BUENOS AIRES (apro).- Miles de personas marcharon bajo la lluvia en esta ciudad el miércoles 18. Su motivación expresa fue homenajear a Alberto Nisman al cumplirse un mes de su muerte. El fiscal a cargo de investigar el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue encontrado con un tiro en la cabeza en su departamento el 18 de enero, justo cuando acababa de pedir la indagatoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento. Sin embargo, la investigación no ha podido determinar aún si se trató de un suicidio o de un asesinato. La multitudinaria Marcha del Silencio fue convocada por un grupo de fiscales federales, donde varios de ellos investigan presuntos delitos de funcionarios del gobierno. Entre los asistentes estuvo la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fue mujer de Alberto Nisman, las dos hijas de la pareja, de 15 y 7 años, y la madre del exfiscal, Sara Garfunkel. También se sumaron a la movilización los principales candidatos opositores para suceder en diciembre próximo a la presidenta Cristina Fernández. Desde el oficialismo se habló de un “acto opositor”, con una motivación “desestabilizadora” e incluso “golpista”. La marcha sería parte de una operación que incluye la denuncia de Nisman contra la presidenta y, sobre todo, la propia muerte del fiscal, cuyo impacto, difuso y amplio, se ha convertido en una pesadilla para el gobierno. Los grandes medios, por el contrario, celebraron el carácter “republicano” del evento y presagiaron el comienzo del fin del ciclo kirchnerista. Estos mismos medios difundieron de manera profusa, un día antes de la marcha, declaraciones de una testigo que cuestionaba la investigación sobre la muerte de Nisman. La fiscal a cargo del caso, Viviana Fein, sostuvo que se busca así enlodar un expediente que hasta ahora prefigura un cuadro de “muerte por mano propia”. Incluso, el peritaje toxicológico que se agregó a la causa esta semana refuerza dicha presunción. Dos encuestas difundidas en estos días muestran una percepción social poco proclive a aceptar un eventual suicidio, donde la mayoría de los consultados presume que Nisman fue asesinado y se adjudica de manera genérica “mucha” responsabilidad al gobierno. Desde esferas oficiales, por el contrario, se supone que la estrecha cercanía del exespía Antonio Stiuso con Alberto Nisman explicaría tanto la denuncia contra la presidenta como la muerte del fiscal. Stiuso fue jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia desde 2001 hasta su desplazamiento en diciembre pasado. Trabajó codo a codo con Nisman en la causa AMIA y declaró en secreto ante la fiscal Fein el 17 de febrero. También sostuvo que el teléfono a su nombre, al que Nisman llamó en reiteradas oportunidades el día antes de su muerte, era usado por un agente de inteligencia subalterno. [gallery type="rectangular" ids="396276,396277"] Uso político La movilización unió la Plaza del Congreso con la simbólica Plaza de Mayo. La lluvia fue impiadosa con la concurrencia. A la cabeza marcharon los seis fiscales convocantes, quienes sostenían una pancarta de tela negra con la inscripción “Homenaje al fiscal Nisman. Marcha del silencio”. Unos metros detrás, la jueza Arroyo Salgado; sus hijas y su exsuegra portaban una bandera negra en señal de duelo. A través de un comunicado, la exmujer de Nisman aclaró que la presencia familiar en el lugar se orientaba “a rendir reconocimiento a la persona que fue y al funcionario”, y que no se adhería a “distintos motivos de reivindicación y reclamo” que le sumaron a la convocatoria “voces de otros sectores sociales, políticos y mediáticos”. Una semana antes, Arroyo Salgado había dicho que no es oficialista ni opositora. Pidió a las autoridades justicia y a los medios “no seguir politizando” la muerte de Nisman. Los organizadores negaron que la convocatoria tuviera intencionalidad “político partidaria”. Para los manifestantes estaba claro, sin embargo, que se trató de una movilización contra el gobierno. Un acto con el que la oposición política –de escaso poder de convocatoria– no se