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La expurgación ideológica de la cultura (Segunda y última parte)

El preludio de lo que actualmente es una de las grandes catástrofes culturales de la humanidad –que con estupefacción contemplamos contritos en el caso de Medio Oriente– fue el saqueo de los recintos museísticos de Egipto. Para dar una idea de la magnitud de su gravedad, en el latrocinio del Museo Nacional de Malawi, aledaño a El Cairo, de las mil 89 piezas que contenía el Museo, mil 40 fueron robadas por los Hermanos Musulmanes; su destino fue el mercado negro, que contribuyó a financiar las actividades de este grupo islamista.

Occidente no se puede ahora llamar a engaño. Los recursos provenientes de los mercados de arte han contribuido en gran medida a financiar la violencia política en la región. No se necesitaba de una gran imaginación para percatarse de las turbulencias que nos aguardaban. Las consecuencias son ahora impredecibles.

Al video hecho circular hace tres semanas en la red mundial por el Estado Islámico (EI) en el que exhibe la destrucción de piezas que perpetró en el Museo de Mosul, le han sucedido las devastaciones de Nimrud –la antigua ciudad bíblica de Kalakh–, que hospeda los palacios de Asurnasirpal II, Salmanasar II y Tiglath-Pileser III, y la de los sitios arqueológicos de Hatra –capital del imperio Arsácida o Parto, fundado más de 2000 años a.C. –, y de Khorsabad, sede de Dur Sharrukin –ciudad amurallada cuya antigüedad se remonta al año 713 a.C., capital de Asiria– situada al norte de Irak.

Ante estos hechos, la divisa es clara: todo bien cultural que no sea susceptible de ser introducido en el mercado negro es objeto de destrucción.

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, solicitó a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou B. Bensouda, integrar una investigación por crímenes de guerra en contra de EI. Bokova se entrevistó el 6 de marzo último con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y con el presidente en turno del Consejo de Seguridad, el embajador francés François Delattre, a quienes les solicitó formalmente que detuviera la expurgación cultural.

No es la primera ocasión que dicha instancia tiene que intervenir; el 12 de febrero pasado (Resolución 2199) ordenó la prohibición del tráfico de bienes culturales proveniente de Siria e Irak.

La gravedad del expurgo ideológico de la cultura en Medio Oriente obliga a repensar las medidas, hasta ahora infructuosas, que se han emprendido para detener el tráfico ilícito de bienes culturales.

Los hechos

El 22 de febrero último, el ministro de Cultura de Italia, Dario Fanceschini, acompañado del general Mariano Mossa, jefe del Comando de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural, y de Mariarosaria Barbera, superintendente de Arqueología del gobierno italiano, presentaron la mayor recuperación en la historia italiana de bienes culturales provenientes de excavaciones ilícitas –en específico de las regiones de Lazio, Campania, Sardinia, Puglia, Basilicata y Sicilia–, los cuales datan desde el siglo I a.C. hasta los siglos II y III de nuestra era.

Se trata de más de 5 mil 500 piezas grecorromanas (vasijas, estatuas de bronce, crateras) valuadas en más de 50 millones de euros; pero la más preciada es una jarra de autor anónimo del siglo VI a.C. con pinturas de Teseo, localizada en una tumba etrusca del centro de Italia. Esta magnífica colección se exhibe actualmente en el Museo Nacional Romano, en las Termas de Diocleciano, en Roma.

La recuperación se hizo posible gracias a un evento fortuito: En 1994 los carabinieri descubrieron en un automóvil accidentado la fotografía de una cratera pintada por Asteas (350-320 a.C.). Residente de Paestum, Asteas es uno de los pocos pintores de la Grecia antigua de los que se tiene conocimiento. Este artista desarrolló temas mitológicos y la técnica de las figuras rojas en cáliz, en cratera o en vasija. El vehículo pertenecía al contrabandista Pasquale Camera, convicto por tráfico ilícito de bienes culturales.

