Florence Cassez va con todo. Además de la denuncia penal interpuesta en París contra quien resulte responsable, su abogado en México impugnará la decisión del juez Juan Manuel Vega de desentenderse de la demanda civil contra la “pandilla de altos funcionarios” (Felipe Calderón, Genaro García Luna, Daniel Cabeza de Vaca) y representantes de Televisa, a quienes acusa de haberla detenido en un burdo montaje televisivo y encarcelarla siete años. Y pide una indemnización de 36 millones de dólares.

PARÍS (Proceso).- “La decisión del juez Juan Manuel Vega Tapia es inadmisible y es evidente que la voy a impugnar”, se indigna Jorge Patiño Hurtado, abogado mexicano de Florence Cassez en entrevista telefónica con la corresponsal el pasado 27 de enero.

Patiño acababa de saber que el juez Vega Tapia se declaraba incompetente para resolver la demanda civil que, en nombre de Cassez, aquel presentó el 23 de enero, por daño moral, contra la Procuraduría General de la República (PGR) y su extitular Daniel Cabeza de Vaca, así como contra el expresidente Felipe Calderón; el exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna; cuatro funcionarios del sexenio pasado; Televisa; su conductor Carlos Loret de Mola y su exreportero Pablo Reinah.

“El juez pretende que no es competente porque se trata de particulares e insiste en que la mayoría de las personas citadas ya dejaron de ser funcionarios públicos. Finge olvidar que eran funcionarios y además de altísimo rango cuando cometieron sus delitos”, denuncia Patiño Hurtado.

–¿Le indicó Juan Manuel Vega Tapia cuál juzgado sería competente? –se le pregunta.

–Afirma que en el caso de la demanda que interpuse en nombre de Florence Cassez contra exfuncionarios, la vía civil no es la procedente y es de competencia de un juez administrativo, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a Televisa, asegura que la demanda le compete a un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, no declina nuestra demanda a los juzgados que considera competentes, como tiene la absoluta obligación de hacerlo.

“Tras analizar la demanda de Florence Cassez, el juez tenía varias opciones: declararla improcedente y desoírla, considerarla de su competencia y echar a andar investigaciones o declararse incompetente y remitirla a los juzgados que considere competentes. Pero lo que hizo es absurdo y anticonstitucional: se declaró incompetente y se lavó las manos, dejando la demanda en el aire. Es, entre otras cosas, lo que voy a impugnar... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1996 de la revista Proceso, actualmente en circulación.