MÉXICO, D.F. (apro).- La empresa estadunidense Acxiom, quizás la mayor administradora global de datos que ofrece información y análisis para campañas mercadotécnicas y detección de fraudes, posee bases de datos sobre 700 millones de consumidores en todo el mundo con más de tres mil categorías para casi cada consumidor estadunidense. Además, opera más de 23 mil servidores que procesan más de 50 trillones de operaciones de datos anuales, según un artículo de 2012 del New York Times, y utiliza al menos un mil 100 millones de cookies –pequeños pedazos de datos enviados desde una página web para rastrear la actividad del cibernauta--, 200 millones de fichas de usuarios móviles y un promedio de un mil 500 datos por consumidor. Y no es la única en manejar tal nivel de información. Para impulsar aún más esa industria más allá de sus propias fronteras, Estados Unidos presiona para que el libre flujo de datos se incluya en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo cual supone un riesgo para la privacidad y la protección de datos personales, así como mayores posibilidades de espionaje masivo, según activistas. “El principal riesgo es alrededor de la transmisión de datos entre jurisdicciones que tienen un entendimiento diferente sobre el derecho a la privacidad y que están diferentemente preparados para manejar el potencial impacto negativo del mal uso de la información. Una buena cantidad de corporaciones basan su monetización en nuestros datos, va a ser muy difícil encontrar formas para reducir el volumen de las transacciones”, el cual va a ofrecer mucha superficie de riesgo en asuntos relacionados con la privacidad y con el manejo de datos de poblaciones vulnerables, como periodistas o defensores de derechos humanos, dice a Apro Enrique Piracés, vicepresidente del Programa de Derechos Humanos de la empresa estadunidense sin fines de lucro Benetech. El experto ve “con gran preocupación” que los marcos regulatorios del tema en cuestión van a ser “insuficientes” durante los próximos años. El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego y negocian su adhesión Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. La más reciente ronda de tratativas del pacto, que transcurren en secreto, se escenificó en la ciudad australiana de Canberra del 19 al 24 de octubre. Pese a los avances aclamados por los delegados en temas como acceso a mercados y reglas para el comercio y la inversión, difícilmente el tratado se cierre en el transcurso de este año, pese a la presión de EU. El TPP abarca 29 capítulos en negociación sobre asuntos como propiedad intelectual, inversiones, compras gubernamentales, agricultura, ambiente, servicios y telecomunicaciones. De hecho, el Congreso y el Senado de EU han entrado a la palestra para presionar por la inclusión del libre flujo de datos en el acuerdo. En una carta del 24 de octubre último, dirigida al representante comercial de EU, Michael Froman, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden, el presidente del Comité de Comercio, el republicano John Thune, el demócrata Jay Rockefeller y el republicano Orrin Hatch le urgieron a garantizar ese movimiento transfronterizo dentro del TPP. El 31 de octubre, un grupo bipartidista de 55 congresistas enviaron una misiva similar a Froman, en la cual enfatizaron “la importancia de los temas de comercio digital dentro de las negociaciones del TPP”. El tono de ambas comunicaciones es parecido, pues ambas cartas se refieren a “obligaciones estrictas, vinculantes y claras”, cumplimentadas mediante un mecanismo de solución de diferencias, como ocurre con las disputas sobre políticas de inversión en otros tratados comerciales. Además, los senadores y congresistas urgieron a Froman a resistir posturas de otros socios del acuerdo para estipular límites al flujo de datos e impedir la condición de utilizar servidores locales u otra infraestructura computacional para almacenar datos, una medida en boga a raíz del espionaje masivo que EU ha aplicado en todo el mundo, revelado el 5 de junio de 2013 por el diario británico The Guardian. A partir de las revelaciones de Edward Snowden, excontratista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y actualmente asilado en Rusia, y desde ese momento ha proliferado la información sobre las operaciones de intrusión encubiertas ejecutadas por la Agencia Nacional de Seguridad estadunidense. “Todos los países del TPP se beneficiarán del libre flujo de datos, una opinión compartida por las industrias a lo largo de la región”, proclamaron los 55 congresistas. Precisamente, un temor de los críticos del acuerdo es que ese tipo de provisiones legitimaría la vigilancia de EU. “Se legaliza una situación de facto, que los gobiernos incluyan esos temas en acuerdos comerciales es la formalización de una realidad”, critica Óscar Mondragón, del Colectivo Libre Internet para Todos. En 2013, la generación mundial de datos alcanzó cuatro zettabytes, uno de ellos equivale a 10 bytes seguido de 21 ceros.   