la parte del Registro Público y otras áreas. Los destrozos fueron de todo tipo y hasta el momento no han sido cuantificados, informó posteriormente el secretario de Finanzas en un escenario montado en la explanada de la sede del Ejecutivo destrozada, donde se enfocó en hacer un recuento general de daños. Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que a pesar de las acciones de los normalistas, la administración de Aguirre seguirá manteniendo el diálogo con los estudiantes y padres de familia. También dijo que el gobierno estatal mantendrá las labores de búsqueda de los 43 normalistas que siguen desparecidos. No obstante, calificó las acciones como una muestra de “intolerancia y desenfreno” de los normalistas, y anunció que la ciudad de Chilpancingo será resguardada por policías con equipo antimotín para evitar que se repitan acciones violentas. En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, consideró que el operativo de disuasión para evacuar el edificio fue la causa que desató la ira de los normalistas, quienes exigen la presentación con vida de sus compañeros y castigo para los responsables de la masacre de Iguala.