TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La justicia federal amparó al abogado constitucionalista Horacio Culebro en una demanda que entabló para que el Congreso de la Unión inicie un juicio político en contra del exgobernador Juan Sabines. En entrevista, Culebro Borrayas dijo esta noche que tras conocer la resolución del juez federal, ahora está en manos de los diputados federales instrumentar el juicio político en contra Sabines Guerrero, exgobernador de 2006 a 2012 y quien es acusado de diversos actos de corrupción cometidos en su administración. “Es la primera vez en la historia de México que un ciudadano común como yo haya logrado poner en movimiento todo el aparato judicial para perseguir a unas de las personas más corruptas que ha tenido Chiapas”, comentó el litigante. La resolución, advierte Horacio Culebro, apunta: “Lo anterior habida cuenta de aquella que restringe a determinar si procede o no el juicio de amparo en contra de la omisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de atender la solicitud de juicio político en contra de Juan José Sabines Guerrero y en su caso respecto de dicha omisión procede o no otorgar la protección constitucional solicitada. “Siendo que dicha cuestión resulta ordinaria de las que deben conocer los tribunales colegiados de circuito en los recursos de revisión que deben ser sometidos a su autoridad, en donde se concluye que lo que se resuelva en la revisión adquiere una naturaleza de tal interés y trascendencia que debe conocer el máximo tribunal del país, motivo por lo cual este tribunal colegiado considera innecesario proponer de oficio o formular dicha solicitud para que la conociera la Corte”. Luego destacó que ahora la Cámara de Diputados federal deberá invitarlo en su calidad de demandante para que defienda su propuesta y la procedencia del juicio político. “Cuando la Cámara de Diputados sentencie que sí procede el juicio político entonces pasará al Gran Jurado, que es la Cámara de Senadores, para que después se instruya a la Procuraduría General de la República a iniciar la correspondiente averiguación por los daños patrimoniales a la nación”.