CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Las organizaciones que acompañan a las comunidades indígenas por donde pasará el gasoducto El Encino-Topolobampo pidieron seguridad para los rarámuri, quienes han exigido consulta previa para que avance el proyecto, debido a que están siendo intimidados para desistir y aceptar la construcción de la obra. Con la suspensión de amparo que ganó la comunidad de Repechique, del municipio de Bocoyna, para frenar la construcción del aeropuerto regional de Creel hasta que se les consulte, los pobladores de esa comunidad han recibido propuestas de vivienda para líderes, pero las decisiones las toman en común y no han aceptado el ofrecimiento. Y durante los últimos días han llegado a las comunidades ofertas para que pidan lo que gusten a cambio de que dejen continuar el proyecto, pero los pobladores se han mantenido firmes en exigir la consulta, lo que ha motivado que desde el gobierno estatal den a conocer información que confunde, como que hay comunidades que quieren desarrollo económico y fuentes de empleo, por lo que no repudian la consulta. El gasoducto pasa por cuatro municipios serranos que afectan a por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales, abarca 500 kilómetros de largo por 5 de ancho y atraviesa Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi, informó María Teresa Guerrero, de Consultoría Técnica Comunitaria. “Manifestamos a través de los medios de comunicación nuestra enérgica protesta ante la difamación y amenazas de quienes se sienten afectados en sus intereses; difundir información falsa, crear confusión y exacerbar los ánimos de la población, erosiona la legalidad, la justicia y la concordia entre las comunidades indígenas y los mestizos de la región serrana”, advierten activistas de Alianza Sierra Madre y Red de Participación Ciudadana. Hacen referencia a la nota del miércoles 29 de El Heraldo de Chihuahua, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana (OEM), en la que se estigmatiza a las comunidad indígenas que tienen el valor de defender sus derechos para exigir por la vía legal el respeto a ser consultados, así como también el de asociaciones civiles que los apoyan. “Solicitamos a las autoridades del estado las garantías a la integridad de los representantes de las comunidades indígenas que han interpuesto procedimientos judiciales por la falta de consulta previa, libre e informada, o por el reconocimiento legal de su territorio y el de las asociaciones civiles que trabajamos al servicio del pueblo tarahumara”, advirtió Contec en una rueda de prensa. Esa demanda la enviaron a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas Jaime Martínez Veloz, y a los senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas, estos últimos como garantes del impulso a las garantías de derechos humanos que tienen las comunidades indígenas para ser consultadas. Las organizaciones aclararon que el amparo del aeropuerto de Creel fue interpuesto por la comunidad de Bosques San Elías Repechique en abril pasado, por las afectaciones que esa obra ha tenido en su vida y por la violación al derecho a la consulta, debido a que a ellos nadie les preguntó nada. “Sólo derribaron cientos de pinos, removieron miles de toneladas de tierra, taparon travesías antiguas y manantiales de agua limpia; además, destruyeron zonas de pasteaderos y plantaciones de pino”, explicó Guerrero. El juez octavo de distrito ha tenido que recorrer las fechas para la audiencia constitucional, debido a que las dependencias estatales y federales que debían responder la demanda no lo hacían, por eso se ha dilatado la sentencia de amparo. “Es irresponsable culpar a las propias víctimas de la violación de derechos, de un conflicto que ellos no provocaron”, detalló María Teresa Guerrero. “Por este motivo rechazamos las imputaciones que hace Tomás Ruiz --dirigente de la organización pro-gobiernista Consejo Supremo de la Tarahumara-- a las asociaciones civiles por ser falsas. Él debería exigir al gobierno del estado la reposición del procedimiento de consulta en este y cualquier otro caso que afecte a las comunidades, así como el acercamiento con las comunidades afectadas, como lo reconoció Eduardo Esperón, secretario estatal de Obras Públicas en su comparecencia ante el Congreso local, en lugar de prestarse al trabajo sucio y de confrontación con quienes no son los responsables de actos de gobierno que violentan derechos y discriminan a los pueblos indígena”, sentenciaron. Sobre la ausencia de consulta a las comunidades indígenas en la obra del gasoducto El Encino-Topolobampo, indicaron que también fue planteado por la comunidad de Repechique el 5 de junio pasado en la mesa instalada en el Senado de la República y en las posteriores reuniones. “Tanto la Secretaría de Energía como la CFE han reconocido que se violó este derecho, por lo que se pretende reponer el proceso. Por este motivo, las asociaciones civiles e instituciones religiosas estamos participando con esas instituciones en lo que será la consulta a las comunidades indígenas en el área de influencia del gasoducto”, detallaron. Sin embargo, advirtieron que para realizar ese proceso es imprescindible que se establezcan las garantías para las comunidades, pues de no contar con estas garantías, pedirán que sea cancelada la consulta.