SAN SALVADOR (apro).- Durante las dos primeras semanas de 2015 las fuerzas de seguridad de El Salvador han sido blanco de ataques de las pandillas o maras, que actúan cada vez mejor armadas y organizadas, de acuerdo con los últimos análisis de observadores independientes y autoridades gubernamentales. Además de los asesinados diarios comunes, que en promedio llegan a 12, dos policías fueron ultimados y otro secuestrado, aparta de que se reportó una masacre de cinco personas, todo ello el jueves 15. “Aquí no queda más que sacar a la Fuerza Armada a poner orden”, dijo el exviceministro de Transporte y hombre que se asume de derecha, Julio Valdivieso, en un popular programa televisivo. Otros sectores conservadores han propuesto la pena de muerte para los pandilleros homicidas y secuestradores, así como “estado de sitio” en zonas violentas. Sin embargo, ante otras medidas como el de prohibir la portación de armas, dado que 70% de los asesinatos se comete con armas de fuego, la oposición es casi generalizada: “¿Con qué nos vamos a defender la gente decente?” La preocupación y la incertidumbre cunden: en 15 días han sido asesinados siete policías. Dos soldados y un policía fueron secuestrados y se han registrado un sinnúmero de ataques armados contra patrullas y personal de las fuerzas de seguridad. Aquí no se registran los ataques sufridos por los elementos de la seguridad privada que tiene empresas e instituciones, así como residenciales, quienes se convierten en blanco especialmente para despojarlos de sus armas. Las autoridades –entre ellas el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde-- reconocen esta dramática realidad como reflejo del combate frontal que el gobierno le hace a las pandillas y al crimen organizado. Analistas, como Jeannette Aguilar, de la Universidad Centroamericana (Uca), consideran que la situación es "grave y muy delicada". "Hay que señalar lo grave que un funcionario policial muera en cualquier país del mundo. Esto, además de afectar la moral del cuerpo policial, lo cual no es un tema analizado en El Salvador, produce un efecto desesperanzador en la población, y qué puede pensarse sobre el grado de protección para un ciudadano común", analiza Aguilar en entrevista con Apro. El año pasado se cometieron 39 asesinatos de policías. En la mayoría de los casos se llega a la conclusión de que se ha tratado de acciones planificadas. En Honduras, el país más violento del mundo, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el año pasado registró 14 policías asesinados…y las cifras tienden a subir.   Zona letal Esto sucede en medio de una escalada de la violencia criminal generalizada. El año pasado El Salvador escaló peldaños para convertirse en el segundo país más violento del mundo por su tasa de homicidio: mayor de 60 por cada 100 mil habitantes. En 2013 este país centroamericano se había situado en un cuarto lugar de criminalidad, con un aproximado de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, integrada por Honduras, Guatemala y El Salvador, es la zona más letal del mundo, indicaron recientemente analistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde hace casi dos décadas El Salvador ha experimentado varios modelos para tratar de aplacar la violencia delincuencial. "Todos los modelos han fracasado, desde la represiva mano dura, hasta la tregua entre pandillas, que lo que hicieron fue fortalecer más a los delincuentes", dijo la diputada oficialista Lorena Peña. Las políticas de manos duras usaron toda la fuerza estatal para reprimir a las pandillas, pero fueron victimizadas las familias y las comunidades pobres. La tregua entre las maras o pandillas (2012-2013), si bien hizo bajar el delito del homicidio, permitió el fortalecimiento territorial de los grupos delincuenciales, según analistas independientes. En la actualidad el exguerrillero y exmaestro de primaria, Salvador Sánchez Cerén, actual presidente de El Salvador, asegura que el combate de la delincuencia es "a largo plazo y con el apoyo conjunto de la sociedad". Sánchez Cerén ha formado un Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), con representación de los sectores sociales, políticos y empresariales, para el diseño de un plan de consenso con el propósito de combatir la violencia delincuencial. Por otra parte, el gobierno ha implementado la política de “policía comunitaria", con la que se quiere recuperar los territorios en poder de las pandillas y proveer a las comunidades de seguridad y protección. Si los asesinatos de policías han causado dudas e incertidumbres, el reciente secuestro de dos soldados por parte de pandilleros, en pleno centro capitalino, ha ocasionado estupor, de acuerdo con las opiniones vertidas por la ciudadanía en radios locales, en la televisión y redes sociales en el Internet. La interrogante más común: ¿Quién ahora nos protege?   “Limpieza social” Jeannette Aguilar es una de las académicas que más ha estudiado el fenómeno de la violencia pandilleril en El Salvador y Centroamérica. Es directora del Instituto Universitario de Opinión Publica (IUDOP), de la jesuita Universidad Centroamérica (Uca). En entrevista con Apro aborda el significado de los ataques y asesinatos de policías perpetrados por pandillas. Al hablar sobre las causas de este nuevo fenómeno, considera que “el análisis mediático de las autoridades es demasiado simplista y creo que no se puede reducir a que la policía está haciendo bien su trabajo. Yo entiendo que la policía ha hecho un análisis de las circunstancias que han rodeado cada asesinato de sus agentes y no en todos los casos se trata de atentados de grupos delincuenciales asociados a un hecho planificado. Es el caso del policía asesinado en el Paseo El Carmen. Según lo que detalla la prensa, el agente estaba ebrio y había ocasionado problemas”. Y añade: “Sería muy ciego y poco honesto de parte de las autoridades no considerar entre las causas de estos atentados las ejecuciones extrajudiciales de pandilleros en las que están participando policías. Enmascarados como enfrentamientos armados, se están registrando muchas de estas muertes. Por un principio de respeto a la ley, la policía debe investigar esto, pues sabemos de fuentes institucionales que algunos asesinatos de pandilleros han sido de fuentes institucionales y no enfrentamientos armados”. El año pasado se registraron casos en los que grupos fuertemente armados, con uniformes policiales y con total impunidad, ejecutaron asesinatos selectivos y masacres. Hasta el momento no se han presentado ante los tribunales de justicia a miembros de estas agrupaciones que parecen actuar como “grupos de exterminio” o de “limpieza social”. “Estamos en el riesgo de caer en la legitimación de estas prácticas por parte de agentes policiales que tanto hemos querido erradicar en la construcción de un nuevo modelo y que debería ser abordado con más seriedad por las autoridades, por lo que puede generar a futuro, aunque la población celebre estas muertes y esto es grave porque la policía ha sido una apuesta fundamental de los Acuerdos de Paz, y eso desnaturalizaría más la institución”, afirma Aguilar. Enseguida agrega que se tiene información de que desde la formación de la policía, grupos de pandillas se han incorporado a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), y también “sabemos de vínculos de los policías o participación de agentes en pandillas; también hemos visto a miembros del Ejército participando en estas estructuras. Estamos frente a un escenario con mucha descomposición y eso podría ser una de las causas que pueden estar explicando, por eso hay que estudiar cada caso de asesinato de policías, porque es muy simple atribuirlo a una estrategia de pandilleros para desestabilizar”. La experta insta a las autoridades a “seguir estudiando quién provee de armas a pandilleros, pues desde 2009 ha habido varios casos de armas encontradas a pandilleros que tienen registro de las bodegas del Ejército y el fiscal no ha dado información sobre una investigación que lleva bastante tiempo. Hay una intención también para sumar a esta escalada de violencia y que desde diversos sectores se hable de medidas como sacar al Ejército de sus cuarteles, estados de excepción y penas de muerte, algo que en la administración pasada se tuvo y vino a complicar más la situación de seguridad”.