“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

La precariedad del orden cultural internacional (Segunda y última parte)

En solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa

cuya tragedia enluta a la sociedad mexicana.

La Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (Convención de San Salvador de 1976), aprobada por la Organización de Estados Americanos el 16 de junio de 1976 en Santiago de Chile, reviste gran importancia. Sin embargo, debe hacerse hincapié en que la falta de ratificación de ese instrumento por parte de México no es, por desgracia, un hecho aislado. A ella se suma la falta de ratificación de la Convención Cultural del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de 1995 (UNIDROIT por sus siglas en inglés), confirmada ya por 46 Estados, mayoritariamente latinoamericanos.

El análisis del tráfico ilícito de bienes culturales resulta fundamental para comprender la Convención del UNIDROIT: cuando un país es expoliado, aquellos ingresan en el mercado negro y las transacciones correspondientes se realizan entre particulares, al margen de la estructura de los Estados. Estas negociaciones ocurren de manera expedita y buscan el imprimatur de cada sistema de legalidad por donde transitan dichos bienes, con el claro propósito de embrollar su restitución.

Por su lado, la Convención de la UNESCO de 1970 –que, por vocación propia, acota su ámbito jurídico únicamente a la resolución de controversias entre Estados– desarrolla mecanismos muy endebles para la solución de diferendos entre particulares, o bien, entre particulares y los Estados requirentes.

El sentido del instrumento en cuestión es precisamente el de proveer un mecanismo de solución de controversias más eficaz cuando involucre a particulares. La renuencia mexicana a ratificarlo ha aislado a nuestro país en la región. El argumento oficial del gobierno mexicano es que al ratificarlo asumiría la obligación de compensar al tercero que haya adquirido los bienes culturales.

Con lo anterior se soslayan, empero, dos argumentos de sustancia: primero, la Convención de la UNESCO de 1970 ya contempla esa obligación, por lo que el Estado mexicano, al formar parte de aquella, tiene que acatar la disposición compensatoria; en segundo lugar, debe mencionarse que, de conformidad con la interpretación respecto de la jerarquía normativa que proveyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales siguen en rango a la Constitución y se sobreponen a las leyes federales y estatales en cuanto se le opongan. Por consiguiente, la Convención de la UNESCO de 1970 se sobrepone a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.

Para superar las deficiencias de esta convención se redactó la del UNIDROIT, la cual dispone justamente de mecanismos para la solución de controversias que colocan al Estado de origen y a los terceros adquirentes a non domino en dos planos distintos: los bienes culturales robados y los ilícitamente exportados. Los límites de este espacio dificultan un análisis comprensible de la Convención del UNIDROIT. No lo es, empero, destacar sólo algunos de sus mecanismos más relevantes.

Por lo que respecta a la restitución de bienes culturales, una de las preocupaciones más significativas es la carencia de la buena fe con la que actúan los adquirentes a non domino. Este argumento, sin embargo, pasa por alto el hecho de que no existe una noción abstracta de la buena fe universalmente aceptada que fuese operativa en la solución de las controversias. Por ello, la Convención del UNIDROIT marginó esta noción en su articulado y la reemplazó por la de diligencia requerida, que se origina en el derecho anglosajón (Due diligence) y constituye un mecanismo que debe agotar toda persona que pretende ser indemnizada.

En razón de lo anterior, se le atribuye la carga de la prueba (onus probandi) al tercer adquirente al obligarlo a demostrar que ha agotado todas las instancias pertinentes y consultado toda la información relevante para obtener derecho a la indemnización. Lo trascendente en esta convención es que, de manera adicional, para tener título a la indemnización el tercer adquirente se encuentra obligado a revelar las fuentes de donde obtuvo el bien cultural reclamado, para que así el Estado expoliado tenga la posibilidad de actuar en juicio en contra del traficante. Las consecuencias de estas revelaciones en los países de origen son fácilmente imaginables.

El principio hegemónico del Estado en estos casos también se ve debilitado, ya que confiere la acción procesal activa a los particulares, quienes pueden actuar en defensa del patrimonio en cuestión al margen de las decisiones de los mandarines culturales. Uno de los efectos principales de ello es que las colecciones privadas tendrían así una cobertura jurídica de la que ahora carecen, lo que sin duda abre un espacio de libertad cultural.

