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La precariedad del orden cultural internacional (Primera de dos partes)

Objetos inanimados, ¿tendrán ustedes un espíritu…?

Alphonse de Lamartine

Redactado en forma interrogativa, el oxímoron del poeta francés Alphonse de Lamartine que sirve de introducción a este ensayo sugiere que el espíritu­ de los individuos, de los grupos y de las sociedades se encuentra inevitablemente imbuido en ciertos objetos culturales que forman parte de su identidad y, por extensión, de su esencia. Los bienes culturales son ambivalentes una vez desplazados de su función primaria. Llevan consigo el espíritu de aquellos que los crearon o veneraron. Y esta ambivalencia es inherente al tráfico de bienes culturales, que se agrava cuando entran al mercado internacional del arte contra la voluntad de sus creadores.

En la década de los setenta del siglo pasado, y en un acto de contrición, John D. Cooney, curador del museo de la ciudad de Cleveland, aseguraba que 95% de los bienes culturales existentes en los museos estadunidenses habían sido­ ilegalmente importados (K. E. Mayer). Al margen de la exactitud de esta aseveración, el pillaje en perjuicio de nuestro patrimonio cultural es una realidad que debemos enfrentar.

Ante el incremento del saqueo y del tráfico ilícito de bienes culturales, la comunidad internacional ve con impotencia y consternación el expolio del cual son objeto sus patrimonios culturales. Los países de origen han tratado de explorar nuevas fórmulas en el ámbito internacional que puedan proteger estos patrimonios de manera eficiente.

La restitución de bienes culturales robados o ilícitamente exportados, sujeta a controversias de una alta sensibilidad en los países de origen, encuentra en el status quo una gran frustración, toda vez que los laberintos legales que tienen que transitarse son cada vez más complejos y las resoluciones de los tribunales que se pronuncian son impredecibles. La agenda internacional se ha saturado en los últimos años con propuestas de muy diversa índole, en las cuales abundan los cuestionamientos pero escasean las respuestas.

Para estar en sintonía con la lógica actual, cualquier argumento sometido a ponderación debe ser validado primero por el mercado. En consecuencia, el robo de bienes culturales continuará en tanto que la demanda exista y el tráfico sea rentable. Los controles para frenar el pillaje y la exportación ilícita implican altos costos para los países de origen que distan mucho de corresponder a los magros resultados.

En la segunda mitad del siglo pasado empezó a hacerse más perceptible una conciencia que dio origen a diversas convenciones internacionales, cuya especificidad normativa está determinada por las distintas conductas que los Estados han asumido en la historia, pero en donde se distinguen dos perspectivas fundamentales: por un lado, la protección de bienes culturales en tiempos de conflicto armado y, por otro, su protección en tiempos de paz.

En esta segunda perspectiva destacan las convenciones de la UNESCO, especialmente las de 1970 y 1972. La primera de éstas constituye el eje rector en la protección de bienes culturales; de amplia aceptación en la comunidad internacional, le confiere a los Estados la potestad de señalar qué bienes culturales quedarán sujetos a protección en su ámbito territorial. Una de sus consecuencias es la creación de un nacionalismo cultural en donde los gobiernos gozan del privilegio de decidir qué es lo culturalmente protegible. Al margen del valor intrínseco del bien cultural, esta convención propicia el desarrollo de una hegemonía cultural por parte de los Estados. Sus protagonistas son solamente estos últimos, y si bien singulariza la vía diplomática para la solución de controversias, carece de mecanismos de protección para las colecciones privadas.

Es en tierras de las Américas en donde la expansión de Occidente condujo al encuentro de dos mundos diferentes: el europeo y el precolombino. Desde los primeros contactos con Occidente, la cultura precolombina produjo una gran fascinación. El cronista Bernal Díaz del Castillo, en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, dio cuenta de su estupefacción a su entrada a Tenochtitlán. Esta fascinación perdura hasta nuestros días, lo que explica que los bienes culturales prehispánicos sean muy preciados en el mercado y se vean enormemente expuestos al pillaje de diversas maneras.

