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Al rescate de la soberanía cultural

La tensión creciente entre la protección de la diversidad cultural y los fenómenos que conducen a la uniformidad de prácticas culturales, reflejan la constante colisión generada por la cultura y el comercio en el ámbito universal. Su trascendencia hizo que varias organizaciones internacionales reivindicaran para sí su debate y su formación, específicamente la UNESCO y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Lo anterior obliga a poner dicho debate en perspectiva. Cuando se aborda el análisis de la noción de la diversidad cultural se evoca de inmediato la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, de la que México es parte (Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 2007). Este instrumento se discutió y aprobó de una manera vertiginosa e insólita para los tiempos diplomáticos: su discusión se inició en 2001 y fue aprobado por la trigésima tercera Conferencia General de la UNESCO el 20 de octubre de 2005.

A esta premura, sin embargo, pronto se le encontró una explicación. Los relojes diplomáticos estaban perfectamente sincronizados y la estrategia era clara: había que contar con un instrumento internacional que pudiera influir en las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha, cuya conclusión se estimaba para finales de 2005 y cuya discusión se desarrollaba en el seno de la OMC.

Las negociaciones en la UNESCO estaban, pues, regidas por una forma de “estrabismo diplomático” (Vittorio Mainetti). En los corrillos del organismo circulaba incluso la versión de que el reingreso a éste por parte de Estados Unidos en esa época obedecía en mucho al interés de participar en las negociaciones de la Convención e influir en ella de manera importante, lo que en efecto ocurrió… para luego vetarla.

La férrea oposición estadunidense era predecible, tal como lo confirmó con su postura la embajadora Louise V. Oliver, delegada permanente de los Estados Unidos ante la UNESCO, quien al razonar su voto en contra sostuvo que la Convención era un “instrumento proteccionista disfrazado” e incluso hasta “peligroso para la libre circulación de las ideas y de la comunicación”.

La relación de fuerzas se había impuesto. El resultado: una Convención que, si bien está impregnada de principios generales muy valiosos, carece de mecanismos operativos que la hagan eficiente. La decisión, en consecuencia, estaba tomada: el debate tenía que ser trasladado a la OMC. Su único contrapeso ahora es la excepción cultural relativa al sector audiovisual, sostenida por la Unión Europea, especialmente por Francia.

Se ha sostenido incluso que la diversidad cultural es la continuación de la excepción cultural que reivindica que los bienes y servicios culturales, dada su naturaleza, obligan a establecer una normativa diferente que los proteja de la estandarización comercial. Este argumento, sin embargo, es totalmente reductor, puesto que la diversidad cultural no se agota en una nueva fórmula de la excepción cultural; la excepción cultural es una de sus múltiples aplicaciones, pero dista mucho de ser la única; es ante todo un medio para la consecución de la diversidad cultural.

Entre tanto, la polémica se esparció en muchos otros ámbitos y de muy diversa índole.

La culture savante

No obstante esta nueva propulsión de la noción de la diversidad cultural, su debate no es reciente. Su origen se identifica con la misma creación de la UNESCO en noviembre de 1945, hecho que coincide con la relativización del eurocentrismo y de la culture savante, pregonada durante el siglo XIX e institucionalizada en el ámbito mundial en la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual creada bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Muy lejos quedaría también la idea de Paul Valéry de la Société des Esprits, heredera de una concepción aristocrática de la cultura, cuya nostalgia todavía prevalece en nuestros mandarines culturales. El epítome de este cambio consiste en el reemplazo del adjetivo “intelectual” por el de “cultural”.

En la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI regiría el postulado de la igualdad y la dignidad de todas las culturas y la noción de diversidad cultural. Ésta sería entendida como el conjunto de principios y de obligaciones que preservan la pluralidad de los valores culturales, su consecuente variedad de expresiones culturales y la noción correlativa de patrimonio cultural.