Posteriormente, la cratera de Asteas fue localizada en Los Ángeles, California: la había adquirido la fundación Paul Getty, que se distingue por tener una política muy laxa en materia de adquisición de bienes culturales. En el curso de las pesquisas policiacas surgió el nombre de un galerista siciliano, Gianfranco Becchina, exempleado de hotel que de hecho ya se encontraba bajo investigación. Coordinados con la policía suiza, los carabinieri catearon su galería Palladion Antique Kunst en Basilea, Suiza, establecimiento que hacía las veces de bodega en esta ciudad, reputada por sus trabajos de restauración de piezas grecolatinas robadas.

Becchina y su esposa tenían ya más de 10 años dedicándose al tráfico ilícito. El paso por Suiza les aseguraba adicionalmente a los bienes culturales sustraídos el imprimatur de la legislación nacional, favorable al libre comercio de éstos.

Durante el cateo se requisaron más de 140 memorias USB que almacenaban certificados de embarque, facturas y un sinnúmero de fotografías. A partir de esta información, instituciones museísticas de prestigio se encuentran ahora en una posición muy incómoda. Son los casos de los museos Ashmolean, Louvre, de Bellas Artes de Boston, Metropolitano de Nueva York y, desde luego, el Museo Getty de Malibú, California.

La estructura del mercado

La complejidad del mercado de bienes culturales es mayúscula por la diversidad de actores que participan en él. Cualquier intento de solución en el ámbito internacional tiene que superar multitud de escollos. Una de las creencias infundadas que deben eliminarse es sostener que existen dos mercados para este tipo de bienes, cuando la realidad muestra que es uno solo. Y, como lo ha informado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), este mercado, que se caracteriza por una gran demanda de bienes culturales, es enormemente lucrativo y, por tanto, muy vulnerable a la delincuencia organizada.

Una vez entreverados los bienes culturales de procedencia lícita con los ilícitos, es extremadamente complicado distinguir unos de otros. Los bienes culturales se mercadean con total abstracción de su legalidad. Incluso en las propias subastas las ventas gozan del privilegio de una presunción de legalidad: en ellas no se exige prueba de proveniencia ni se cuestiona la legitimidad de la procedencia; ésta solamente se sugiere.

Los bienes de proveniencia ilícita dependen estructuralmente de las actividades lícitas para crear una apariencia de legalidad, en tanto que el mercadeo de los bienes lícitos aprovecha la infraestructura de los bienes ilícitos para circular. A esta complejidad habría que agregar otras características del mercado: el anonimato de los actores que participan en él, así como el alto grado de especialización inherente al proceso de valuación de las piezas, lo que exige no sólo experiencia y calificación, sino el empleo de tecnología de punta. Es un mercado discreto, con escasa publicidad y cuyos compradores y vendedores se resguardan en un riguroso anonimato.

La cadena delictiva

La UNODC ha admitido la existencia de “delitos emergentes” en el ámbito mundial, entre los que destaca el tráfico ilícito de bienes culturales. Ante las cada vez más notorias evidencias del vínculo entre la delincuencia organizada y grupos terroristas con esa práctica, los países miembros solicitaron a la UNODC que se elaborara un protocolo adicional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo), de la que México es parte (Diario Oficial de la Federación, 11/04/2003).

El preámbulo de este instrumento ya enuncia la necesidad de la cooperación internacional para el combate de las “ofensas contra la propiedad cultural”. Hoy, el desafío es ajustar la convención a las características de este mercado, específicamente en lo relativo al concepto de “grupo delictivo organizado”, al cual define como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

La incógnita radica ahora en determinar si esta noción tan extensa de “grupo delictivo organizado” es legalmente operativa para el combate del tráfico ilícito de bienes culturales.

Este análisis determina que califican como tal los saqueadores, que son los que hacen el trabajo material de excavaciones ilícitas, nombrados de diversas maneras según las regiones culturales a las que pertenezcan, como huaqueros en América Latina y tombaroli en Italia.

