VALPARAÍSO (apro).- Tres explosiones de bombas ocurridas en Santiago en los dos últimos meses han traído de vuelta el fantasma del terrorismo y están incidiendo notablemente en la agenda política del gobierno. El pasado 13 de julio estalló un artefacto en un vagón del Metro en la estación Los Domínicos. Nadie resultó herido de gravedad. Fue la primera alerta. Mayor conmoción causó la detonación de un extintor con pólvora negra y mecanismo de relojería depositado en un contenedor de basura de un centro comercial cercano a la estación Escuela Militar, al oriente de Santiago. La explosión se registró 8 de septiembre, con un saldo de 14 heridos, dos de ellos de gravedad, y generó un rechazo transversal en la sociedad a este tipo de atentados. La presidenta Michelle Bachelet condenó los hechos desde la Clínica Las Condes, donde acudió para visitar a algunos de los heridos. “Nos parece que este es un acto abominable y, por tanto, vamos a usar todo el peso de la ley”, dijo. En la página web anarquista Homodollars –que difundió a principios de esta década las proclamas de quienes reivindicaron la instalación de artefactos contra bancos y otras instituciones “capitalistas”-- también hubo expresiones de rechazo a esta acción: “La lucha antiautoritaria multiforme necesita de acción violenta, de ataques directos y contundentes, pero otra cosa es realizar ataques ciegos teniendo como objetivo a cualquier persona que va pasando en lugares que claramente no son de uso exclusivo de representantes del poder”, decía dicha página web. Dos de los tres imputados como responsables de esta acción criminal --Nataly Casanova (26 años) y Juan Flores (22 años)-- permanecen en prisión preventiva, mientras que un tercero, Guillermo Durán, se mantiene con arresto domiciliario. Al momento de practicarse las detenciones (18 de septiembre) el fiscal jefe Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, expresó que los jóvenes pertenecen a una “célula compacta y hermética” de corte “anarquista”. Hasta ahora las pruebas contra los imputados --imágenes de videos, tarjetas de metro y estudios de ADN-- no parecen concluyentes. Las dudas aumentan al ser tan cercano en el tiempo lo sucedido en el primer “caso bombas” (2010-2012) que terminó en un estrepitoso fracaso para el Ministerio Público y con todos los acusados absueltos en 2012. Entre 2005 y 2011 explotaron cerca de 180 bombas en la capital. La mayoría de estas acciones fueron reivindicadas por grupos anarquistas. Hasta ahora no hay ninguna persona condenada por esas detonaciones. A diferencia de los bombazos más recientes, aquellas detonaciones nunca estuvieron dirigidas a causar daño a la población civil. Cambio de agenda Los grandes medios de comunicación utilizaron el contexto de los recientes bombazos para promover medidas que apuntan a cercenar las libertades públicas y criminalizar la protesta social. La misma noche del 8 de septiembre, Canal 13 --propiedad del poderoso grupo Luksic-- transmitió un largo reportaje en el noticiario central en que vinculó a colectivos del movimiento estudiantil con los atentados. En una nota titulada “Radiografía a los colectivos estudiantiles”, afirmó que entre los grupos universitarios había “anarquistas que están en el ojo de todas las pesquisas por las explosiones en las estaciones Los Domínicos y Escuela Militar”. Este reporte generó un vendaval de críticas y casi un centenar de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión. Un día después el vespertino La Segunda –del empresario derechista Agustín Edwards-- tituló en portada “El retorno del miedo”, con una fotografía de tres mujeres sentadas en un vagón del Metro, con rostros apagados por el temor y, tras ellas, una mujer policía y un agente de civil. Al momento de ocurrir las explosiones se desarrollaba un fuerte debate nacional en que se cuestionaba fuertemente la Ley Antiterrorista, que fue promulgada por el dictador Augusto Pinochet en 1984. Decisivo para el surgimiento de esa discusión fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH ) del 27 de julio en el que se castigó al Estado por “criminalizar la protesta mapuche” y “violar los principios de legalidad y presunción de inocencia” en el proceso “Norím Catrimán y otros versus Estado de Chile”. Dicho dictamen fue particularmente duro con la Ley Antiterrorista, dado que su aplicación permite aplicar severas penas por delitos comunes; realizar investigaciones cuyo sumario puede permanecer en secreto hasta por