El preludio, sin embargo, se identifica con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001. En ella se reafirma que la cultura adopta formas diversas a través del tiempo y del espacio. Es la diversidad cultural la que encarna la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad. En este orden la diversidad cultural constituye el patrimonio común de la humanidad, que debe ser reconocido y salvaguardado en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Este patrimonio vinculado a la noción de cultura hará en lo sucesivo referencia al conjunto de recursos materiales e inmateriales provienentes del pasado, y que nuestras comunidades consideran como la expresión de los valores, creencias, conocimientos y tradiciones en constante evolución.

El patrimonio cultural representa en nuestra época los intereses de cada comunidad. Por consiguiente, es una noción plural y evolutiva, expuesta a constantes metamorfosis en función del tiempo, el espacio y de las diferentes percepciones que se recrean permanentemente. A este patrimonio se le conceptúa como un elemento capaz de ejercer una acción positiva en la sociedad y en su desarrollo, y no en términos pasivos, como un activo social.

Por otra parte, el nuevo impulso de la noción de diversidad cultural en la época reciente ha generado un concierto de voces expresado en textos provenientes de la academia, de los organismos internacionales, de la UNESCO y de la Organización de las Naciones Unidas, adosados con los nacionales, que se han multiplicado en forma impetuosa y constituyen ahora un prisma analítico de primera importancia. Incluso el Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, uno de los foros académicos de mayor prestigio en el ámbito internacional, dedicó en 2009 su programa de investigación a la Diversidad Cultural.

El concepto de diversidad cultural está fuertemente enraizado en la cooperación cultural internacional y en el orden normativo diseñado por la UNESCO, ámbito en donde aquel es una de las características centrales y permanentes.

A la Convención de 2005 habría que agregar la Convención de la UNESCO de 2003, que reafirma la protección del patrimonio cultural inmaterial y contribuye a la promoción del respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana.

La vocación de la Convención de 2005 es vigorizar las cinco etapas reconocibles de la diversidad cultural: la creación, la producción y la distribución/difusión, así como el acceso, uso y goce de las expresiones culturales, vehiculadas por las actividades, los bienes, los servicios culturales y las industrias culturales. Sin embargo, lo relevante es que esta Convención es el primer texto internacional vinculante que introduce la noción de la diversidad cultural.

Es precisamente el reconocimiento de estos principios lo que lo convierte en un texto valioso. La diversidad debe ser reconocida como una característica de la humanidad; una de sus consecuencias es la eliminación de una cultura universal hegemónica y el reconocimiento de una pluralidad de culturas. La extensa variedad de culturas enriquece al ser humano, por lo que deben preservarse frente a la homologación impuesta por la globalización.

El relativismo cultural

La literatura especializada ha sido enfática en demostrar la diferencia conceptual entre la noción de diversidad cultural con “el derecho a la diferencia”, conocida como relativismo cultural, que se ha querido introducir como un contrabalance del discurso universalizante de los derechos humanos.

La concepción universalizante de los derechos humanos refiere al postulado de que éstos son intrínsecos a todo ser humano y que su dinámica evolutiva es inmutable, por lo que le pertenecen a todo ser humano y son válidos en toda su extensión para todas las sociedades, con abstracción de las diferencias culturales que puedan existir entre ellas. En esta perspectiva los derechos humanos trascienden las idiosincrasias sociales y culturales.

El relativismo cultural, por su parte, sostiene que ningún juicio moral es universalmente válido para todas las culturas. Son precisamente las culturas vernáculas las que determinan la existencia y el ámbito de los derechos de una sociedad, lo que permite concluir que ningún juicio de valor es válido para imponer la aceptabilidad de prácticas culturales. El dilema está en resolver si un juicio de valor puede ser universalmente válido o si todo juicio de valor es culturalmente relativo.

Este dilema está muy lejos de haber encontrado una solución de principio. En el caso latinoamericano, ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos, adoptada en 1969, ni el Pacto de San José de enero de 1993, lo abordan. Tampoco se obtuvo una solución en la Declaración de Viena y su Programa de Acción, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993. En este último documento, no obstante haberse postulado la universalidad de los derechos humanos, como fórmula de compromiso se aceptó un “universalismo cultural sensible” que deriva en todo un oxímoron: se trata de una “universalidad que reconoce diferencias” (Karen Engel).