La complejidad del vínculo con EU

Para mencionar lo obvio, resulta claro que el estadunidense es el mercado “natural” de los bienes culturales de los países latinoamericanos. De hecho, se estima que 50% de la totalidad de los bienes culturales robados tienen como destino ese mercado. En lo que atañe al patrimonio cultural mexicano, éste encuentra su abrigo en el tratado bilateral de cooperación con Estados Unidos en materia de recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, en vigor desde marzo de 1971.

En la década de los sesenta, en México se perpetró el mayor saqueo de bienes culturales, principalmente de origen maya; un pillaje comparable, para decir lo menos, con el realizado durante la colonia. La rapacidad fue de tal magnitud y las estelas mayas que salieron del país eran de tal importancia que la literatura extranjera de la época señalaba: para “el especialista de la cultura precolombina la adquisición de estas piezas por los museos equivalía a la adquisición del Arca de Tito en Roma”.

El gobierno de México se vio obligado a concertar dicho tratado, cuya aprobación resultó favorecida por la movilización de la Asociación Estadunidense de Arqueología (AAA por sus siglas en inglés), que cuenta con una gran capacidad de cabildeo y es muy influyente en los círculos de poder del país vecino.

A comienzos de los setenta la Convención de la UNESCO acababa de ser aprobada y, por tanto, su ratificación por parte de los Estados Unidos estaba aún por escribirse. Independientemente de lo que pudiera argumentarse en torno a la obsolescencia de este tratado bilateral, su principal virtud es su ámbito material de validez, que es enormemente amplio, lo cual le asegura a México una gran cobertura en la protección de su patrimonio cultural.

La situación es totalmente distinta para el resto de los países de la región mesoamericana y andina central. Estados Unidos ratificó la Convención de la UNESCO de 1970 y su Cámara alta tardó cerca de 10 años en aprobar el “Acta de implementación de propiedad cultural” (Public Law 97-446 [H.R.4566], 96 Stat.2329), aprobada el 12 de enero de 1983 y modificada el 22 de diciembre de 1987 (100-204 [H.R.1777] Stat.1331).  A diferencia de México, en donde los tratados internacionales son autoaplicativos, en el sistema estadunidense se requiere de la aprobación de un acta de implementación para que éstos puedan surtir efectos legales.

El análisis de esta acta resulta fundamental para comprender la extensión de las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos. Conforme a dicho instrumento, el Ejecutivo Federal tiene la autoridad para emitir un Acuerdo Ejecutivo (Executive Agreement) que le permite suscribir convenios de cooperación en lo que corresponde a restricción de importaciones de bienes culturales arqueológicos o etnográficos, conocidos en la práctica como Memorándums de Cooperación  (MOU por sus siglas en inglés: Memorandum of Understanding).

Los MOU prohíben la importación de bienes culturales a territorio estadunidense cuando el patrimonio cultural del Estado requirente se encuentre en peligro de pillaje arqueológico o etnológico –independientemente de las medidas de protección que haya implementado esta nación–, así como cuando las medidas cautelares de prohibición de importaciones fuesen necesarias para evitar el deterioro de dichos bienes y obedezcan a un interés general de la comunidad internacional.

Si bien los bienes arqueológicos se encuentran bajo la cobertura del Acta de Implementación, no lo están los históricos, específicamente los provenientes del periodo colonial. Ello encuentra su dificultad en la definición de etnología contenida en el acta, la cual queda acotada al momento de definir lo relativo a la protección de los bienes culturales tribales o de sociedades no industriales, o bien de aquellos cuyo legado cultural sea importante por su rareza o su contribución al conocimiento de los orígenes, desarrollo o historia de los pueblos.

Esta definición de etnografía se encuentra también sustentada en la interpretación que de ella hizo el Senado estadunidense (U.S. Senate Report 97-564) al proveer las directrices para la protección del material etnográfico; ahí se plantea como requisito que los bienes sean “primitivos” o “tribales” –tal es el caso de máscaras, ídolos o tótems que resulten claves para entender los orígenes y la historia de los pueblos.

Esta interpretación se complementa a su vez con la prevista en la ley estadunidense sobre importación de monumentos, esculturas o murales precolombinos (American Statute for the Importation of Pre-Columbian Monumental or Arquitectural Sculpture or Murals. Public Law. No. 92-587, 10 U.S.C. & 2091 y siguientes, 1972). En consecuencia quedan excluidos, salvo los que se encuentren en territorio mexicano, los bienes culturales del periodo colonial y, por ende, todos los pertenecientes a la cultura mestiza, no obstante que el arte colonial reviste un evidente interés etnológico fundacional.