hubiera atrevido a imaginar al comenzar el año electoral. Durante el recorrido bajo el agua prevaleció el silencio. Cristina Fernández fue destinataria de algunos carteles y cantos. “Señora, ¿está diciendo ‘Argentina Argentina’ o ‘Asesina Asesina’?”, le preguntó Página 12 a una manifestante. “No sé, es lo mismo”, respondió la mujer. “Las demandas fueron por la necesidad de justicia, la corrupción impune, el hartazgo social ante la inseguridad, la defensa de la libertad”, refirió La Nación el 19 de febrero. Los políticos prefirieron mezclarse entre los manifestantes. Ninguno dio entrevistas durante la caminata. El conservador Mauricio Macri, precandidato presidencial por Unión Pro, dijo más tarde al canal Todo Noticias: “Espero que el gobierno escuche la marcha”. Por su parte, Sergio Massa, precandidato presidencial por el Frente Renovador (peronismo opositor), negó la finalidad golpista denunciada desde medios y sectores afines al gobierno. “Yo creo que el único golpe que hubo hoy es un golpe de esperanza”, dijo. Las entidades de la comunidad judía estuvieron presentes. “No convocamos a la marcha, solamente nos adherimos”, aclaró Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Muchos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA declinaron participar del acto. Uno de los grupos que los representan, Memoria Activa, cuestionó en 2013 a dos de los impulsores de la marcha, los fiscales Germán Moldes y Raúl Plee, por entorpecer la causa AMIA. Entre los manifestantes de a pie, el perfil era definido. Adultos y personas mayores, de las clases media y media alta, solos o de a dos debajo del paraguas. Llamó la atención la nítida mayoría femenina. La presencia de jóvenes, estudiantes y trabajadores fue por el contrario escasa. “Nunca en estos últimos siete años, al menos, el kirchnerismo advirtió la existencia de una brecha tan enorme con la sociedad”, se esperanzó Clarín el 19 de febrero. “La manifestación mostró la imagen perfecta de la división social que sufre Argentina en los últimos años”, dijo El País de Madrid, desde una perspectiva menos interesada, el mismo día. La concurrencia fue estimada en 50 mil personas por las fuerzas de seguridad federales y en 400 mil por la Policía Metropolitana que responde al alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Todo un símbolo de una sociedad en la que las diferencias de apreciación pueden guardar semejante distancia. [gallery type="rectangular" ids="396274"] Significados Un importante funcionario del Poder Ejecutivo habló con La Nación el 19 de febrero: “Hubo fuerte asistencia de la clase media. No penetró en sectores bajos, donde está el núcleo duro de nuestro electorado. Pero fue un inocultable hecho político, un golpe político para el gobierno”, dijo. En los últimos cuatro años los principales dirigentes opositores no han logrado conformar ninguna opción electoral con posibilidades de imponerse en las elecciones presidenciales. La marcha en homenaje a Nisman les vino como anillo al dedo. “Pero la misma fortaleza de no ser politizada, también la debilita: nadie puede ejercer la mediación política partidaria”, citó La Nación el parecer de otro funcionario en Casa de Gobierno. “Me parece bien que los fiscales recuerden a un colega que murió, pero detrás de esta marcha se suman un montón de oportunistas políticos que jamás defendieron los derechos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel a Radio del Plata el 18 de febrero. El Nobel de la Paz 1980, normalmente muy crítico con el gobierno, pidió “defender la continuidad institucional” porque “hay muchos casos de desestabilización”. También se refirió al trabajo de Nisman al frente de la causa AMIA: “Lo único que hizo Nisman en 10 años fue acusar a la presidenta”, sostuvo. La denuncia del malogrado fiscal es tan resonante como endeble. Los juristas la desechan de plano o plantean sus dudas de que un juez pueda dictar con esa base algún procesamiento. “Hay un delito que se llama encubrimiento. Esa es la hipótesis de Nisman. Pero no tiene pruebas de eso. Y por eso la presidenta