CEDHJ, garante de impunidad

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) está tocando fondo. En agosto pasado resolvió que la mejor salida para una familia de Guadalajara que fue víctima de un asalto con violencia por parte de policías municipales, era firmar una “conciliación” y huir de su casa, ya que está en peligro de muerte. Y si la comisión no castigó a los agresores, menos la Fiscalía General del Estado.
“Por su bien, dejen su casa porque corren peligro de muerte”, les advirtió un auxiliar de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a María Isabel Villegas y Juan Ramón Ramos Mariscal, cuando comenzó la investigación a los policías municipales que asaltaron su casa y los vejaron junto con sus hijos Brenda Isabel y Brian Ismael, de 13 y 15 años.
En lugar de anunciarles que el organismo emitiría una recomendación a las autoridades de Guadalajara por las violaciones a sus garantías individuales, la visitaduría les aconsejó huir. Ya se adelantaba la resolución que el 21 de agosto de 2014 suscribiría el segundo visitador, César Alejandro Sánchez Orozco, consistente en una propuesta de conciliación.
Faltaban menos de dos meses para que se cumpliera un año del ataque, perpetrado el 11 de octubre de 2013 y en el que además los policías les robaron dinero y joyas. Ese mismo día el matrimonio se presentó en la comisión para interponer la queja 7881/13/11 y en la Fiscalía General del Estado (FGE) la denuncia que dio origen a la averiguación previa 13388/2013-B en la Agencia 13, por abuso de autoridad.

Sin embargo, la CEDHJ se limitó a emitir el oficio 4706/14/11 con un “Acuerdo: propuesta conciliatoria” para que lo firmaran las víctimas. Pero ellos no aceptan porque, sostienen, se trata de una salida injusta.
Afirman que la comisión debería emitir una recomendación disciplinaria y no tratar de encubrir a policías que, posiblemente pagados por un tercero, realizaron todo un operativo para detener a la familia por supuesta posesión de drogas y disparar armas.
El organismo autónomo pretende que las víctimas se “arreglen” con los agresores a pesar de reconocer que éstos cometieron delitos como abuso de autoridad, allanamiento de morada sin flagrancia ni orden judicial y retención ilegal de personas, entre otros.
Tras residir 17 años en Estados Unidos, donde laboraban en los campos de cultivo californianos, la familia Ramos Villegas regresó a Guadalajara, donde estableció una fábrica de dulces. Poco después compró una finca nuevecita a la vuelta de la planta, en Residencial Los Artistas, colonia San Miguel de Huentitán, en el Sector Libertad.
El lluvioso viernes 11 de octubre de 2013, los Ramos Villegas sólo querían ir a un laboratorio clínico para unos análisis y regresar pronto a sus labores cotidianas, entre ellas la de elaborar dulces. Eso si el clima mejoraba, porque sólo es posible cuando hay sol.
No se imaginaban –lo sabrían después– que desde muy temprano, a la vuelta del coto donde viven, policías municipales de la eufemísticamente llamada Secretaría de Seguridad Ciudadana acechaban en cuatro pick ups (G-4070, G-0023, G-4057 y 4076) con dos y tres elementos en cada una.
Tenían prácticamente sitiada parte de la manzana de Los Artistas, entre las calles Hacienda La Colmena, Arturo J. González y Narciso Serra. Esperaban que el matrimonio saliera de su casa. El video de la entrada muestra que fue a las 9:00 horas cuando el comandante de zona, Noé Camarillo Luévanos, que había arribado en su auto (el Dodge matrícula G-4001), dio la orden de ingreso.
Los pequeños empresarios dejaron a sus hijos dormidos en casa y abordaron su camioneta Ranger blanca. No habían recorrido ni 50 de los aproximadamente 100 metros que separan su vivienda de la caseta de vigilancia, las patrullas irrumpieron con las torretas apagadas. La pluma de acceso estaba arriba por una orden del administrador de Residencial los Artistas, Julio Robles Ruiz.
Juan Ramón vio por el retrovisor cómo los vehículos policiacos se detuvieron frente a su finca (Señora Zárate 1978, es su dirección en el condominio) y siete policías violaron la chapa para entrar. Los demás se quedaron afuera:
“Era un operativo, sin orden judicial alguna, como si fueran a atrapar a un peligroso narcotraficante”, recuerda el afectado. Por eso se detuvo abruptamente y, mientras él estacionaba la camioneta, su esposa bajó y corrió a su casa para ver qué ocurría. Tres o cuatro policías impedían la entrada mientras otros tres intentaban abrir la camioneta Voyager de su hijo mayor, Erick Daniel, en la calle con las llantas ponchadas.
Cuando la señora trató de entrar a su hogar, un policía que ella describe “como de dos metros y fornido” se interpuso. Le dijo: “Buenos días, joven. ¿Qué se les ofrece? Porque esta es mi casa y no pidieron permiso para entrar, o enséñenme la orden. Quiero saber qué pasa, porque adentro están mis dos hijos menores”.
El agente la empujó mientras le decía: “¿Qué quiere, señora? ¿Qué busca? ¿Qué se le perdió? Aquí no entra, vieja jija de… Retírese porque en la azotea hay una persona con un arma haciendo disparos”.
En eso llegó el esposo, al que el uniformado le soltó otra andanada de ofensas y le exigió: “Identifícate, cabrón”. Aunque Juan Ramón le dio su credencial de elector, el sujeto armado se la arrojó a la cara y dijo: “Esa chingadera a mí no me sirve, tiene otro domicilio. Si esta es tu casa, quiero que me lo compruebes”.
El civil contestó que el domicilio es de su empresa pero que adentro de la casa tenía los comprobantes que le pedían. Para entonces ya había otros ocho o nueve policías ahí, y cuando trató de entrar por sí mismo, a él y a su mujer los arrojaron violentamente en el interior.
“¿Qué tienes más adentro? ¿A qué cártel perteneces y cómo te apodan? No te hagas pendejo. ¿Dónde están la droga y las armas, cabrón? Más te vale que me digas dónde está todo.”