El boom del capitalismo digital La recolección y manejo de información o de big data –volumen masivo de datos- está en el centro de las actividades de empresas publicitarias, de mercadotecnia y de data mining o explotación de datos sobre quién es la persona, qué hace y qué compra. Esas corporaciones mezclan, estudian y venden datos de la conducta de los consumidores, en una muestra palpable del capitalismo digital. En su informe de mayo último Agentes de datos. Un llamado por la transparencia y la rendición de cuentas, la Comisión Federal de Comercio de EU (FCC, por sus siglas inglesas) cataloga a esa industria de “compleja”, con múltiples capas de actores que se proveen de datos entre ellos. “Los agentes de datos reúnen información de los consumidores de fuentes numerosas, mayoritariamente sin el conocimiento de los consumidores”, señala el documento, para cuya elaboración FCC consultó a nueve corporaciones estadunidenses. Además de Acxiom, figura Corelogic, que provee de servicios de datos y análisis a empresas y agencias de gobierno estadunidense y consta de registros con más de 795 millones de transacciones inmobiliarias históricas, más de 93 millones de solicitudes de hipoteca y unos 147 millones de registros sobre residencias. ID Analytics, que sirve análisis diseñados principalmente para verificar identidades o determinar si una operación puede ser fraudulenta, maneja más de mil millones de elementos identitarios únicos y abarca un mil 400 millones de transacciones de los consumidores. Recorded Future, que captura datos históricos sobre consumidores y empresas en la red y utiliza esa información para predecir su conducta, tiene acceso a más de 502 mil páginas web de acceso abierto. “Los agentes de datos reúnen y almacenan billones de elementos referidos a casi cada consumidor estadunidense” y “combinan y analizan datos sobre los consumidores para hacer inferencias sobre ellos, incluyendo algunas potencialmente sensibles”, concluye el reporte. FCC alerta de que muchos de los propósitos por los cuales los agentes recolectan y usan datos representan riesgos para los consumidores y su almacenamiento indefinido puede crear riesgos de seguridad. En octubre último, FCC resolvió, por primera vez en la historia, multar con diez millones de dólares a las empresas TerraCom Inc. y YourTel America Inc. por colocar información personal, como nombres, números de Seguridad Social y direcciones, de 300 mil personas en bases de datos en Internet sin la seguridad adecuada. “Es una forma para hacer más eficiente la supervigilancia. Esta reorganización de intercambio de información, que no tiene salvaguardas, va a terminar siendo otro artefacto de esta supervigilancia”, denuncia Piracés, cuya organización provee gratuitamente de software y asesora a organizaciones para la protección de sus comunicaciones. El programa Martus es de libre acceso y de código abierto. El gobierno del presidente estadunidense Barack Obama ha defendido la economía digital. En su reporte de mayo último Volumen masivo de datos: aprovechar oportunidades, preservar valores, la Oficina de la Presidencia destaca que “bien empleado, el análisis de big data puede promover la productividad, orientar mejores servicios gubernamentales y al consumidor, detener a terroristas y salvar vidas”. El gobierno asegura que Big data y la “Internet de las cosas” –la habilidad de los aparatos para comunicarse entre sí mediante sensores incorporados interconectados con redes alámbricas e inalámbricas- han hecho posible fundir las economías industrial y de la información. El reporte sugiere acciones que, ante el espionaje global masivo, resultan paradójicas, como avanzar en el diseño y debate de una carta de los derechos de la privacidad del consumidor, aprobar legislación nacional contra la violación a la privacidad de los datos, extender las protecciones a la privacidad a los no estadunidenses y sugerir al Congreso que enmiende la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas para garantizar la consistencia de la protección de contenido en línea y digital. Pero la creciente actividad digital ha concebido a su némesis, en la forma de los robos de identidad y de datos, que bien puede ser una derivación de la inclusión del flujo de información en el TPP. El Centro de Recursos sobre Robo de Identidad registró entre 2005 y octubre último cuatro mil 854 violaciones a la privacidad de datos que implicaron la desprotección de 669 millones 680 mil 671 archivos. Las empresas sufrieron mil 732 incidentes de riesgo en los cuales datos personales, como números de seguridad social o récords financieros estuvieron en riesgo, con más de 356 millones de registros. Le siguió la categoría médica o de cuidados a la salud, con un mil 190 ataques y 48 millones de récords expuestos. Para Mondragón, una solución puede ser el endurecimiento de las leyes, pero “el problema es que no se cumplen”. La privacidad y el uso creciente de la red engendran paradojas, como lo muestra el Índice de Privacidad 2014 patrocinado por la estadunidense EMC2 y para el cual se encuestó a 15 mil personas de 15 países, entre ellos México. Elaborado por la firma de relaciones públicas Edelman Berland, ese instrumento halló que 87% de la muestra respalda leyes que prohíban a las empresas la compra y venta de datos sin el consentimiento de los usuarios e identificaron esa práctica como la mayor amenaza a la privacidad en línea. India, Medio Oriente, China y México son los más proclives a intercambiar la privacidad por los beneficios del mundo digital. Los menos son Alemania, Canadá y los Países Bajos. Sin embargo, los usuarios de redes sociales argumentan que valoran la privacidad, pero intercambian libremente grandes cantidades de información personal y a pesar de la falta de confianza en las instituciones que la protegen. Además, aunque los riesgos a la privacidad impactan directamente a muchos consumidores, la mayoría no toma medidas para protegerla y, en cambio, colocan la responsabilidad en los gobiernos y las empresas.