Ofensas culturales en México

A Vicente Leñero. In memoriam

La salvaguarda de la identidad cultural y la forma de reparar las ofensas culturales han generado uno de los grandes debates contemporáneos. A pesar de los esfuerzos realizados en México en esta materia, la literatura extranjera sobre nuestro país no deja lugar a dudas: México ha adoptado un multiculturalismo oficialista (Marie-Claire Foblets-Nadjma Yassari) contradicho por la realidad, lo que inevitablemente ha conducido a la emergencia de un pluralismo jurídico meta-oficial (Margarita Gómez Rivera).

En un hecho insólito para un tribunal en lo que atañe a la salvaguarda de la identidad cultural, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que asumió el liderazgo en este terreno cuando la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos carece de un precepto específico al respecto, la Corte realizó una construcción jurisprudencial de la mayor relevancia. En esa forma, en los precedentes relativos a la Comunidad Moiwana vs. Surinam, y a la Comunidad de Saramaka vs. Surinam, determinó que la denigración de los fundamentos culturales y de los valores espirituales alteraba la fábrica social de esas comunidades, con lo cual se les desproveyó de su derecho a una vida cultural. Consecuentemente, la grave transgresión de la mens rea del perpetrador es la alteración de la identidad cultural, en la que el legado cultural representa un elemento esencial. El énfasis es necesario: la transgresión perturba a la comunidad en su conjunto y no a los ciudadanos en lo individual.

Dos precedentes adicionales muestran esta tendencia: en el caso de la Comunidad Mayaqna (Sumo) Awos Tingi vs. Nicaragua, el citado tribunal determinó que el vínculo de la comunidad con sus tierras ancestrales trasciende cualquier noción jurídica de posesión, toda vez que éstas constituyen un elemento material y espiritual de la comunidad que resulta esencial para la salvaguarda de su patrimonio tradicional y para su transmisión a las generaciones futuras.

En el precedente Plan de Sánchez vs. Guatemala, la Corte introdujo la noción de tierra arrasada. Una reflexión medular en este punto es que la sobrevivencia de la comunidad se halla estrechamente vinculada a la necesidad de practicar sus ritos religiosos en sus territorios para conservar así el hilo conductor con sus ancestros.

La mayoría de las ofensas a la cultura son las que se incriben en las vertientes inmateriales, lo que conlleva transgresiones a los derechos humanos. Estos procesos evolutivos e imperceptibles, pero no menos corrosivos, representan un reto para su análisis. Los puntos tangenciales generan una simbiosis entre los derechos colectivos culturales y los derechos humanos, lo que induce a análisis parciales que se agotan en el ámbito de los derechos humanos, cuando esta transgresión es tan grave como la alteración de la fábrica social de las comunidades, cuya consecuencia es la pérdida de la identidad comunitaria.

El reconocimiento de los derechos colectivos culturales en nuestro sistema jurídico resulta fundamental para que puedan ser ejercitados por los individuos, en asociación con otros o por la propia comunidad, de manera que unos y otros tengan la legitimidad jurídica para actuar y vencer el estado de indefensión en que se encuentran.

En este orden, si bien la cultura debe ser entendida, protegida y promovida en atención a sus manifestaciones físicas, también, y sobre todo, debe serlo por su vínculo con las comunidades. Este nexo se ve enriquecido constantemente por la heterogeneidad de nuestras colectividades. La dimensión cultural de los derechos humanos es una respuesta holística a la condición humana y a su vulnerabilidad.

El germen de la dimensión cultural de los derechos humanos se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966 (Artículo 15) signado por México –que determina el derecho a la participación en la propia vida cultural–, en su protocolo opcional que entró en vigor en mayo de 2013 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 1981), que obliga al reconocimiento y a la preservación de la identidad cultural, de la tradición y de la tierra ancestral de las comunidades (Ana Filipa Vrdoljak).

Hasta años recientes los derechos culturales habían sido interpretados en armonía con los derechos humanos y su integración al Estado. Pero ahora, conforme al artículo cuarto párrafo undécimo de la Constitución, esta interpretación se desplazó hacia otro vértice: la tutela de la identidad cultural de nuestras comunidades. Es pues predecible que este punto tangencial genere tensión entre los derechos culturales colectivos y los derechos humanos. Más aún, el desarrollo de los derechos colectivos culturales que les asiste a nuestras comunidades tendrá seguramente un impacto simbiótico en la normativa de los derechos humanos.

