“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

La vindicación de nuestra identidad cultural

En 1996, Ecuador, sin consulta previa con el pueblo indígena Kischwa de Sarayaku, formalizó un contrato de participación con la empresa argentina Compañía General de Combustible para la exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia amazónica de Pastaza, en un área denominada Bloque 23.

Por las graves violaciones que ese proyecto implicaba a sus derechos culturales, el 27 de noviembre de 2002 la comunidad de Sarayaku solicitó y quedó bajo la protección de la Defensoría del Pueblo de Ecuador; no obstante ello, dicha empresa inició sus trabajos con el auxilio de las fuerzas armadas. El pueblo indígena solicitó un amparo al Juzgado Primero de lo Civil de Pastaza, el cual concedió la suspensión provisional y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 19 de diciembre de 2003, que le dio entrada al caso con el número P167/03. Previa susbtanciación del procedimiento, esa instancia turnó el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su resolución (Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador), la Corte determinó que el vínculo de los pueblos indígenas con sus tierras ancestrales es determinante en la salvaguarda de su cosmología, de su espiritualidad y, en consecuencia, de su identidad cultural. Esta construcción jurisprudencial, sin precedente en el ámbito internacional, fortalece la tesis general de la CIDH de imponerle a los Estados la obligación que les asiste de garantizar a las comunidades el derecho a una vida cultural (Pueblo indígena Xákmoc Kásek v. Paraguay). Entre estas obligaciones se encuentra la de consultar a las comunidades sobre aquellos asuntos que eventualmente alterarían su vida cultural y social; más aún, obtener su consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.

Las realidades mexicanas

En el caso de nuestro país, la multiplicación de reivindicaciones en materia de identidad cultural exige la elaboración de respuestas claras y coherentes, máxime si se pondera la exacerbación de sensibilidades y de crispaciones sociales en el México de nuestros días. Ello obliga con mayor razón a escuchar las voces de las comunidades culturales y asegurar su participación en un proyecto societario común, cuyo punto de origen debe ser el respeto y la protección de la multiplicidad y movilidad de las identidades culturales.

El desafío cultural para la sociedad mexicana consiste en una adaptación de sus instituciones y tradiciones tal que asegure el equilibrio entre la cohesión social y el reconocimiento de la diversidad cultural. El reclamo social exige la valoración del patrimonio cultural de las comunidades y la adopción de medidas que favorezcan el acceso y empleo de los recursos culturales necesarios para su realización. Se trata claramente de una exigencia de adaptabilidad social, pero requiere sobre todo el aseguramiento de la participación de las comunidades culturales; exigencia ésta de aceptabilidad cultural. En el tiempo mexicano, ambas exigencias constituyen el vértice de la agenda narrativa de las comunidades culturales.

Estos reclamos sociales obligan no solamente al respeto de la integridad de la cultura, sino a la protección de los recursos culturales que hagan viable el ejercicio de los derechos en este ámbito. El ejercicio de las libertades y el acceso a los recursos culturales son las dos caras de una misma moneda.

Las libertades culturales

El discurso de la libertad es la gramática política de los derechos culturales. Al igual que en el lenguaje, los vínculos entre los sujetos, sus acciones y motivaciones son una gramática viviente y evolutiva que hace viable la plenitud ciudadana (Patrice Meyer-Bisch). Las libertades culturales permiten transitar de un modelo autoritario a uno democrático. En este trayecto, la acción cultural resulta primordialmente efectiva; es la que permite visualizar mejor la exclusión humana por encima del derecho a la vivienda, al trabajo o a la salud. Hay que decirlo sin ambages: la exclusión cultural es agraviante por la humillación cultural que causa.

El desafío cultural mexicano, por lo tanto, no es definir un desarrollo cultural sostenido que abra un espacio social a las libertades culturales, sino que se funde sobre éstas. Por ello el factor cultural impacta en la legitimidad democrática y obliga a la adecuación de los otros factores del desarrollo. La acción cultural permite la acumulación del tiempo, amalgama el pasado y el futuro y le da al presente un sentido; permite la capitalización de conocimientos, así como su transmisión e interpretación en la continuidad de la vida personal y de la filiación generacional (Joseph Wresinski).

Los derechos culturales

En un sistema legal los derechos culturales permiten que éste sea aceptable y aceptado sólo si incorporan los valores de sus comunidades; que sea adaptable en congruencia con la diversidad cultural de sus protagonistas, y que sea accesible a todos sin discriminación.

Los derechos son una prerrogativa social que puede hacerse valer por medios jurídicos conferidos por la ley, la práctica judicial o la tradición. La idea primaria radica en que la existencia de un derecho requiere de medios jurídicos para hacerlo efectivo (Lyndel Prott). La ausencia de garantía en el ejercicio de los derechos los desvaloriza, y simultáneamente denigra el sistema legal que se manifiesta incapaz de hacerlos respetar.