Sin embargo, la parte sustantiva de la concatenación que comporta el tráfico ilícito es la persona que realiza su función entre el mercado y el saqueador, lo que en la literatura especializada se conoce como middleman y en Italia como ricettatore. Estos términos aluden justamente a la función que esas personas realizan en la mitad del camino de la comercialización. Si bien este eslabón no ejecuta las exploraciones arqueológicas ilícitas, sí, en cambio, las financia y asume el riesgo de que sean exitosas o no. Por ello se apropia de la mayor utilidad económica en este tramo.

Conforme a la noción de “grupo delictivo organizado”, los middlemen califican como delincuencia organizada, aun cuando sus actividades, por razones obvias, obedecen a una estructura muy laxa y flexible. Se sabe que el tombarolo italiano cambia en forma constante de ricettatore para evadir o confundir las pesquisas policiacas.

La función de los middlemen es contrabandear las antigüedades a través de las fronteras nacionales o internacionales y buscar el imprimatur de legislaciones protectoras del tráfico ilícito con el propósito de “blindar” los bienes robados.

En Italia, los profesionales para el contrabando de bienes culturales son los clandestini, que se distinguen por el hecho de que mantienen contactos con los servicios aduanales y con mercaderes de arte. Se dedican igualmente a obtener “certificados de exportación” que permiten crear una apariencia de legalidad, base de una presunción legal de bienes culturales, y con ello darle viabilidad al comercio de los mercaderes de arte.

Los minoristas son por lo general mercaderes de arte o subastadores, quienes perpetran sus transacciones al amparo de sus legislaciones. Surge de inmediato un interrogante: si los detallistas pueden calificar dentro de la noción de “grupo delictivo organizado”. Así pues, la amplitud de las actividades de los minoristas es enorme: trato directo con coleccionistas o con museos, entre otras muchas.

Como muestra de la versatilidad del mercado está la práctica de actuar “bajo pedido” de coleccionistas. Fue mediante este sistema como las paredes del templo de Banteay Chmar, de Camboya, edificación que data del siglo XII, fueron literalmente desmanteladas (Kimberly L: Alderman).

Existen centros perfectamente identificados en donde los traficantes consuman sus actividades. Bangkok es el punto donde se concentran todos los bienes culturales robados que provienen de Indochina. Europa tiene varios puntos de entrada: Munich, Bruselas, París y Ámsterdam, entre otros.

La dificultad para fiscalizar la entrada de bienes culturales robados al mercado europeo es enorme. Nada más en Bruselas, el tránsito diario de personas excede los 15 mil pasajeros, y por la aduana aeroportuaria pasan más de 2 mil toneladas de carga diarias, lo que imposibilita escanearla en busca de piezas robadas.

En conjunto, las subastas constituyen una de las terminales naturales del tráfico ilícito en cuestión. Aun cuando difícilmente puede encuadrárseles dentro de la categoría de “grupo delictivo organizado”, no por ello puede soslayarse su importancia en dicho tráfico. Se estima que 40% del comercio de antigüedades se realiza por medio de las subastas y que 90% de las piezas mercadeadas en ellas provienen de excavaciones o exportaciones ilícitas (Neil Brody).

En un estudio sobre el mercadeo de vasos apulianos –piezas que sirven como referencias sustantivas en la investigación de la mitología griega–, Ricardo Elia, de la Universidad de Boston, concluyó que en el periodo comprendido de 1960 a 1997, que suma 37 años, todos los vasos apulianos vendidos por la galería multinacional inglesa Sotheby’s provenían de excavaciones ilícitas o habían sido ilegalmente importados de Italia. Más grave aún: de los 13 mil vasos apulianos que hasta ahora han podido ser registrados, 5% fueron obtenidos de excavaciones lícitas.

