SAN SALVADOR (apro).- El mes de enero de 2015, aún sin concluir, es ya trágico en El Salvador. Como muestra palpable está la ejecución de siete agentes de la policía por presuntos pandilleros, así como cuatro masacres de pandilleros por supuestos hombres de la seguridad estatal. La esperanza acerca de que los comienzos de año implicaran renovación en el tema de la seguridad se ha desdibujado en el país más pequeño de la América continental, y uno de los más violentos y peligrosos del mundo, según agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Salvador, de apenas 6 millones de habitantes en 21 mil kilómetros cuadrados, tiene una larga historia de convulsiones sociales y políticas. Durante casi todo el pasado siglo imperó una férrea dictadura militar que se sucedió a través de golpes de Estado o por medio de escandalosos fraudes electorales. Los intentos democráticos y libertarios, incluso las reivindicaciones por tierras y contra el hambre, fueron reprimidos por medio de masacres. Dos grandes acontecimientos violentos marcan la vida de El Salvador: la rebelión indígena en 1932 por las tierras arrebatadas por militares y familias oligárquicas, y la cual fue ahogada con la sangre de 30 mil campesinos indígenas y líderes revolucionarios de la época, como Farabundo Martí. El otro acontecimiento que mantiene heridas sin cicatrizar fue la guerra civil (1980-1992), que cobró la vida de más de 70 mil personas, en su mayoría civiles, y de relevantes personalidades como el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, quien actualmente es objeto de un proceso de canonización en el Vaticano. “La violencia en El Salvador no es nueva; además de la violencia política, siempre la criminalidad ha sido la noticia. He revisado los diarios más importantes del país, de las décadas de los años 50 y 60, del siglo pasado, y los titulares son iguales a los de hoy. Un fulano que mató a su abuelita, otro que masacró a una familia”, aseguró a Apro el reconocido novelista Horacio Castellanos Moya, quien reside en Estados Unidos y que realizó una breve visita a su tierra natal. La mayoría de analistas locales y extranjeros consideran la violencia actual como parte de una guerra de “nuevo tipo”, con abundante armamento --se habla de un arsenal no registrado de medio millón de armas de fuego en manos civiles--, además de un sistema judicial corrupto e ineficiente, que conlleva a la impunidad. “La situación es desesperada para la población. Desde mi punto de vista lo que hay que hacer es sacar al Ejército a las calles y que le permitan actuar como es debido contra la delincuencia”, apunta el exministro de Transporte, Julio Valdivieso, de pensamiento conservador, quien en la actualidad es un destacado comentarista político en programas de la televisión local. A Valdivieso lo secundan otros que piden la “pena de muerte” para los asesinos, violadores y secuestradores, o cuando menos la “cadena perpetua”. Acerca de los grupos de exterminio o de “limpieza social”, existen políticos que hasta han expresado su apoyo y simpatía de manera pública, como por ejemplo el diputado derechista Guillermo Gallegos, quien en declaraciones a la prensa local expresó que frente a la incapacidad del Estado, la gente tenía que defenderse.   La masacre de Nahuizalco El martes 20 en horas de la madrugada un grupo fuertemente armado llegó al caserío Tajcuilujlan, del municipio de Nahuizalco, en el occidental departamento de Sonsonate. Armados y vestidos con uniformes de policías y soldados, los hombres llegaron directo a una vivienda de la que apresaron a cinco hombres y se los llevaron con rumbo desconocido y, unas horas después, fueron asesinados, según narraron a Apro familiares de las víctimas. “En una ocasión anterior así habían llegado a buscar a los muchachos, pero en esa ocasión traían papeles para llevárselos presos… Ahora no traían papeles, pero eran policías y soldados”, narró la tía de uno de los detenidos, quien negó que los ahora asesinados hayan sido pandilleros, aunque sus tatuajes indicaban que pertenecían a la mara denominada “Barrio 18”. El mismo día aparecieron sus cadáveres. Los cuerpos todos estaban bocabajo, alineados; no había signos de resistencia ni en los cuerpos ni en la zona; todos tenían un disparo en la cabeza. Los asesinados fueron reconocidos por el Instituto de Medicina Legal (IML), como José Gilberto Melche, de 37 años, junto con sus hijos Sergio Wilfredo y José Leonel, de 17 y 15, respectivamente. También