La CNDH, por una ley contra desapariciones forzadas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había emitido algunas recomendaciones similares a las que el viernes 13 realizó la ONU acerca de la desaparición de personas en México. Ahora, el objetivo de la CNDH es cabildear una ley general en la materia. Pese al optimismo del ómbudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, no parece una tarea fácil: las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores ya descalificaron el análisis de Naciones Unidas girado desde Ginebra.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pretende que al fin se apruebe una ley general contra desapariciones forzadas, pese a la frialdad con que el gobierno mexicano tomó las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CDF-ONU), que lo dejan muy mal parado.

Así, el ómbudsman se comprometió a reunirse con todos los partidos políticos para concretar la norma. “Me voy a dirigir a las distintas fracciones al interior del Congreso de la Unión haciéndoles ver la importancia que tendría una ley general sobre desaparición forzada, porque contribuye a prevenir y fortalecer las investigaciones. Además se insertaría en el cumplimiento de lo que México se obligó a nivel internacional”, sostiene.

Entrevistado horas después de que el CDF-ONU emitiera desde Ginebra las conclusiones de su análisis sobre el incumplimiento mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID), González Pérez afirma que coincide con las consideraciones del organismo, sobre todo las relacionadas con las dificultades existentes para documentar las desapariciones.

En el informe que la CNDH envió al CDF-ONU desde antes de las sesiones del lunes 2 y martes 3 –en las que el gobierno mexicano dio su versión en torno al fenómeno–, el ómbudsman detalló el incremento de desapariciones en los últimos años, pero precisó que en aquellas donde se supone la intervención de agentes del Estado “no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, toda vez que no hay una clasificación adecuada y acorde con los estándares internacionales”.

Confiado en que durante el próximo periodo de sesiones el Congreso atenderá una de las principales recomendaciones del CDF-ONU –la consolidación de una ley general al respecto–, González Pérez asevera que atenderá la sugerencia de participar en la elaboración de esa norma junto con organizaciones civiles y familiares de víctimas.

“Hablaré con las distintas fuerzas políticas para hacerles ver la conveniencia de contar con la ley general lo antes posible. Ya la habíamos pedido y ahora el comité coincide con nosotros, o nosotros con él. Así, ya se ha sugerido por varias instancias que haya uniformidad en la tipificación”, resalta. Menciona también la necesidad de construir el reglamento para la operación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pendiente desde 2012.

La perspectiva desde dentro

En el documento entregado al CDF-ONU, la CNDH presentó sus propios datos: la recomendación 26/2001, relacionada con 532 expedientes de presuntas desapariciones ocurridas en la década de los setenta y principios de los ochenta; 13 recomendaciones, emitidas de 2005 a 2014, relacionadas con 37 víctimas; seis expedientes sobre desaparición forzada que implican a 11 víctimas, y la investigación propia acerca de la agresión contra 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En su informe, la CNDH refiere que la administración de González Pérez heredó dos bases de datos: una de 24 mil 809 personas “reportadas ante diversos órganos de procuración de justicia como desaparecidas, extraviadas o no localizadas, correspondiente al periodo de 1995 a 2012”, y otra con “3 mil 85 registros que corresponden a 4 mil 38 personas reportadas como desaparecidas” hasta diciembre de 2014. En ninguna de las listas hay “certezas sobre las causas de las desapariciones”.

En el documento se da cuenta de la variedad de cifras de desaparecidos que desde el primer semestre de 2013 divulgó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se advierte que “por la insuficiencia de información no es posible especificar en cuántos casos existen indicios de desaparición forzada con la participación o aquiescencia de servidores públicos, cuáles son atribuibles a la delincuencia y cuáles corresponden a personas no localizadas”.

González Pérez celebra que el CDF-ONU coincida con la necesidad de unificar criterios “para todas las procuradurías que alimenten el registro de desaparecidos”, con el fin de “identificar cuáles casos son desaparición forzada y cuáles no. Pero, además, que establezca perfiles de los desaparecidos, si son menores, adultos, mujeres, hombres. En la medida que no contemos con ese registro, tendremos números de desaparecidos pero no sabremos su origen”.

Al señalarle que los datos oficiales reflejan que en el actual sexenio las desapariciones aumentaron de manera alarmante –hasta llegar a 13 víctimas al día, de acuerdo con el reporte especial publicado en la edición 1997 de Proceso–, el exabogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es cauteloso:

“No queremos entrar en un conflicto de cifras, porque, si no, todos vamos a hablar de números desde criterios que cada quien maneje. Imagínese en los estados donde no está tipificado el delito; hay cero desaparición forzada. El Comité sobre Desaparición Forzada no habla de cifras.”

–El CDF-ONU cuestiona precisamente que México no tenga cifras –se le aclara.

–Pero pone el trapito y la solución, que es “pónganse de acuerdo en los criterios”. Pide que sean confiables, uniformes, que digan el perfil de la persona. Las sugerencias del comité son estructurales.

–¿Las fallas del Estado para resolver este problema son estructurales?

–Hasta ahora no es posible tener una identificación plena para hablar de cifras. Las que maneje Amnistía Internacional o cualquier otra organización son diferentes desde la perspectiva de cada quien; por eso lo importante es tener un registro único nacional con criterios que todos manejen uniformemente.

Insiste en que una ley general y un registro único son premisas indispensables para, después, “tomar decisiones que permitan prevenir” las desapariciones forzadas y adoptar las sugerencias del CDF-ONU, que “van en el sentido de corrección y sanción a los responsables. Pero no basta que se sancione, hay que buscar a las personas”.

–¿Coincide con el CDF-ONU en la recomendación de que la ley general prevea sancionar a los superiores jerárquicos de quienes cometan la desaparición forzada?

–Es un asunto que hay que analizar y discutir. En México lo que tiene que pasar es que se castigue a quien incumpla la ley, sea servidor público o particular.

El grupo de expertos de la ONU consideró que, “por principio, los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la CID”. En torno a esta afirmación, González Pérez pide reconocer los avances en materia de fuero militar:

“México ha avanzado, es indudable, y sería injusto no reconocerlo. Es una cuestión inacabada, que deberá ser discutida. Ahí también tendrán que aplicarse los estándares internacionales.”

Satisfecho por las coincidencias entre el CDF-ONU y la CNDH, González Pérez se muestra optimista “en función de que son atendibles las sugerencias del comité. Yo esperaría que el gobierno mexicano fuera receptivo a las recomendaciones”.

Sobre lo anterior, el ómbudsman recuerda que la CNDH ha realizado foros y mantenido reuniones con los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con organizaciones civiles.

“Quiero ser optimista de que tendremos esa receptividad del gobierno, entendiendo que el ómbudsman no busca confrontarse. El ómbudsman lo que busca, porque ése es su papel, es señalar cuando hay abusos, cuando hay violaciones en derechos humanos”, sostiene.

Por lo pronto, horas después de que el CDF-ONU diera a conocer sus conclusiones, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores descalificaron el contenido del documento girado desde Ginebra y se reservaron el derecho a aceptar o no sus recomendaciones.

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