seis meses; interceptar comunicaciones telefónicas y utilizar testigos sin rostro. Tras conocer dicho fallo de la CoIDH, el Ministro de Justicia Juan Antonio Gómez, calificó de "totalmente inútil" a la Ley Antiterrorista, preparando con ello el camino para su derogación. Pero tras los bombazos todo cambió. La presidenta Bachelet --fuertemente presionada por la derecha y los medios de comunicación-- anunció que invocaría la normativa antiterrorista para perseguir a los autores de los últimos bombazos y anticipó que el Ministerio del Interior enviaría a la brevedad al Congreso Nacional una iniciativa para potenciar dicha ley, aduciendo que ésta no ha sido eficiente. En la misma línea de estos anuncios, el ministro de Interior Rodrigo Peñailillo afirmó el 13 de septiembre que presentaría a la brevedad un proyecto de ley para fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Polémica causó que esta autoridad anticipara que, como parte de este fortalecimiento de la ANI, se crearía la figura de los agentes encubiertos para infiltrar organizaciones en las que pudiera existir presencia de terroristas. Después de algunas controversias internas, el titular de Interior zanjó un proyecto que modifica la Ley Antiterrorista el que será presentado el próximo martes 21 en la Comisión de Constitución del Senado. De acuerdo con el borrador de este proyecto que Peñailillo compartió con senadores de esa Comisión en visita realizada el martes 14 al Congreso Nacional –con sede en Valparaíso- es posible advertir que el gobierno busca quitar a la Ley Antiterrorista la cualidad de “legislación especial”. Con dicho fin sus preceptos serían integrados al Código Penal. Según este borrador, se podrá tipificar como delito terrorista la actuación individual y solitaria de una persona, sin necesidad de que sus actos estén vinculados a una asociación ilícita terrorista, como ocurre actualmente. Ésta medida se dirige claramente contra micro organizaciones anarquistas, que se caracterizan por carecer de una estructura vertical de mando, dificultando que sus eventuales atentados sean calificados como delitos terroristas. El señalado proyecto también considera la figura del “agente encubierto y revelador”, dejando en manos de los jueces de garantía la autorización para que agentes policiales puedan desempeñarse como tales. También como consecuencia de los últimos bombazos, el 9 de septiembre Carabineros de Chile anunció la creación de una nueva Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, la que estará a cargo del general Bruno Villalobos Krumm. Este en 2011 fue implicado por subalternos de coordinar un equipo institucional que se dedicaba a las escuchas telefónicas ilegales a autoridades de gobierno, empresarios y funcionarios policiales. Una bomba de sospechas Curiosamente, un nuevo bombazo pareció detener el huracán informativo que prometía mantener la temática del terrorismo como el primer problema del país. Se trata de la explosión registrada el pasado 25 de septiembre y que provocó la muerte de Sergio Landskron Silva, de 29 años, quien sucumbió al explotarle una bomba que aparentemente él mismo trasladaba, en el Barrio Yungay, de Santiago Centro. Grande fue la sorpresa cuando se pudo constatar que Landskron era un adicto a las drogas con antecedentes por robo y sin vínculos políticos. Los grandes medios de comunicación, que hasta ese momento habían apuntado hacia grupos anarquistas como los responsables de los bombazos, dando gran bombo a esta noticia, comenzaron su desembarco de este nuevo caso. Por ejemplo, el diario El Mercurio --principal portavoz de la nueva agenda antiterrorista-- no puso en su portada del 26 de septiembre como principal noticia la explosión con resultado de muerte, sino una sentencia condenatoria del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las más grandes empresas productoras de pollos. Las dudas respecto de la autoría de los bombazos han crecido con el paso de los días, situación que se ve alimentada por el hecho que aún no se ha aclarado quien puso las más recientes bombas. Y no son pocos los que han manifestado que es la ultraderecha quien está detrás de estos actos. Así lo estima el actual embajador en Uruguay, abogado de derechos humanos y exdiputado comunista, Eduardo Contreras, quien el miércoles 15 expresó en entrevista con el matutino La Diaria, de Montevideo, que no tiene “ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha. Es lo mismo que hacían cuando estaba Allende”.