En una de estas vertientes se encuentran las excavaciones ilícitas e inescrupulosas de sitios arqueológicos, práctica que, para decir lo menos, conlleva la pérdida de una información valiosa para los Estados, a los que les asiste su guarda y custodia, y para toda la humanidad. Esas actividades no sólo inhabilitan el contexto del sitio arqueológico y desvanecen su significado, sino que, además, constituyen una perdida irreversible para el conocimiento universal.

La descontextualización de los bienes arqueológicos devalúa tanto a éstos en sí mismos como al sitio arqueológico amputado. He aquí el argumento central que obliga a la protección del patrimonio arqueológico, el cual debe entenderse como un recurso cultural no renovable. Como se ha sostenido de manera acertada, la percepción de una cultura y de un pasado común es una forma de aprender que pertenecemos a una comunidad (Paul A. Bator), sentimiento de pertenencia que hace de los bienes arqueológicos un vehículo de interlocución con la conciencia más íntima, lo que contribuye a cohesionar a una sociedad.

El descubrimiento de sitios arqueológicos es un proceso gradual. La asimilación y sistematización del conocimiento que le es inherente participan de la misma naturaleza. Por ello, resulta inaceptable la exigencia de que únicamente los bienes arqueológicos que se encuentren en instituciones públicas, debidamente inventariados, puedan estar legalmente protegidos. Esta aseveración excede cualquier razonamiento y desafía al sentido común. A su vez, nos conduce a otra vertiente en la protección del patrimonio arqueológico: el vínculo entre el Estado y su patrimonio arqueológico que aún no ha sido descubierto.

La creación de un “jus commune” cultural

La geopolítica contemporánea obligó a que en Mesoamérica y en la región andina central se sobrepusieran diversos sistemas de legalidad a unidades culturales. Este análisis exige a retener dos diferentes aproximaciones: la regional y la interamericana. En la primera, son perceptibles legislaciones muy restrictivas en cuanto al patrimonio arqueológico, con variantes importantes por lo que respecta a los bienes históricos y artísticos. En un inicio, las legislaciones de los países de Mesoamérica propagaron las nociones básicas mexicanas: bienes arqueológicos, históricos y artísticos, pero rápidamente abandonaron este esquema. Cada Estado de dicha región cultural ha adoptado leyes internas protectoras de bienes de ese tipo, con diferentes grados de prohibiciones.

El común denominador de estas legislaciones es la reafirmación de su soberanía cultural, que declara ex lege el patrimonio arqueológico propiedad del Estado y lo considera como res extra commercium, con los consecuentes efectos de inalienabilidad y de imprescriptibilidad. No obstante esta reafirmación, la sola mención de que se trata de un patrimonio en gran medida aún no descubierto, y consecuentemente no inventariado, debilita la consistencia de la misma noción de patrimonio y una recurrente motivación en los precedentes internacionales para negar el reclamo de su restitución a los países de origen.

En réplica a esta argumentación, la UNESCO y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), a partir de una propuesta mexicana, diseñaron normas cuyo propósito es vigorizar el vínculo del Estado con su patrimonio no descubierto, especialmente el arqueológico. Esta normativa ad hoc, aprobada por las instancias de gobierno de los organismos, se conoce como Disposiciones modelo en las que se define la propiedad del Estado sobre los bienes culturales no descubiertos.

Estas disposiciones, de ser adoptadas por los países de las regiones mesoamericana y andina central, fortalecerían el ius commune cultural y harían más eficiente la protección del patrimonio referido, así como la restitución de bienes culturales robados o ilícitamente exportados. La metodología para su elaboración tuvo su origen en la relatoría y posterior sistematización de los principales precedentes de tribunales internacionales que han denegado una y otra vez la restitución. Una vez que se identificó el hilo conductor de estos casos, se procedió a la redacción de mecanismos que neutralizan los argumentos más notables que se discurren en dichos precedentes. El lenguaje empleado en estas disposiciones es por lo tanto diáfano, con vocación universal, y tiene como propósito introducir un idioma accesible para los actores interesados, especialmente para los tribunales internacionales.

Otro de sus efectos consiste en abrogar la tesis reiterada de que las legislaciones domésticas protectoras del patrimonio cultural material, si bien pueden ser comprensibles en el contexto interno, no lo son en el internacional o admiten diferentes pliegos de interpretación. Más aún, uno de los argumentos centrales de los países de destino consiste en que los Estados requirentes hacen valer su legislación protectora, que puede experimentar variaciones sustantivas. Con ello se manipula el sistema de derecho de las naciones de destino, el cual, al ser aplicado en su ámbito interno, se encuentra expuesto a cambios súbitos y a políticas internas volátiles de los Estados de origen. El efecto primario de las disposiciones modelo es que desvanecen estos argumentos.

