MÉXICO, D.F. (apro).- Con un plan de diez puntos en materia de estado de derecho, principalmente iniciativas de reforma o creación de nuevas leyes, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación para responder a los reclamos de justicia por los hechos de Iguala, Guerrero, ocurridos a finales de septiembre. Con un discurso en el que dijo identificarse “como padre de familia” con los reclamos ciudadanos y la consigna “Todos somos Ayotzinapa”, el mandatario ofreció programas y el establecimiento de zonas económicas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca para abatir la desigualdad. El plan contiene el envío de una iniciativa para poder extinguir gobiernos municipales cuando estén infiltrados por la delincuencia organizada y, por otra parte, una nueva reforma penal para redefinir responsabilidades en la materia. Su decálogo plantea fortalecer la reforma constitucional en material de derechos humanos, además de generar un reglamento para la ley de víctimas y capitalizar un fondo para las indemnizaciones que correspondan a las víctimas de la violencia. También propone la eliminación de policías municipales, reciclando la propuesta calderonista de los mandos únicos estatales. Con la presencia de los representantes de los tres poderes, 30 gobernadores, el gabinete legal y ampliado, los organismos autónomos, los dirigentes de los principales partidos políticos, así como de magnates como Carlos Slim, y de los ciudadanos que se han adjudicado la representación de la sociedad civil, Peña encabezó un acto frío en el que, a diferencia de otras ocasiones, sólo fue interrumpido una vez con un tibio aplauso. El presidente fue el único orador en el evento denominado “Por un México en paz con justicia, unidad y desarrollo”, en el que las referencias discursivas llamaron a la unidad de los mexicanos a fin de cambiar el rumbo del país y, aunque al final del acto se refirió a sus “reformas trasformadoras” generadas en los primeros 20 meses de gobierno, admitió que México aún encara graves rezagos y desafíos. El 911 En su plan de diez puntos, el Ejecutivo federal incluyó la creación de un número de emergencia único, sometiendo a la consideración del Instituto Federal de Telecomunicaciones que este sea el 911. Además, planteó un programa de mejora para la renovación de cédulas de identidad, entre otros aspectos. También propuso agilizar la promesa de crear mecanismos anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, aunque no se refirió en ningún momento a los señalamientos por su relación de amistad y negocios con el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, a su vez propietario de la mansión de Angélica Rivera en Las Lomas de Chapultepec. No obstante, Peña ofreció un programa de mayor transparencia en el tema de los contratistas, una iniciativa para sancionar la corrupción de éstos y un portal único para la ventilación de licitaciones y contratos de obras y servicios. Con el anuncio de mayor presencia policiaca en varias entidades con problemas de inseguridad, entre ellas Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, Peña Nieto sostuvo que si en algo coinciden los reclamos de marchas y pronunciamientos de diferentes actores sociales es que México debe cambiar. En esas entidades, además de la presencia federal, el presidente adelantó que será donde más rápidamente se pondrán en marcha los mandos únicos estatales. Luego añadió que el próximo año presentará otra iniciativa para el establecimiento de una zona económica en Chiapas, Oaxaca y Guerrero para impulsar el desarrollo industrial de esas entidades.