LOS ÁNGELES (apro).- Una pancarta de rechazo al Plan Mérida; un cartón mostrando al presidente mexicano como mascota de Barack Obama, e imágenes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, formaron parte del evento realizado este martes afuera del Consulado de México en Los Ángeles, dentro de una serie de acciones en todo el país para protestar por la visita de Enrique Peña Nieto a su homólogo estadunidense. Mexicanos y mexicano-estadunidenses en decenas de ciudades, incluida la capital Washington, expresaron su inconformidad por el silencio que ha guardado la administración Obama ante las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones y los asesinatos ocurridos en México a manos del crimen organizado y de miembros de las agencias gubernamentales a cargo de la seguridad, así como ante la falta de la aplicación de la ley y la impartición de justicia. Integrantes de la Coalición Latinoamericana por Ayotzinapa Los Ángeles y la Coordinadora Independencia exigieron la renuncia del presidente Peña Nieto “ante su incapacidad para gobernar”, así como la renuncia del cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos M. Sada, ante lo que describieron como “una negativa en repetidas ocasiones para recibir en audiencia pública” a sus organizaciones. A esta solicitud se sumaron activistas que se identificaron como originarios de Michoacán, quienes han sufrido la extorsión o desaparición de familiares en ese estado. El cónsul adscrito Juan Carlos Mendoza recibió una misiva de manos de este grupo y dijo a Apro que Sada ha manifestado su disposición a reunirse con las organizaciones en las próximas semanas. Unas horas antes, las agrupaciones convocantes al evento en el consulado habían entregado una carta dirigida a las senadoras por California Dianne Feinstein y Barbara Boxer, haciendo mención al caso Ayotzinapa y manifestando su preocupación por el hecho de que el gobierno estadunidense “siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población". “Solicitamos atentamente”, indicaba la misiva a cada senadora, “que como nuestra representante de California, estado donde vive el mayor número de mexicanos fuera del país, usted esté pendiente de lo que sucede en México y haga valer medidas como la enmienda Leahy, legislación que prohíbe el envío de fondos a unidades de fuerzas extranjeras violadoras de derechos humanos como consideramos es el caso del gobierno de EPN”. Llamado internacional Una misiva similar fue dada a conocer el lunes pasado por integrantes de la la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, que reúne a 40 agrupaciones de migrantes y aliados en Texas, California, Illinois, Nueva York y Nuevo México, entre otras entidades, así como en algunos estados mexicanos. “Reconocemos la importancia de la orden ejecutiva anunciada por el presidente Obama (...) que suspende la deportación de ciertos inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales son mexicanos (...) sin embargo, a largo plazo es importante que el tema migratorio aborde las causas primordiales que impulsan la migración a Estados Unidos, incluyendo (...) el impacto del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), cuyos efectos han resultado en el desplazamiento de miles de personas de sus comunidades de origen y en particular la pérdida de empleos en el campo”. La Red Mexicana hizo énfasis en las consecuencias de los programas de trabajadores temporales, cuyos derechos, dijeron, “son sistemáticamente violados”. En la misiva, la coalición también hizo referencia al elevado índice de deportaciones durante la administración Obama, de las cuales cerca de 70% son de nacionalidad mexicana, y a la necesidad de impulsar políticas de reunificación familiar. A la voz de la comunidad mexicana en Estados Unidos se han sumado organizaciones internacionales como Human Rights Watch. José Manuel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, envió el mismo lunes una carta al presidente Obama en la que le hace un llamado a presionar a Peña para que atienda la falta de investigación y acción judicial en los casos de abuso por parte de las fuerzas del orden mexicanas. Desde 2007, Estados Unidos ha dado a México fondos por más de dos mil millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida, con el fin de combatir el crimen organizado. Al menos 15% de esta ayuda está supuestamente condicionada al cumplimiento de derechos humanos básicos por parte de México, entre los cuales se incluye que las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad sean investigadas y castigadas. En su misiva, Vivanco afirma que, contrario a la certificación que ha hecho la administración Obama avalando el cumplimiento de estos requisitos, existe clara evidencia de lo contrario. “México enfrenta la peor crisis de derechos humanos en años, con las fuerzas a cargo de la seguridad cometiendo abusos horribles que rara vez son castigados”, acusó por su parte Daniel Wilkinson, director general para las Américas de HRW. “La administración de Peña Nieto hasta ahora no ha tomado esta crisis con seriedad, y el presidente Obama no ha sido capaz de llamar la atención sobre ello”, fustigó. La documentación que HRW ha hecho de los casos de abuso y violación de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas mexicanas incluye 149 casos de desapariciones forzadas. Este registro se suma a los recientes reportes de monitores de derechos humanos de Naciones Unidas, que han señalado que la tortura es una práctica “generalizada” en el país. Wilkinson agregó que “si el presidente Obama genuinamente desea ser un buen socio (de México), debe estar dispuesto a decir lo que el gobierno de México necesita escuchar”.