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Caso Regina Recapturan al “Silva”, pero falta el asesino

XALAPA, VER.- Más de 28 meses después del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, continúa prófugo José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, señalado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado como el asesino material.

Sin embargo, la corporación veracruzana reaprehendió a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, y lo presentó en fotografías a la prensa de la entidad el pasado miércoles 23.

Ángel Alfonso Martínez, hermano de la periodista, interpuso un amparo contra la sentencia absolutoria que se dictó al Silva en agosto de 2013. Sin embargo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo encontró elementos de prueba suficientes para inculpar al indiciado por el delito de robo, no por participar en el asesinato.

La PGJ ya pretende darle “carpetazo” a la investigación ministerial 019/2012/PC y el toca en el Tribunal Superior de Justicia 673-13, pese a que el procurador Luis Ángel Bravo Contreras se comprometió el 29 de mayo pasado, en una rueda de prensa, a trabajar “día con día, con todas las fuerzas” para encontrar al Jarocho.

El funcionario admitió que en la investigación del homicidio de Martínez Pérez hubo pasividad e inconsistencias, por lo que tendría que “empezar de cero”. Particularmente, atribuyó un aletargamiento del caso a la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado y al magistrado Edel Álvarez Peña, responsable de que se revocara la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por una juez de primera instancia a El Silva en agosto de 2013.

El pasado miércoles 22, la PGJ citó a la prensa local para informar de la captura de El Silva el lunes 20, en un municipio no especificado de Tlaxcala. El rostro rasurado del detenido sembró dudas: en esas fotos no se parecía a las de su aprehensión en 2012.

Aunque hace dos años el entonces procurador veracruzano Amadeo Flores Espinosa lo presentó como un enfermo de VIH, Hernández Silva se ve más tonificado de los hombros, con facciones duras y tez más clara.

Un médico legista explicó que al Silva se le hicieron exámenes de mentón, orejas, frente y cráneo, entre otros, que confirman su identidad. No obstante, Bravo Contreras admitió que no se le practicó a Hernández Silva la prueba del VIH para corroborar el argumento de su antecesor en la PGJ, Flores Espinosa, ya que esa diligencia le corresponde al equipo médico del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, adonde fue internado el sospechoso.

Una fuente de la recién creada Policía Ministerial indicó además que Hernández Silva no fue detenido en un “operativo de inteligencia ministerial” como difundió Bravo Contreras, sino que lo capturaron efectivos de la Marina. Sin embargo, agregó, “lo tuvieron guardado semana y media por estrategia, prefirieron guardarlo, una vez pasada la visita de Peña Nieto y posterior a la presentación de la Fuerza Civil, ello para dar pie a una entrada triunfal; no querían entorpecer o meter ruidos a los eventos del gobernador con la federación”.

Un año atrás, en mayo de 2013, el periódico Notiver publicó un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un enfrentamiento entre una banda delictiva y militares en una plaza comercial de Zapopan. El rotativo especulaba que entre los abatidos se encontraba El Jarocho, presunto asesino material de Regina Martínez.

Al respecto, Bravo Contreras afirmó: “No tengo signos que me permitan suponer eso (el fallecimiento del Jarocho), tan es así que esta procuraduría lo sigue buscando”.

Tras el homicidio de la corresponsal de Proceso, el 28 de abril de 2012, el gobierno del estado manejó primero la versión de que fue un crimen pasional, después aseguró que el móvil fue el robo, pero nunca abrió una línea de investigación relacionada con el trabajo de la periodista, como lo exigieron este semanario, muchos otros colegas de Regina y varios grupos defensores de los derechos humanos.

La impunidad de ese crimen provocó que en su segundo aniversario, el pasado 28 de abril, organizaciones sociales y reporteros veracruzanos salieran a las calles a protestar. Ahí le advirtieron al gobernador priista Javier Duarte que “no se mata la verdad asesinando periodistas”.

Premios a la ineficacia

Precisamente en ese lapso de impunidad han sido premiados varios funcionarios de la PGJE y del Poder Judicial del Estado implicados en el caso de la periodista asesinada.

Por ejemplo, la juez que llevó el expediente del homicidio, Beatriz Rivera Hernández, fue designada magistrada del TSJ. En su resolución, pasó por alto las irregularidades en que incurrieron el Ministerio Público y la PGJ, como capturar a Hernández Silva sin orden de aprehensión y torturarlo para que se declarara culpable, como determinó la Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado.

De igual modo, el pasado 30 de junio el exsubprocurador de Justicia Marco Antonio Lezama Moo fue nombrado magistrado del TSJ pese a los desaseos e irregularidades con que desahogó la averiguación previa. Y el magistrado Edel Álvarez –exlíder del PRI veracruzano– fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del TSJ.

En cuanto al que fuera procurador cuando se cometió el crimen, Flores Espinosa –responsable también del caso del asesinato del reportero Gregorio Jiménez, el décimo periodista asesinado bajo el gobierno de Duarte–, se retiró de la política en febrero pasado, mientras que su hijo, el priista Amadeo Flores Villalba, fue propuesto semanas después como magistrado pese a que no tiene carrera judicial.

Finalmente, el magistrado federal Agustín Romero Montalvo desahogó la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez, hermano de la periodista de Proceso, que recayó con el toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito. A los tres meses de que ingresó el amparo, María Dolores Silva Ovando, cónyuge de Romero Montalvo, rindió protesta como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado a propuesta del gobernador.

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