PUEBLA, Pue. (apro).- El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga denunció que el gobierno de Rafael Moreno Valle recurre a la Ley de Expropiación, conocida como “ley despojo”, para imponer la construcción del Gasoducto Morelos pese a la oposición de las comunidades y de los propietarios de terrenos. Fernando Cuéllar, director de la agrupación, informó que este sábado 21 maquinaria pesada de la empresa italiana Bonatti ingresó al terreno de un habitante de San Miguel Papaxtla, junta auxiliar de Tecuanipan, con la protección de elementos de la Policía Federal y del Ejército y por personal de gobierno de Puebla. También advirtió que el propietario de esas tierras, identificado como Claudio Rosas Grande, “nunca” otorgó permiso para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenara iniciar los trabajos de perforación para enterrar la tubería del gasoducto en el terreno de su propiedad. Pese a ello, indicó que el personal de la Subsecretaría Jurídica del gobierno de Puebla impidió el paso a Rosas Grande, así como a integrantes de su familia y vecinos, pues les notificaron que se había emitido un decreto expropiatorio sobre esa área. “Acordonaron el terreno impidiendo el paso al dueño, a su familia y algunos vecinos”, relató Cuellar. “Le dijeron que había una notificación de expropiación. Notificación que nunca recibió el señor Claudio, a lo que el personal del gobierno del estado dijo que la expropiación estaba notificada a nombre de otra persona, que por cierto falleció hace varios años”. El representante de la agrupación explicó que el gobierno estatal emitió el decreto expropiatorio a nombre del anterior dueño, a quien Rosas Grande compró el predio, pero a pesar de esto se apropió de las tierras de cultivo para abrirle paso a la constructora del gasoducto. En marzo del año pasado el Congreso local aprobó una modificación a la Ley de Expropiaciones que permite al Ejecutivo estatal tomar posesión de los bienes inmuebles para la ejecución de obras apenas se emita un decreto expropiatorio, sin que se otorgue antes el tiempo para que el afectado tenga derecho de audiencia. Cuéllar indicó que el comunero afectado se presentó ante el Ministerio Público del fuero común de San Andrés Cholula a presentar la denuncia correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables por el despojo de sus tierras, por la actuación de los servidores públicos y personal de la empresa involucrados. Mencionó que en el MP fueron notificados de que no había personal para acudir al lugar, por lo que el personal de la empresa italiana continuó los trabajos de excavación de zanjas para enterrar los ductos. “En todo momento las obras estuvieron custodiadas por la Policía Federal y efectivos del Ejército”, denunció el activista.