Hipólito Gerard, el otro empresario consentido

Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari y cuñado del director del IMSS… y uno de los empresarios más beneficiados por el gobierno federal, estuvo en el consorcio al que “le quitaron” la irregular licitación del tren rápido México-Querétaro, sin embargo, el tamaño de esa pérdida palidece frente a todos los negocios que sí ha concretado: la administración de Enrique Peña Nieto le entregó contratos por más de 3 mil millones de pesos en sólo dos años.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apenas conocido por ser uno de los empresarios a quienes se les canceló la licitación del tren rápido México-Querétaro, Hipólito Gerard Rivero es un acaudalado contratista de los gobiernos del PRI, del PAN y de las izquierdas, beneficiario del nuevo sistema de asociaciones público-privadas, una garantía de millonarios ingresos a futuro.

La peculiaridad de sus negocios en el ámbito público se debe a sus cuñados: el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que estuvo casado con su hermana Ana Paula, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, casado con su hermana Gabriela.

Si hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha entregado al menos 3 mil millones de pesos en contratos, algunas obras que están en curso de adjudicación podrían garantizarle 25 años de ingresos millonarios por administración hospitalaria, con una mínima inversión.

Los lazos de Gerard son más amplios y van desde la élite industrial regiomontana hasta su parentesco con los dueños de Televisa: Es hijo de Hipólito Gerard Butler (quien fue socio del banquero Carlos Abedrop en diferentes negocios), nieto de Bertha Azcárraga Vidaurreta (hermana de Emilio, Rugiero y Gastón) y del industrial regiomontano Enrique Rivero.

En lo empresarial, Gerard se dio a conocer en los rubros de venta de automóviles y construcción de vivienda. Más recientemente, por la adjudicación de obras públicas y por su aparente relación con Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), la empresa de Olegario Vázquez Raña que también acumula contratos de obra y administración de hospitales.

Los tentáculos

En la licitación del tren rápido México-Querétaro, la empresa de Gerard (Constructora y Edificadora GIA+A) participaba en consorcio con las empresas China Railway Construction, Prodemex y Constructora Teya. Esta última es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, famoso por ser el constructor de las mansiones de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Pese a la cancelación de la mencionada licitación, en los próximos días Gerard podría asumir la operación del Hospital General de Mazatlán, Sinaloa. En garantía, ese estado comprometería 25% de los recursos del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que le corresponden durante los próximos 25 años.

Y es que para Hipólito Gerard no hay distingo partidista. En 2008 consiguió la administración de la Torre Chiapas, con un gobierno surgido de una coalición de izquierdas; el sexenio panista de Felipe Calderón le entregó el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, mientras que hoy, el gobernador sinaloense Mario López Valdez, postulado por el PAN, busca confiarle el Hospital General de Mazatlán.

Contratos millonarios

En unos cuantos años, la empresa de Hipólito Gerard ha conseguido contratos millonarios incursionando lo mismo en obras de infraestructura y arquitectura artística que en construcción y gestión hospitalaria y carcelaria.

En medio de la polémica por el maltrato que el gobierno de Felipe Calderón le dio al Palacio de Bellas Artes (Proceso 1781), se le asignó un contrato de supervisión por 4.7 millones de pesos. Al final la polémica se desvaneció, aunque especialistas en restauración y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, dependiente de la UNESCO) cuestionaron la frivolidad de la restauración que dio al traste con el diseño del palacio de manera irremediable.

Vendrían luego los hospitales en Ixtapaluca y Torre Chiapas, para cerrar el sexenio de Calderón con la construcción de un penal de alta seguridad en Oaxaca, asignada en abril de 2012 y de la que no existen registros en la plataforma de compras gubernamentales Compranet ni en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). No obstante, diferentes informes periodísticos consignaron que el costo de esa edificación rondaría los 4 mil millones de pesos.

Ya con Peña Nieto, los contratos aumentaron, aunque los montos aún son conservadores. En los primeros días de la actual administración federal, obtuvo 89 millones de pesos para erigir una unidad en el Hospital General de México.

Paralelamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le adjudicó cerca de 40 millones de pesos por remozarle oficinas a finales de 2012.

En septiembre de 2013, el gobierno de Sinaloa le otorgó la segunda etapa de construcción de un parque temático en Culiacán, por un monto superior a 107 millones. Dos meses después, se emitió el decreto para asignarle la construcción y operación del Hospital General de Mazatlán.

La Comisión Nacional del Agua le asignó la edificación del Túnel Chimalhuacán II por mil 517 millones de pesos. Mientras, la SCT le adjudicó la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México, por un monto de 156 millones.

Luego de revisar los registros del POT y de Compranet, es decir, lo que el gobierno transparenta, la empresa de Hipólito Gerard acumula, en lo que va de la administración, pagos por 3 mil 29 millones de pesos.