La “seguridad ciudadana”

Algunos policías, que se habían quedado entre la cochera y el jardín, aparecieron fuera del patio trasero, que se comunica con el jardín exterior, y forzaron la puerta de aluminio que da a un tejabán de servicio, donde estaban la lavadora y enseres de limpieza.
Los uniformados que estaban adentro empujaron a punta de pistola a Juan Ramón hacia el patio, donde lo siguieron maltratando e interrogando. Tres agresores se quedaron con la señora; uno la tenía sometida al pie de las escaleras y los otros volteaban los muebles de la sala. Sin dejar de apuntarle con un arma, le gritaron que mejor hablara.
Uno de los seis intrusos que se quedaron en la cochera vociferó desde la entrada: “En la azotea está el tipo que está haciendo los disparos”. La señora les advirtió que en la planta alta están sus hijos, que se quedaron dormidos, y que no hay escalera hacia la azotea, así que el agente está mintiendo.
Sin hacerle caso, dos policías subieron. Uno se quedó al pie de la escalera, sujetando a María Isabel, mientras ella suplicaba que no molestaran a los niños.
“Entonces sí tienen armas y drogas”, dijo uno de los de la tropa de Camarillo Luévanos, y entonces subieron. Mientras que a ella la sujetaban de la nuca y la mantenían arrinconada en el hueco de la escalera, alcanzó a ver que un policía movió la lavadora y trataba de colocar algo.
–¿Qué busca en ese lugar? ¡Ahí no hay nada que le pueda interesar! –gritó la señora, pues sospechó que intentaba “sembrarles” droga.
En la segunda planta, los dos policías que subieron primero abrieron con violencia la habitación de Brenda Isabel. La muchacha despertó asustada. Uno de los intrusos le jaló las cobijas y la dejó en ropa interior. Ella se puso a gritar aterrada. Un policía le ordenó que bajara de la cama y ella obedeció y se refugió en un rincón del cuarto. Su mamá se había zafado del intruso que la sujetaba y subió a protegerla. “Mi hija sólo quería taparse. Le aventé la sábana y la abracé”, relata.
Entre maldiciones, los uniformados bajaron a la niña semidesnuda y la llevaron al jardín, que tiene vista a la calle. Ahí le gritaron que si no le daba vergüenza que la vieran así y de que sus padres fueran unos narcotraficantes. La lluvia y el frío habían arreciado.
Otros uniformados se dirigieron al cuarto de Brian, donde entraron atropellándose. Al jalarlo, se quedaron con la poca ropa que tenía puesta. Como el muchacho no tiene la mano izquierda, uno de los policías se burló: “Ya me traje la mano. ¿Dónde quedó la mano?”. También a Brian lo llevaron al patio, con su hermana, bajo la lluvia.
Los policías esculcaron la recámara del menor y el resto de la casa. En el recuento de daños, la familia descubrió el robo de 50 mil pesos en billetes de 500 y de 200 que Juan Ramón tenía en una chamarra para comprar azúcar, y de 7 mil pesos que Brian había ganado por trabajar con su hermano Erick Daniel, dedicado a la fotografía y a la producción de videos.
Los intrusos también se llevaron tres gruesas esclavas de oro grabadas con los nombres de Juan Ramón, María Isabel y Brenda, además de las argollas matrimoniales de 14 quilates.
Después de otros 20 minutos de aventones, amenazas y mentadas de madre para que la familia confesara que tenía armas y drogas, el comandante Noé Camarillo Luévanos, ahora elevado a 02 de la Policía Municipal, le advirtió al padre de familia: “Y no vayas a hacer ningún argüende, Juanito, porque diario suelen pasar accidentes. Esto es sólo una advertencia, cabrón”.