Lo anterior es válido para los derechos culturales, que tienen un componente adicional: a través de ellos se transmite el conocimiento. Algunas de sus funciones primarias son la creación, el conocimiento crítico, el sentido del entorno, el respeto y el reconocimiento, que deben considerarse no como elementos aislados, sino como vectores que deben movilizarse en el desarrollo cultural. El conocimiento le ofrece al individuo la posibilidad de elegir y apropiarse de los recursos culturales necesarios para su identidad y desarrollo.

El Estado mexicano ha ignorado la trascendencia de esos derechos, como son el respeto a la dignidad, al desarrollo de las comunidades y a los individuos que las componen. No solamente ello: ha privilegiado un desarrollo lineal en lo que respecta a la creación de necesidades, cuando la riqueza cultural dista mucho de ser monocroma.

Los derechos culturales hacen viable la libertad de participar en el proceso de identificación durante el transcurso de la vida. La noción de los derechos culturales debe conservar una visión extensiva en referencia a su objeto específico, las identidades culturales, sin reducirlas a una dimensión individual o colectiva.

Los derechos culturales tienen como basamento la libertad, la seguridad y la certidumbre. Sin embargo, con frecuencia se confunde el objeto de un derecho con su régimen legal. Las afirmaciones sobre la naturaleza intrínseca de los derechos conforme a su objeto resultan engañosas, ya que provienen de criterios políticos e ideológicos. La distinción, empero, radica no en la diferencia de su objeto, sino en el contenido de cada derecho por la obligación correlativa que impone.

En efecto, la especificidad de los derechos culturales no debe asociarse con su régimen o con su naturaleza, sino con su objeto común: la construcción cultural, la libre expresión de las identidades culturales y el acceso a los recursos culturales que las hagan viables.

Definir los derechos culturales requiere, por lo tanto, determinar su contenido como el derecho a la identidad de las comunidades; pero, sobre todo, el acceso de éstas a su proceso de identificación. La libertad que supone determinar las identidades culturales consiste en la libertad de todo individuo, ya sea aislado o en su colectividad, de elegir y forjar el conjunto de referencias culturales que lo definen y lo construyen.

Dichos elementos coadyuvan a la comprensión de las obligaciones que el Estado tiene en el ámbito de los derechos culturales, y contribuyen asimismo a comprender el vínculo de éstos con las libertades y el acceso a los recursos culturales.

La reticencia del Estado al momento de reconocer los derechos culturales no solamente es predecible sino obvia, toda vez que el despliegue de una legislación secundaria operativa de los derechos culturales –a los que la Constitución y las convenciones internacionales ya lo obligan– le daría mayor consistencia a sus obligaciones en cuanto a la protección de los objetivos colectivos necesarios para el ejercicio de los derechos culturales; haría igualmente exigible la obligación de respeto tanto de las libertades culturales y los patrimonios culturales colectivos como del vínculo individual y colectivo con esos patrimonios.

Reconocer este tipo de derechos en nuestro sistema jurídico es hacer exigibles las tres vertientes de los deberes del Estado: respetar, proteger y procurar que los derechos culturales sean susceptibles de hacerse efectivos en la jurisdicción.

La tutela constitucional de la libertad de la cultura radica en el derecho de todo individuo, ya sea en forma aislada o en común, a la construcción cultural, a la libre expresión de su identidad cultural y al acceso a los recursos culturales que la hagan viable.

Las libertades culturales y los derechos culturales no consisten exclusivamente en un sistema, sino que contienen un elemento de interpretación: generan un efecto transversal en nuestra sociedad que compele al Estado a adaptarse a su diversidad cultural. Las libertades y derechos culturales lo obligan igualmente a reflexionar en el vínculo entre derechos individuales y derechos colectivos, entre libertades culturales y recursos culturales, entre universalidad y relatividad cultural.

La exigencia del respeto a las elecciones individuales o colectivas evoluciona en el tiempo y en el espacio, y corresponde a cada individuo manifestar su pertenencia a una comunidad o modificar su elección. Ello obliga a considerar a la comunidad como un grupo de personas que comparten referencias constitutivas de una identidad común. Esta aproximación permite analizar el derecho a participar en la vida cultural. La etnia, la lengua, la religión y la microhistoria son referentes culturales importantes, pero no los únicos, lo que apremia a dilatar la noción de identidad cultural para que sea omnicomprensiva con esos referentes, como el derecho a la construcción cultural y a la libre expresión de las identidades culturales.