La viabilidad regional de las referidas disposiciones es clara. Al provenir su impulso de dos organismos internacionales de prestigio, la UNESCO y el Unidroit, se evitan las reticencias naturales, altamente predecibles si la propuesta proviniese de un país vecino, como bien puede ser el caso de México, y con la adopción de estas normas modelo se privilegiaría la protección de unidades culturales por sobre los intereses nacionalistas y del mercado.

El análisis anterior permite concluir que la uniformidad de las leyes protectoras de bienes culturales no descubiertos en países cuya legislación en la materia está yuxtapuesta en unidades culturales, suministra una mayor efectividad en ese cometido.

En esta misma vertiente se encuentra la Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico, aprobada por la Organización de Estados Americanos el 16 de junio de 1976 en Santiago de Chile. Este instrumento, conocido como Convención de San Salvador de 1976, fue aprobado con la reticencia, para no decir la franca oposición, de los Estados Unidos. México aún no lo ha ratificado, por muy diversos motivos. Uno de ellos radica en que en los términos de la Convención, al Estado requirente le asiste el derecho de promover en forma directa en los tribunales del Estado requerido las acciones judiciales pertinentes para la reivindicación de los bienes sustraídos y para la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables, lo que resultaba inaceptable para México. En la época regía una concepción de soberanía que ahora ya no se tiene, debido sobre todo a los tratados internacionales comerciales de los que México es parte.

La Convención de San Salvador de 1976 ha sido ratificada por 13 países de América Latina, muy especialmente por los que integran las regiones de Mesoamérica y la andina central, y tiene un alcance de lex specialis en relación con la Convención de la UNESCO de 1970, que lo tiene de lex generalis. Para atemperar esta situación, México suscribió acuerdos bilaterales con los países mesoamericanos, los cuales adolecen de graves cuestionamientos internos, ya que a través de este mecanismo se pretende alterar en forma sustantiva nuestro orden jurídico interno.

Epílogo

Resulta claro que las fuerzas que se mueven en el mercado negro internacional son muy poderosas, más aún si se estima que el tráfico ilícito de bienes culturales representa uno de los negocios más lucrativos e importantes del crimen organizado. Ello provoca un gran escepticismo en lo que respecta a la eficiencia de los instrumentos internacionales en materia de protección de bienes culturales. Algunos precedentes en los tribunales internacionales son, sin embargo, alentadores.

En 1983 Egipto promulgó la Ley 117, la cual decretó que todas las antigüedades formaban parte de su patrimonio; por consiguiente, su venta estaba prohibida y severamente sancionada. Frederick Schultz, exdirector de la poderosa Asociación Estadunidense de Comerciantes de Arte Antiguo, Oriental y Primitivo (NADAOPA por sus siglas en inglés) y propietario de una de las galerías de arte antiguo más reputadas de Nueva York, vendió en forma ilícita una escultura del faraón Amenhotep III. Egipto inició el proceso de restitución y el gobierno de los Estados Unidos promovió el juicio en el Juzgado Federal del sur de Manhattan (United States v. Schultz, 178 F. Supp. 2d 445 [S.D.N.Y. 2002] affd.333.F.3d [2d.Cr. 2003] cert. Denied. 540 U.S. 1106. 2004).

Schultz fue condenado a la restitución de la pieza y a prisión con base en la ley contra el tráfico interestatal de mercancías robadas, conocida como National Stolen Property Act (NSPA). La sentencia de primera instancia fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La NSPA­ dista mucho de ser una ley que se haya promulgado ex professo para la recuperación de bienes culturales, pero ha sido invocada con éxito en éste y otros casos, como el de la restitución de la estela maya de Machaquila a Guatemala (United States v. Hollinshead 495 F. 2d 1154 [9th. Cir. 1974]).

Estos precedentes son de una importancia capital, pues se pronunciaron en una de las plazas más importantes del comercio de arte, y son muy alentadores en la batalla por la protección de los bienes culturales.   

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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