Conspiración y “accidentes”

Era un montaje. Sabían que el matrimonio no podía confesar nada sobre drogas ni armas porque el verdadero propósito del “operativo” era darle un “susto” a Juan Ramón Ramos para que no le exigiera cuentas al administrador del condominio, Julio Robles Ruiz.
Semanas atrás la víctima, presidente de la mesa directiva del coto, había llevado a su contadora para que revisara las cuentas de Robles Ruiz, a su vez contador y maestro de asignatura en el Centro Universitario de Ciencias Económico administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.
Pero en vez de transparentar los movimientos del dinero de cuotas y de otros ingresos del condominio, Robles Ruiz le ofreció a Ramos compartir parte de los ingresos (88 mil pesos al mes). Como rechazó la oferta, se hicieron de palabras.
Tras ese incidente, el administrador hizo correr entre los colonos una amenaza, que una testigo recuerda de forma casi literal: “Le voy a sacar un susto a este tipo para que escarmiente”. Ella no se alarmó al escucharlo: “Parecía que era pura bravuconada, pero lo cumplió. Hasta se jactó de tener influencias en el ayuntamiento”.
Erick Daniel Ramos, el hijo mayor de Juan Ramón, llegó a la casa de sus padres con su esposa Milagros Guadalupe Tavares y alcanzó a escuchar:
“Un comandante le dijo a mi papá: ‘Qué bueno que se portó bien, señor, de lo contrario yo me lo cargo”. Él le contestó al policía: “¡Pero si no hay delito que perseguir!”. El sujeto respondió que estaba hablando con su padre, no con él.
Cuando Milagros Guadalupe le dijo a otro uniformado que lo que hacían no era justo y le preguntó dónde podía acudir, la contestación fue: “Es la primera vez. Si te vuelve a pasar, ya reportas. Además, no es bueno que reportes porque suelen pasar accidentes”.
Además de las víctimas del allanamiento y el ataque, declararon como testigos, tanto en la FEG como en la CEDHJ, María de la Cruz Sánchez Ramírez y María Guadalupe Pinto, vecinas que corroboraron los hechos. Incluso, la última narró que cuando iba a una tienda que está fuera del coto vio más de 10 patrullas, pero que sólo entraron cinco. “Yo mejor me regresé a la casa y en la segunda planta observé todo por una ventana”. Así vio que algunas unidades se retiraron después de cinco minutos.
A su vez, a 13 policías de “Seguridad Ciudadana” de Guadalajara se les permitió presentar su declaración únicamente por escrito. Los documentos se parecen mucho, como un machote al que se le hubieran hecho mínimas variaciones.
Se trata de Juan Gilberto Rosales Zárate, Agustín Sierra García, Marlo Alberto Gascón Reyes, Javier Bernal Bonilla, Francisco Ernesto Cruz García, Pablo Arreola Galván, Iván Enrique Sánchez Montes, Adrián Rubén Jáuregui Hernández, Juan Pablo Arreola Galván, Andrés Parra Aceves, Adrián Estrada Becerra, así como el comandante Noé Camarillo y su chofer, Ulises Tostado.
“Como a las 9:00 horas, encontrándome de patrullaje”, en tal o cual crucero, todos ellos dijeron haber escuchado por radio que una persona agresiva estaba “en una azotea” o “a bordo de una Minivan o Caravan” blanca (nunca atinaron en describir la Voyager) “haciendo detonaciones” y que “así las cosas” se dirigieron al lugar indicado.