Las identidades culturales, pues, no dependen exclusivamente de su legado; son el resultado de su incesante creación y mueven a reflexionar sobre la manera en que nuestra sociedad se construye y cómo debe asegurarse su participación en un proyecto societario común. Lo anterior supone que el Estado mexicano acepte el conjunto de reivindicaciones en materia de identidad, tan heterogéneas como son las mexicanas, y abandone su vana pretensión de favorecer la hegemonía de una cultura sobre otra. Lo anterior permitiría dar una respuesta adecuada a esas reivindicaciones legítimas y serviría para poner en evidencia el vínculo que existe entre la marginalización de la que son víctimas las comunidades y su exclusión al momento de construir las identidades colectivas.

Las comunidades culturales deben ser entendidas en su sentido más amplio. Su acepción lato sensu no menoscaba empero su importancia; al contrario, permite determinar la extensión y el significado de las mismas. Las libertades individuales y colectivas convergen en el aseguramiento de la participación igualitaria y efectiva de nuestras comunidades en un proyecto societario común. Esto conlleva el respeto a la autonomía de dichas comunidades, lo cual les permite elegir entre diferentes formas de convicción o modos de vida, entre la aplicación de diversos órdenes jurídicos o bien en su articulación.

La no discriminación cultural

El concepto de no discriminación ha sido reinterpretado y se ha hecho extensivo al trato de las diferentes identidades culturales; ante ello, la no discriminación adopta una función estructural esencial. Existe transgresión cuando las identidades culturales no son tomadas en cuenta a la hora de elaborar un proyecto societario común. Más aún, obliga a la preservación de un espacio público neutral que posibilite las elecciones culturales fundamentales.

Esta nueva lectura del principio de no discriminación ha permitido realizar una lectura omnicomprensiva y vigorizar el respeto a los derechos culturales. La política cultural en una sociedad multicultural como la nuestra no puede ser negligente ante la existencia de una multiplicidad de referentes en materia de identidad. En esa misma sociedad el principio de armonía radica justamente en el reconocimiento de la pluralidad de las identidades culturales.

En consecuencia, las políticas públicas deben expresar un multiculturalismo respetuoso de los derechos de todos. La construcción de sociedades multiculturales tiene como premisa de convivencia la inclusión de las identidades culturales de las comunidades en constante metamorfosis. La participación de las comunidades en un proyecto societario común debe empezar por el respeto a sus diferencias y a sus aportaciones.

El derecho a ser consultado es un principio fundamental de los derechos culturales, ya que permite comprender la complejidad de las identidades culturales, respetar las elecciones individuales y colectivas y adaptar en el tiempo y en el espacio las legislaciones y políticas correspondientes.

La democratización de la cultura

Las definiciones clásicas de la democracia gravitan entre el víncu­lo del individuo y el Estado, entre gobernados y gobernantes. El debate democrático versa pues sobre la distribución del poder. La democracia cultural trasciende este vínculo binario y redefine a los sujetos; a los individuos los asocia ahora a los grupos o comunidades culturales.

La interpretación de los derechos culturales implica una nueva cultura del sujeto y de la forma que adopta el diálogo social. No obstante, la democratización cultural es durable y sostenida cuando una sociedad encuentra los medios para evaluar y valorizar permanentemente sus recursos culturales. Son éstos los que permiten el desarrollo de una soberanía de las comunidades en sus entornos.

Las políticas públicas deben vincular a la sociedad con procesos durables de observación participativa; este es un requisito para que nuestras comunidades puedan apropiarse de sus derechos, de sus libertades y de sus responsabilidades culturales. De esta manera podrán forjar sus propias herramientas de información, formación y desarrollo cultural. En este ámbito el territorio cultural resulta ser un tejido de conocimientos que permiten valorizar y emplear los recursos culturales. La agenda en la materia debiera hacer énfasis en el desarrollo de espacios públicos apropiados en los que puedan interactuar territorios y temporalidades culturales.

A la Declaración de México sobre la noción de cultura habría que agregar la Declaración de Friburgo del 7 de mayo de 2007, ya reconocida por la jurisdicción mexicana (amparo número 646/2014, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa). En esta declaración se invierte la perspectiva de la noción de cultura, a través de la cual el ser humano, una comunidad o un grupo, le dan sentido a su existencia y a su desarrollo, con base en sus valores, sus creencias, sus convicciones, sus conocimientos y artes, en sus tradiciones, sus instituciones y formas de vida.

La estima de la dignidad se encuentra en el reconocimiento de la identidad cultural. La transgresión de las libertades culturales es agraviante porque altera la integridad de la persona y de las comunidades culturales en aquello que les es íntimo: su identidad. La transgresión no sólo las denigra, sino que les impide toda posibilidad de expresar el sentido a su existencia. La defensa de nuestra cultura, pues, será viable cuando el Estado reconozca la indefensión cultural en la que ha puesto a las comunidades y a los grupos culturales mexicanos.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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