El acceso a la cultura no debe circunvenirse, como se ha intentado hacerlo, al acceso a la cultura nacional, sino a la cultura que le sea propia a cada comunidad. La tutela constitucional no solamente protege la diversidad cultural por razones de igualdad; también lo hace porque ésta constituye un activo cultural de importancia capital para nuestra sociedad. Dicha tutela rechaza la concepción de una sociedad holística e induce el tránsito de una cultura única a diferentes culturas.

La cultura no es una verdad, como se ha querido sostener; es un sistema normativo (Siegfried Wiesner). Uno de sus elementos trascendentes es la libertad cultural entendida como una expansión de elecciones individuales, cuyo ejercicio no se acota en la consecución de sus prácticas y valores, sino en alianza con sus tradiciones. La cultura no es la expresión estática de valores y de prácticas, pues, en una realidad mutante, éstos son constantemente recreados por las comunidades, que los adaptan y los redefinen.

Es precisamente en su contexto cultural en donde el individuo puede realizar sus elecciones vitales, y su derecho al acceso a la cultura se constituye en un mecanismo que vehicula su libertad de expresión, de pensamiento y de asociación.

El Estado mexicano ha incumplido de manera recurrente con sus obligaciones positivas de preservar y promover la identidad cultural de nuestras comunidades, asegurar las condiciones de participación y promoción de la vida cultural, así como de preservar el entorno en el cual una persona en lo individual y dentro de su comunidad pueda participar en la cultura de su elección. El cumplimiento de estas obligaciones positivas conlleva el postulado de la igualdad de las culturas y la eliminación de la prevalencia de una cultura dominante.

El Estado no puede implementar la protección de derechos humanos en las comunidades y dar cumplimiento a sus obligaciones positivas sin que asegure previamente condiciones adecuadas para la existencia e identidad de esas comunidades. Para ello, el énfasis debe desplazarse de la cultura nacional a la cultura como una forma de vida de las comunidades. El acceso a la cultura debe ser interpretado en forma omnicomprensiva: como el derecho a participar en la propia cultura, en la cultura nacional y en las diversas culturas.

El incumplimiento del Estado es también extensivo a sus obligaciones negativas y se manfiesta en la falta de mecanismos que eviten la interferencia en el ejercicio de prácticas culturales comunitarias y, peor aún, en la implementación de políticas públicas culturales con tintes colonialistas.

Los extravíos culturales

Los agravios culturales del Estado consisten en la ausencia de condiciones para preservar las identidades culturales y el desarrollo de las comunidades para diseminar su identidad, su cultura, su lengua, sus tradiciones y costumbres.

Las autoridades culturales han sido omisas en lo que respecta al esfuerzo para elucidar políticas públicas culturales y su consecuente armonización con el derecho inalienable de participar y gozar de la propia cultura. De igual manera han soslayado la nueva interpretación de la cultura y de los derechos colectivos culturales que sintetiza el reclamo de las comunidades, como el derecho a preservar su propia identidad, su tierra ancestral y sus arquetipos culturales (Federico Lenzerini).

La protección de la identidad cultural trasciende los esfuerzos por impedir la destrucción o el debilitamiento deliberado de nuestras comunidades; exige el respeto y la salvaguarda de su legado cultural.

La nueva concepción holística de la cultura comprende la tierra ancestral y el patrimonio tangible e intangible de las comunidades, y enfatiza asimismo el vínculo simbiótico entre estos elementos y el desarrollo de las identidades.

Ahora con mayor razón, el reclamo a las autoridades culturales consiste en que deben fundamentar, como principio de gobierno, la tolerancia de la diversidad y sus políticas públicas en la protección de la identidad cultural de las comunidades, expuestas a la exclusión, a la explotación, a la discriminación y a una forzada e inaceptable asimilación. En la misma forma en que la vulnerabilidad de los individuos creó la necesidad de los derechos humanos, la vulnerabilidad de las comunidades creó la del desarrollo de los derechos culturales colectivos (Federico Lenzerini). La preservación y promoción de la cultura debería concentrarse ahora en la contribución de las comunidades al legado cultural del país.

Con frecuencia se olvida que la diversidad es una fuente de intercambio, de innovación y de creatividad. Debe entenderse que equivale para la humanidad lo que la biodiversidad a la naturaleza. La cultura es dinámica, está sujeta a una renovación continua que proviene de las innumerables identidades culturales.