Según los guardianes de la ley, la única persona que encontraron fue a un “sujeto masculino” (Juan Ramón Ramos), nunca vieron a “una persona femenina” (María Isabel Villegas Gutiérrez).
“Ese día yo desconozco por qué la quejosa se duele de hechos que a nosotros no nos constan, porque repito, ese día no atendí ni vi a una mujer”, coinciden, más o menos a la letra, los policías municipales.
Con base en las evidencias aportadas por los quejosos y sus testigos, el segundo visitador de la CEDH, doctor César Alejandro Sánchez Orozco, concluyó que “se cuenta en el caso con elementos que permiten evidenciar violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, con motivos de hechos consistentes en la ejecución de un cateo, sin contar con mandamiento judicial en agravio de Ma. Isabel Villegas Gutiérrez y Juan Ramón Ramos Mariscal, retención ilegal, incomunicación, así como trato indigno tanto en su perjuicio como de sus hijos”.
No obstante, el doctor en derecho Sánchez Orozco determinó que para la queja 7881/13/11, oficio 4706/14/11, procede el siguiente “Acuerdo: Se acepta propuesta conciliatoria, se cumplimenta y se archiva. Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre de 2014”. Firman la resolución el propio Sánchez Orozco y Martín Frutos Hernández, visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General.
En tanto, el 25 de marzo pasado el pleno de la Comisión de Honor y Justicia del ayuntamiento de Guadalajara, que preside la regidora Anahí Olguín Rojas, determinó sancionar con una suspensión temporal de labores con carácter correctivo, por 30 días y sin goce de sueldo, a los oficiales Noé Camarillo Luévanos y Javier Bernal Bonilla. Con castigo similar, pero sólo por 15 días, fueron sancionados los policías Raúl Fernando Sánchez, Héctor Guerrero, Andrés Parra y César A. Ríos Cuéllar.
No obstante, el grupo que irrumpió en la casa de la familia Ramos se amparó y quedó impune. “No sólo eso –dicen los esposos Ramos Villegas–: el comandante Noé Luévanos fue ascendido a subdirector o 02 de la corporación tapatía, y eso que tiene antecedentes de abuso de autoridad en el municipio de Tonalá. Pero Derechos Humanos tolera todo y parece haber contubernio”.
Ahora las cosas son peores. La familia es acosada por uniformados municipales que se plantan frente a su domicilio o presionan con “rondines” afuera de su casa, o son molestados por algunos vigilantes del coto, en presunto contubernio con los policías demandados.
Para ellos no hay otra salida que ceder a la advertencia del secretario B de la Primera Visitaduría, César Grana: irse de ahí. La CEDHJ, que preside Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ya dio muestras de su ineficacia, y la FGE, en particular la agente del Ministerio Público 13 “de abusos de autoridad”, Irma Salvador Castillo, dicen, “nos trata con la punta del pie, nos grita y nos niega copias del expediente. En cambio, sí atiende con esmero a los policías agresores cuando van a declarar”.
Quizá pronto California reciba de nuevo a una familia lista para trabajar y llevar una vida tranquila, mientras que en Guadalajara se queda un mando policiaco estimulado por la eficacia de sus operativos. l

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