PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares de Adriana Flores Carmona y activistas de Rosas Mexicanas denunciaron amenazas de parte del exdiputado priista Edgar Salomón Escorza, quien amagó con acusarlos de extorsión después de que dieran a conocer el proceso judicial que existe en su contra por violación de la joven. En un comunicado, Judith Carmona Sánchez, madre de la agraviada, detalla las irregularidades que supuestamente han persistido desde que presentaron la denuncia contra el político allegado al gobernador Rafael Moreno Valle por agredir sexualmente a Adriana. Judith Carmona destacó el hecho de que Salomón Escorza compareció prácticamente en secreto, sin que su hija y sus abogadas pudieran estar presentes y sin que pudieran tener acceso a la averiguación por lo que, hasta la fecha, desconocen la declaración del acusado sobre los hechos. Carmona Sánchez consideró “reprobable la desprotección y victimización reiterada, descarada, continua y continuada contra mi hija, ahora en forma institucional por parte de la Procuraduría General de Justicia”. La madre de Adriana exige al procurador Víctor Carrancá que no permita la violencia contra las mujeres y que no sea “cómplice por acallar y proteger” al político que presuntamente violó a su hija. Adriana Flores, de 26 años y quien es madre soltera, denunció que fue el 14 de septiembre cuando se encontró a Salomón Escorza en un bar de San Martín Texmelucan. Según relató, ese día se quedó hasta que el lugar fue cerrado para esperar a un mesero, quien le ofreció acompañarla hasta su casa, pero a la salida el exdiputado, supuestamente en estado de ebriedad, se enfrascó en una discusión y obligó a la joven a que se subiera a su vehículo. Ya en el auto, la joven aseguró que pidió auxilio a través de su celular a un amigo identificado como Edgar Gabriel Mercado Compean, quien a su vez alertó a los padres de Adriana sobre lo que estaba pasando y quienes se dirigieron a la policía para presentar una denuncia, pero no fueron tomados en cuenta por los uniformados. “Adriana fue privada de su libertad para ser atacada sexualmente durante la madrugada del 14 de septiembre por un exservidor público con cargo de exdiputado local de nombre Edgar Salomón Escorza”, reiteró Judith Carmona. También señaló que desde las cinco de la mañana de ese mismo día acudió ante Magali Guridi Jaimes, adscrita al primer turno de la Agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, pero que la servidora pública se negó a recibir formalmente la denuncia al argumentar que “estaba ocupada”. En ese momento, recordó, su hija se encontraba aún secuestrada en el interior de la casa del político priista, por lo que se trataba de un delito en flagrancia. “Ante la indiferencia de la servidora pública, me retiré del lugar para proceder en forma directa y urgente al rescate de mi hija; auxiliándome de otra persona, acudí al domicilio en el cual se encontraba privada de su libertad, logrando dar con su paradero”, destacó la madre de Adriana. Posteriormente, abundó, se trasladó de nueva cuenta a la Agencia del Ministerio Público para insistir en presentar la denuncia, esta vez en compañía de su hija, pero fueron “echadas” del lugar con el argumento de que el personal “tenía mucho trabajo”. Lo anterior provocó que se perdieran evidencias fundamentales de tipo biológico, pues se omitió tomar muestras. Ello nos perjudico, ya que por el transcurso del tiempo y aseo se perdieron estas evidencias”, expuso Carmona Sánchez. Luego explicó que su hija no pudo librarse del cautiverio al que la sometió el exdiputado porque fue retenida en un Porsche, que cuenta con cierre centralizado e inmovilizador electrónico a distancia, que controla la apertura y cierre de ambas portezuelas. Cuando finalmente pudieron presentar la denuncia, se abrió la averiguación previa 1942/2014/SNMAR/ESEX radicada en San Martín Texmelucan y posteriormente enviada a la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección de Atención a Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos contra la Mujer. Durante las indagatorias, aclaró la mujer, se han aportado pruebas periciales en psiquiatría forense y victimología, las cuales fueron desechadas con el argumento de que la PGJE contaba con especialistas en el ramo. Peor aún, detalló Judith Carmona, pues cuando una perito oficial practicó la diligencia, ésta se dedicó a cuestionar, maltratar, amedrentar y advertir a su hija de que las acusaciones eran falsas. Además, detalló que las citas para tomar declaraciones a los testigos han sido cambiadas de manera arbitraria para evitar que su hija y sus abogadas estén presentes.