Marvin Hernández, de 20 años y Jaime Ulises Lique, de 24. “El que anda en malos pasos, mal termina”, dice a Apro una vecina del caserío donde fue descubierta la masacre. “Estos muchachos se metieron a las pandillas y hasta cobraban renta (impuesto) por cruzar el puente del río… ¡Imagínese! Somos pobres… A los de las tienditas de por aquí les cobraban una grosería… Y el que no paga, lo matan”, apunta la vecina, quien no quiere identificarse. No han quién se alegre de la tragedia de los familiares Melche, pero en el caserío Tajcuilujlan hay cierta tranquilidad. “A nosotros nos cobraron la última vez mil dólares”, dice el dueño de la humilde tiendita que vende refrescos, panes y medicinas. “No podemos descartar ninguna posibilidad (…) El común denominador es que han sido miembros de las mismas estructuras delincuenciales quienes han ejecutado a sus mismos miembros. Pero estos son los casos anteriores (2014); en los casos más recientes no podemos descartar que existan otros grupos que se dediquen a ello (exterminio de pandilleros)”, dijo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde. No obstante, a las autoridades les provoca sospecha la forma en que han actuado los asesinos de las últimas masacres. Operaciones nocturnas, con vehículos, armamento y uniformes de la policía y del Ejército, así como el hecho de que los presuntos pandilleros son sacados de sus residencias y asesinados en lugares no tan alejados; los cuerpos son encontrados alineados y con un tiro de gracia en la cabeza. “Los orígenes de estos grupos son cuando, allá por el 2012, se fraguó un fenómeno que disminuyó el número de homicidios de manera ilusoria, porque la realidad de la gente común era otra, y vivían prácticamente presas en su propia casa”, apunta el experto en temas de violencia Carlos Ponce, quien se refiere al tema de la llamada tregua entre las maras o pandillas que el gobierno de Mauricio Funes fraguó indirectamente y que causó una intensa polémica social y política. Ponce agrega que había una discrepancia entre el discurso oficial que afirmaba que la delincuencia había disminuido y la realidad de la ciudadanía que se sentía abandonada por el Estado. “Esto tiene relación con las posibilidades para que surjan este tipo de grupos”, dice. Por otra parte, apunta Ponce, “a pesar de los rumores que existen, las autoridades no han logrado establecer con certeza una relación entre estos grupos y la estructura policial; no se ha logrado identificar y castigar a los que estén involucrados, pero los hechos no inician ahí. Los primeros indicios sugieren que son personas civiles las que comenzaron con este tipo de actividades, es decir, de exterminio”. Finalmente, el exguerrillero Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua entre las maras, dice que “del origen de estos grupos es algo que no puedo argumentar, pero de que existen, sí existen y están siendo alimentados y coordinados por grupos inteligentes que buscan alimentar el clima de la inseguridad en el país”. Mijango aclara: “Hay grupos que tienen gran interés económico en que el país siga con los niveles de criminalidad e inseguridad, porque son grupos que se encargan de vender seguridad. Echarle la culpa a las pandillas es cuento viejo, existen otros grupos de exterminio que matan a los mismos pandilleros y que han existido e incluso se han fortalecido durante el tiempo y que están volviendo a actuar”. Las cuatro últimas masacres, ejecutadas en enero del presente año – en 2014 ejecutaron a 128 personas--, tienen características similares: se actuó contra presuntos pandilleros bien identificados y que la población de Quezaltepeque, Ciudad Delgado, San Vicente y La Unión, así lo confirmaba. Los operativos de los asesinos fueron “limpios”: llegaron al lugar en vehículos, con uniformes y armas de uso exclusivo de la policía y del Ejército. Los asesinatos tenían todas las características de “ejecuciones extrajudiciales”, según declaró el subdirector de la policía, Augusto Coto. “Por qué dicen que ha aumentado la violencia si lo que estamos haciendo es limpiar al país; estaremos informando a qué municipios y colonias llegaremos porque entraremos a los rincones del país. Ya estamos dando golpe y hasta estudiantes irán en la lista”. Mensajes de este tipo –que antes aparecían en las paredes de las ciudades o en hojas impresas-- hoy están colgados en Facebook y en Twitter, como signo de la actualización del crimen que agobia a los salvadoreños.