El escándalo sinaloense

Las obras realizadas por GIA+A no siempre han quedado como se esperaba. A la mencionada inconformidad por el resultado de la remodelación del Palacio de Bellas Artes se suman los señalamientos de corrupción por la Torre Chiapas y, también por ese motivo, la cancelación del tren rápido México-Querétaro.

Otro caso es el del Parque Temático en Culiacán. En entrevista, la diputada local de Sinaloa Imelda Castro Castro anticipa que ese asunto refleja la mala calidad de las construcciones del cuñado de Salinas, pues no sólo se excedieron los tiempos de entrega, sino que la baja calidad de los materiales ya provocó grietas y otras afectaciones, en un espacio que ni siquiera se ha inaugurado. Pide una auditoría técnica y financiera.

Aún peor: de acuerdo con la perredista, se planeó que el proyecto costara 100 millones de pesos, y las ampliaciones del contrato ya suman 300 millones.

Castro menciona otro problema: el Hospital de Mazatlán. La historia de esa clínica se remonta al inicio del gobierno de Calderón, cuando se proyectó la obra. Empero, en 2009 se cancelaron los recursos federales para fomentar el esquema de participación entre entidades y particulares.

Fue así que 200 millones de pesos invertidos en la obra quedaron en nada, pues durante cuatro años se dejó a medio construir. El 21 de noviembre de 2013, nueve días antes del cambio de legislatura, se aprobaron dos decretos, uno para entregar la construcción y gestión del Hospital de Mazatlán a GIA y otro para confiarle el Hospital de Culiacán a Prodemex, la empresa de Vázquez Raña.

El 30 de junio pasado, los nuevos legisladores se enteraron de lo que estaba pasando cuando el gobernador Mario Valdez envió una iniciativa de modificación al decreto. Para Castro, la intención del mandatario es entregarle a GIA y Prodemex no sólo los recursos destinados a los hospitales, sino las aportaciones del Fondo de Apoyo a la Salud (Fasa), del Seguro Popular y 25% del FAFEF –esto último como garantía por una supuesta exigencia de Banobras.

El caso es tan polémico que incluso legisladores priistas se opusieron a los designios del gobernador. Uno de los inconformes es el presidente de la Comisión de Salud, Víctor Díaz Simental, quien, en entrevista, expresa que hace falta información básica sobre lo que se pretende con esos decretos.

Médico y exdirector del Hospital General de Culiacán, Díaz apunta que ni siquiera se sabe qué tipo de hospital se está proyectando, el precio o qué tipo de servicios se están contratando. Resume: a los legisladores se les pide aprobar la propuesta sin saber qué implica.

Díaz puntualiza que no se opone a la construcción de infraestructura. Sin embargo, los involucrados deben ser muy cuidadosos porque se trata de los primeros contratos de asociación pública-privada, cuyo fracaso puede implicar un severo revés a ese esquema.

El caso ha sido ampliamente documentado por el diario El Noroeste, que ha monitoreado los montos de inversión:

La inversión inicial sería de mil 492 millones de pesos; Banobras financiaría mil 116 millones y GIA aportaría sólo 376 millones. El monto total del contrato es de 5 mil 674 millones, de manera que el gobierno estatal le entregaría a GIA un pago anual de 239 millones. Dicho en otras palabras: por invertir 376 millones, el gobierno le dará al cuñado del expresidente Salinas 239 millones anuales durante 25 años.

Las redes

La incursión de Gerard en el negocio hospitalario público se desarrolló casi a la par de que su cuñado José Antonio González Anaya ascendiera en el ámbito público hasta asumir la dirección del IMSS al inicio del gobierno de Peña Nieto.

La coincidencia es notable, aunque los hospitales (de Ixtapaluca y Mazatlán) no dependen del IMSS, como tampoco el Hospital General de México, donde Gerard también ha sido contratado durante los últimos dos años.

Además, entre 2006 y 2010, González Anaya fue director de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto es, uno de los cargos clave para la asignación de recursos en los estados. En ese periodo, Gerard obtuvo contratos que sumaron más de 7 mil millones de pesos.

Pero la construcción no es el único servicio que Gerard Rivero le da al gobierno. En el POT se pudieron localizar 24 contratos con Superautos Universidad, una razón social de la concesionaria Honda en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, de la que Gerard es accionista.

La familia Gerard, de hecho, controla en buena medida el mercado automotriz de la Ciudad de México, pues es Hipólito Gerard Cortez (en la familia son numerosos los integrantes de nombre Hipólito y Pablo) quien posee las concesionarias de Ford, Honda y Peugeot. En comparación con los montos que obtendrá por los hospitales, empero, los ingresos de las concesionarias son mínimos.

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