Definitivo: Peña Nieto incurrió en conflicto de interés

La investigación de Aristegui Noticias sobre la Casa Blanca de la pareja presidencial cayó como una bomba en un ambiente generalizado de rechazo y desconfianza hacia el gobierno federal por su incapacidad de resolver el caso Ayotzinapa. En un intento por apagar ese fuego, Enrique Peña Nieto hizo que su esposa diera una explicación pública sobre el inmueble… Explicación que no satisfizo a nadie y sólo ha sido objeto de críticas y burlas. Por su parte, el mandatario “abrió” al público su declaración patrimonial, la que, según expertos, deja muchas dudas sobre sus propiedades y la forma en la cual las obtuvo.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reacción del presidente Enrique Peña Nieto al escándalo ya conocido como Casa Blanca dejó más dudas que certezas sobre su patrimonio. Con aparente malestar él y su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado, aportaron datos sobre la residencia cuestionada y sobre otros bienes lo cual, más allá del sentimiento de ofensa expresado por la esposa del mandatario, confirmó los indicios de que hay un conflicto de interés.

La investigación periodística del portal Aristegui Noticias –publicado simultáneamente en el número 1984 de Proceso–, titulada “La casa blanca de Peña Nieto”, reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, estaba escriturada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro.

Esa razón social pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, accionista mayoritario del Grupo Higa, corporativo que en menos de dos años de gobierno federal de Peña Nieto ha sumado 22 mil millones de pesos (mdp) en contratos de obra conforme a lo que se ha transparentado hasta ahora; además durante el periodo de éste como gobernador del Estado de México la empresa obtuvo contratos por más de 35 mil mdp (Proceso 1985).

Aunque el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, dijo al menos dos veces que no existe conflicto de interés, los datos expuestos por Rivera corroboran que Hinojosa Cantú –a quien dijo conocer, “como a muchas otras personas”– construyó la residencia a su gusto y se la financió.

Para el jurista Jaime Cárdenas hay suficientes elementos para pensar que hay conflicto de interés, pues Hinojosa Cantú, quien celebró el contrato de compraventa de la casa, se ha favorecido con contrataciones del gobierno federal tan importantes como la del tren México-Querétaro o el proyecto hidráulico Monterrey VI.

Doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cárdenas recuerda que el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como obligación excusarse de intervenir “por motivo de su encargo” en asuntos donde tenga interés personal, familiar y de negocios o que puedan resultar en un beneficio para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles o para terceros con relación profesional, laboral o de negocios, o sociedades de las que formen o hayan formado parte.

A la luz de ese precepto Cárdenas precisa que no es Rivera quien incurrió en conflicto de interés sino el presidente Peña Nieto.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1986, ya en circulación)

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