está enojada”, dijo a Radio América Luis Moreno Ocampo, exfiscal del Juicio a las Juntas y exfiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI). El fiscal Gerardo Pollicita decidió el 13 de febrero, sin embargo, que la acusación tiene sustento; en otras palabras, merece ser investigada. Pollicita y Nisman se conocieron en los ochenta, cuando ambos trabajaban juntos en el Juzgado Penal 7 de Morón, en el Gran Buenos Aires. Junto a ellos revistaba el abogado Santiago Blanco Bermudez, quien luego pasó a la Secretaría de Inteligencia. Blanco Bermúdez es el abogado de Antonio Stiuso. El vínculo fue revelado por Perfil el 20 de febrero. En secreto, un día antes de la marcha, la fiscal Viviana Fein tomó declaración testimonial a Antonio Stiuso. El exjefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, removido en diciembre último de sus funciones, sostuvo que el teléfono a su nombre, al que Nisman llamó en reiteradas oportunidades en los días previos a su muerte, era usado por el agente de inteligencia Alberto Massino. En su declaración, Stiuso aseguró que la última vez que habló con Nisman fue cerca de la Navidad, aunque negó haber trabajado o discutido con el fiscal sobre la denuncia contra la presidenta. También dijo no conocer a Diego Lagomarsino, el técnico informático de la Fiscalía que entregó a Nisman el arma que le causó la muerte. El oficialismo acusa a Stiuso de ser el responsable en las sombras de la muerte de Nisman. Reniega además, de manera tardía, frente a la promiscuidad entre servicios de Inteligencia y jueces y fiscales federales. [gallery type="rectangular" ids="396272"] Peritajes El 19 de enero, a las tres de la mañana, la camarera Natalia Fernández asistió en calidad de testigo al operativo en el departamento de Alberto Nisman. El fiscal había sido encontrado muerto cuatro horas antes. En declaraciones a Clarín, el 17 de febrero, la joven denunció un supuesto descuido con los elementos de prueba. Dijo haber visto cómo algunos agentes abocados al operativo manipulaban la cafetera, el teléfono celular de Nisman, algunos de sus documentos. La fiscal Viviana Fein reaccionó indignada: “Esta persona está mintiendo: Todo el procedimiento de esa noche está filmado y documentado”, dijo a Página 12 el 18 de febrero. Dos días más tarde, la fiscal sostuvo, a través de un comunicado, que la joven había rectificado frente a ella su declaración, difundida hasta el hartazgo por los medios opositores. “Se busca instalar la idea de que a Nisman lo mataron, hipótesis que por ahora no aparece corroborada por ninguna prueba en el expediente, parece crucial desde el punto de vista político y mediático”, explica Página 12 en referencia a la aparición de testimonios con más impacto que rigor. Por lo pronto, el examen toxicológico de la sangre extraída del cuerpo de Alberto Nisman confirmó que el fiscal estaba plenamente consciente al momento de morir. Sólo se encontraron restos, en cantidades muy pequeñas, de dos sedantes y de una bebida alcohólica. Los datos refuerzan la hipótesis del suicidio. El fiscal no habría sido dormido artificialmente antes de que se produjera el disparo. No obstante, a fin de poder descartar que la escena haya podido ser armada, de modo que parezca un suicidio, falta ver si bajo las uñas de Nisman hay rastros genéticos de otra persona, indicando la posibilidad de defensa o pelea. También falta el resultado del peritaje en las computadoras y los celulares del fiscal. Y el estudio completo de las cámaras de seguridad del edificio, que demuestren el acceso o la salida de algún posible sospechoso. La pesquisa apunta hoy a que el fiscal se quitó la vida, aunque la percepción social va en dirección opuesta. De acuerdo con la consultora de opinión de Carlos Fara, apenas 10% de los encuestados cree que el fiscal se suicidó, mientras que 72% supone que se trató de un homicidio. En el caso del consultor Enrique Zuleta Puceiro, 10.2% cree que Nisman se suicidó, mientras que 73.2% opina que lo mataron. Aún más: 60.2% cree que el gobierno tiene “mucha” responsabilidad en su muerte.