En el ámbito universal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó la vanguardia. La tendencia en sus dictámenes es muy clara, como lo evidencian el informe sobre el pueblo miskito en Nicaragua, el relativo al pueblo yanomami en Brasil, el de las comunidades indígenas mayas del Distrito de Toledo en Belice, el informe de 1997 a Ecuador y el informe de 2007 a Bolivia: La Organización de los Estados Americanos ha sostenido como acción prioritaria para los países miembros la preservación y el fortalecimiento de la herencia cultural de los grupos étnicos y la lucha en contra de la discriminación, que invalida su potencial a través de la destrucción de su identidad cultural y de su individualidad como pueblos indígenas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho extensiva esta salvaguarda al legado de grupos o comunidades cuyas necesidades culturales requieren de medidas precautorias de protección para que preserven su identidad e integridad en este terreno (Villagrán-Morales et al v. Guatemala y Bámaca-Velázquez v. Guatemala).

Lo que resulta una evidencia es que la protección de los derechos humanos para los grupos o comunidades no puede tener un principio de ejecución sin salvaguardar simultáneamente su cultura, pero, sobre todo sus identidades culturales, constituidas por la suma de elementos culturales que caracterizan a una comunidad y la hacen única y diferente a otras.

La diversidad cultural ha sido objeto igualmente de intensas discusiones en otras latitudes. La Carta Asiática de Derechos Humanos (Kwangju, Corea del Sur, 17 de mayo de 1998) y la Declaración Islámica sobre la Diversidad Cultural (Argel, diciembre de 2004), así como la Declaración y el Programa de Acción de Teherán sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, si bien no escatiman elogios en lo que respecta a la universalidad de los derechos humanos, hacen clara referencia a la diversidad cultural.

La universalidad de los derechos humanos debe evitar abrevar de una sola cultura que pudiera así constituirse en una cultura hegemónica y soslaye la riqueza de la diversidad cultural. Ninguna tesis de derechos humanos debe tener una vocación general si se estructura en esquemas determinados por un modelo único de cultura; debe ser el resultado de una convergencia de diferentes modelos de desarrollo humano capaz de amalgamar diferentes percepciones de valores básicos.

La ley se percibe como socialmente necesaria cuando las comunidades la incorporan como parte de su identidad cultural. De este mecanismo no se sustrae la legislación de derechos humanos, que describe un proceso de aceptación, asimilación y legitimación culturales en las comunidades. Definido como culturalización de los derechos humanos, este proceso se halla sujeto a constantes mutaciones determinadas por el espacio y el tiempo.

Las realidades mexicanas

Las tensiones entre cultura y comercio que se observan en el ámbito internacional son perfectamente reconocibles también en nuestra realidad. Es aún prematuro sostener que en la jurisdicción nacional se haya hecho valer la noción de identidad cultural, o bien que en aquella se pueda identificar una búsqueda de soluciones orientadas a la protección y vigorización de derechos y libertades con una dimensión cultural, si es que realmente existe esa inquietud en la élite burocrática. A la fecha los reclamos de las comunidades culturales en nuestro país han merecido, en el mejor de los casos, un reconocimiento de facto, mas no de jure.

No escapa a este análisis el hecho de que la igualdad en el trato judicial no es per se la panacea de solución para todas las controversias a fin de conciliar y asegurar un balance entre los reclamos de nuestras comunidades culturales que impactan el orden público y los derechos humanos tutelados por la Constitución. Este “margen de apreciación judicial” hace referencia al margen de maniobra de las instituciones del Estado, que examinan con un escrúpulo inusual, en forma casuística, el grado de proporcionalidad que deben guardar estas resoluciones. Empero, el eje de la política cultural en la observancia del estado de derecho, cuyo ordenamiento jurídico no reconoce los valores de nuestras comunidades, debe eliminar las aporías garantistas para salvaguardar la riqueza de nuestra diversidad cultural. Solamente mediante el rescate de la soberanía cultural de las comunidades nacionales puede salvaguardarse su identidad cultural.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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