Más grave aún, la ley referida confronta en su propio ámbito interno el Acta sobre la Protección y Repatriación de Tumbas de los Nativos Americanos (Native American Graves Protection and Repatriation Ac http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Mogao_Caves.jpg t. Act 104. STAT. 3048  Public Law. 101-601 del 16 de noviembre de 1990).

El resto de los países de Mesoamérica y de la región andina central deben, por lo tanto, negociar recurrentemente los MOU que han sido empleados de diversas maneras para obtener prebendas comerciales en otros ámbitos. Ello queda evidenciado ante la carencia de uniformidad de los diferentes MOU. Actualmente, con la firma de los tratados de libre comercio en estas regiones (CAFTA con los países de Mesoamérica), las perspectivas culturales y los MOU han sufrido una clara metamorfosis, lo que a su vez ha facilitado la introducción de la fórmula de un jus commune cultural como un nuevo mecanismo en la protección de bienes culturales que ha recibido el beneplácito de la comunidad internacional. Perú ya se encuentra en el proceso de incorporación de las Disposiciones modelos en las que se define la propiedad del  Estado sobre los bienes culturales no descubiertos, que vigorizan el vínculo entre el Estado y su patrimonio cultural no descubierto, fundamentalmente el arqueológico.

La declaración de Dunhuang

Con todo, las zozobras en el contexto internacional por el vandalismo del que es objeto el patrimonio cultural no han cesado. Por ello, en los últimos años un grupo de académicos preocupados por el incremento del saqueo de bienes culturales y la impunidad con la que se realiza se han reunido bajo la fórmula de una conferencia de expertos en la restitución de bienes culturales.

En la ciudad de Dunhuang, en la República Popular de China, se celebró la cuarta reunión de esta conferencia. Fueron sesiones de intensos debates a cuyo término se logró un consenso que culminó con la Declaración de Dunhuang. Antes se realizaron otras en Seúl en octubre de 2012, y en Olimpia en octubre de 2013.

En Dunhuang se destacaron las principales referencias en lo que atañe a la protección en el ámbito universal, paralelamente a las sentencias de las cortes internacionales de los últimos tiempos. Se cuenta con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 67/80 para la devolución y la restitución de bienes culturales, y con las 66/180 y 68/186 que favorecen tanto el fortalecimiento de la prevención penal como de la justicia penal para proteger el legado cultural, especialmente en lo que respecta al tráfico ilícito.

Se ponderaron asimismo las directrices internacionales para la prevención penal y de la justicia penal en el tráfico ilícito de los bienes culturales. Éstas últimas fueron recomendadas por la ECOSOC en su resolución 2014/20 para ser aprobadas por la Asamblea General de la ONU. Existen otros mecanismos de igual relevancia para dirimir controversias, como lo son las reglas de procedimiento para la mediación y conciliación adoptadas por la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés), así como los Códigos de Ética para los mercaderes de arte y de los museos.

En la Declaración de Dunhuang se resaltan las carencias –especialmente las relativas a la excavación ilícita de sitios arqueológicos–que se han identificado en los países de origen, México entre ellos, las cuales dificultan la eficacia en la protección de bienes culturales. Las insuficiencias en los instrumentos jurídicos consignadas en este ensayo debilitan la eficacia en materia.

Debe reconocerse empero que el pillaje de los bienes culturales no es únicamente jurídico. La tarea de concientización en este sentido ha sido postergada, aun cuando la militancia de la sociedad resulta fundamental para salvaguardar el legado cultural. La creación de “listas rojas” de bienes culturales robados o ilícitamente exportados, y su incorporación a la base de datos de la Interpol, es de trascendencia capital.

Epílogo

La batalla internacional por la defensa del patrimonio cultural pareciera pecar de una gran candidez, pero esto no es así. Dicho esfuerzo encuentra su aliento en voces tan dignas como la del juez estadunidense Richard Dickson Cudahy  (Autocephalous Church v. Goldberg & Feldman Fine Arts. 917 F. 2d 278. [7th. Cir. 1990]), quien expresó en su resolución: “La Convención de la UNESCO y el Acta Cultural de Implementación (estadunidense) constituyen un esfuerzo significativo para forjar el respeto por el legado cultural de los pueblos… La sentencia que aquí se pronuncia debe ser un recordatorio para demostrar que la ambición y el desprecio por el patrimonio cultural son inaceptables para la comunidad internacional y para esta Corte”.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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