Se ha olvidado también que la tolerancia hacia la diversidad es un elemento primario en la preservación de la paz, la estabilidad, el progreso y la prosperidad, para la plena realización de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en una sociedad democrática. Sólo mediante las metamorfosis de los entornos de exclusión podrá valorarse la contribución cultural heterogénea de nuestras comunidades, y tendrá viabilidad la participación de valores compartidos.

La igualdad y la democracia no pueden ser efectivas si se focalizan exclusivamente en los derechos humanos y en el ámbito público. En este afán, debe reconocerse que el ámbito cultural, así como la variedad, la dinámica y la interacción de las identidades comunitarias resultan cruciales. La cultura en una sociedad, sea regional, nacional o comunitaria, estimula el diálogo intergeneracional, el entendimiento y el respeto de los derechos humanos.

Ahora las comunidades han desplazado al gobierno en cuanto a participación en la vida cultural y han iniciado un diálogo intercomunitario sin precedente en México, al margen de las estructuras culturales burocráticas. Se trata de una armonización ciudadana informal que presupone integración y estrechos vínculos interculturales. Es una reafirmación de la forma tradicional de vida de las comunidades, de su derecho al acceso a su cultura y al pleno ejercicio de los derechos colectivos culturales que les asegure su permanencia cultural. Esta soberanía cultural que les es propia no es más que la reafirmación de sus estructuras de liderazgo. La aspiración a su identidad cultural debe por lo tanto ser articulada por el sistema de derecho y por la élite burocrática.

El ejercicio de estos derechos se encuentra íntimamente vinculado a la permanencia cultural de las comunidades y no a una aspiración como unidades económicas o políticas. El motivo determinante de éstas es la defensa de sus fundamentos culturales. La cultura es, por lo tanto, un fenómeno comunitario la respuesta social holística a las necesidades y aspiraciones humanas exige proteger los entornos de las comunidades.

La diferencia entre la diversidad cultural y el pluralismo cultural parece haber quedado en el arcano de la memoria. El primero es un término neutral que describe las situaciones fácticas alusivas a la existencia de diferencias culturales dentro de un Estado; el segundo se refiere a la manera en que la diversidad cultural es valorada y expresada en la legislación y en las políticas públicas (Federico Lenzerini).

El pluralismo cultural le da una expresión a la realidad de la diversidad cultural. El pluralismo cultural implica que la diversidad cultural debe ser valiosa y valorada social y políticamente; implica también que a las comunidades se les brinde la oportunidad de preservar su identidad cultural específica.

En la Declaración de México formulada con motivo de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales celebrada del 26 de julio al 6 de agosto de 1982 se diseñó un nuevo concepto de cultura, según el cual ésta abarca el conjunto de rasgos distintivos –espirituales y materiales, intelectuales y afectivos– que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. La cultura comprende las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

La misma Declaración de México especificó que la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres “específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos”. A través de ella el ser humano se expresa, se reconoce como un “proyecto inacabado”, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.

Hoy, a más de 30 años de distancia, la ausencia de políticas culturales que articulen esta nueva dimensión cultural sigue imperando en el territorio nacional. Los mandarines culturales se agotan rápidamente en la proclamación de principios, pero acusan graves omisiones en la articulación de disposiciones legales operativas. Difícilmente imaginan que las ofensas culturales generan un impacto disruptivo en los vínculos interculturales. La mens rea de los perpetradores se ve acompañada de un interés que estiman legítimo y que resulta antitético del interés cultural y de los valores culturales comunitarios. Empero, las ofensas culturales van más allá del daño a los valores culturales comunitarios; constituyen serias transgresiones a los derechos humanos y a la identidad comunitaria.

En esta reflexión se debe tener presente la ponencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Antonio Augusto Cançado Trindade: la transgresión a la identidad cultural trasciende la noción de reparación de daño moral e introduce una nueva categoría, la reparación de daño espiritual, cuyo énfasis se marca en el respeto a la identidad de la comunidad y en la defensa del derecho de su vida cultural.

La reparación de las ofensas culturales es correlativo al incumplimiento por las omisiones en lo que respecta a la preservación de los entornos que aseguren a las comunidades su identidad cultural y que hagan viable la transmisión de su legado cultural a las futuras generaciones. El artículo cuarto párrafo undécimo de nuestra Constitución les da en este sentido un mandato terminante a las autoridades culturales, al cual deben responder.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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