Los museos y los coleccionistas requieren de un análisis específico, aunque la conclusión acerca de ellos es terminante: si bien resulta muy cuestionable calificarlos como grupos delictivos organizados, históricamente han sido protagonistas en el fomento de excavaciones o exportaciones ilícitas de los países de origen.

De esa manera, el Museo Metropolitano de Nueva York adquirió el Tesoro Karun o Lidia a sabiendas de que era robado. Al final del litigio, fue condenado a restituir a Turquía 363 artefactos lidios del siglo VII a.C., que actualmente se exponen en el Museo de Usak, en Turquía. Otra cause célèbre fue la compra a la mafia suiza de la cratera de la Grecia antigua elaborada por el alfarero Eufronios.

La respuesta europea

Ante la profusión de datos relativos al vínculo entre grupos delictivos organizados, la Unión Europea (UE) implementó una nueva legislación que cambia totalmente el paisaje del mercado de arte en su territorio. Se trata de la Directiva 2014/60/UE del Parlamento y el Consejo europeos del 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.

Esta directiva, que modifica el Reglamento 1024/32012, ordena a los países miembros uniformar su legislación en materia de protección de bienes culturales con el propósito de fomentar la confianza recíproca, el espíritu de cooperación y la comprensión mutua entre los Estados parte. Sostiene que el término “patrimonio nacional” debe determinarse en el marco del Tratado de Maastricht, y dispone de igual manera que los Estados miembros faciliten la restitución de bienes culturales al Estado miembro de cuyo territorio hayan salido de forma ilegal, independientemente de la fecha de adhesión de dicho Estado, y asegurarse de que la restitución no dé lugar a costos desproporcionados.

Finalmente destaca la posibilidad de que los Estados parte restituyan bienes culturales distintos de los clasificados o definidos como patrimonio nacional, siempre que se cumpla con las disposiciones del Tratado de Maastricht, así como bienes culturales que hayan salido de manera ilegal antes del 1 de enero de 1993.

Esta nueva directiva está modelada sobre la convención del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT por sus siglas en inglés) sobre la Restitución de Objetos Culturales Robados y la Devolución de Bienes Culturales Ilícitamente Exportados, conocida como la Convención de Roma, que ha sido ratificada por la mayor parte de los países de América Latina, salvo México, que se encuentra aislado en lo que atañe a los mecanismos de protección de bienes culturales en el ámbito internacional. No resulta exagerado sostener que en este orden México transitó del liderazgo a la expectación.

En diciembre de 2014, en un seminario totalmente inusual efectuado en Berlín, y en cumplimiento de la citada directiva europea, Monika Grütters, ministra de Cultura de Alemania, ofreció que en el verano del presente año sometería a la consideración del Parlamento alemán una nueva legislación en la materia, que resultará paradigmática en un país que ha reivindicado en forma por demás enérgica el libre mercado de bienes culturales.

En lo sucesivo, a decir de Grütters, ningún bien cultural podrá entrar en Alemania sin contar con un certificado de exportación del país de origen. Además, este último se obligará a simplificar el trámite de restitución. Finalmente Gütters ofreció que solicitaría a las 16 entidades federativas (Ländern) que, en el ámbito de sus soberanías, trabajen en legislaciones similares.

Como testimonio de su compromiso, en febrero último Alemania restituyó a la biblioteca Girolamini de Nápoles, en Italia, cerca de 500 libros de los siglos XVI y XVII, entre ellos algunos de la autoría de Galileo Galilei y de Copérnico. Estos tomos habían sido robados entre junio de 2011 y abril de 2012.

Epílogo

Del análisis del expurgo cultural que con estupor hemos presenciado en los últimos días pueden derivarse algunas conclusiones iniciales:

El vínculo entre el mercado de arte, la delincuencia organizada y grupos terroristas ha quedado en evidencia. Resulta innegable, pues, que existe una interdependencia por necesidad entre los diferentes actores del tráfico ilícito de bienes culturales. Es válido sostener que la manera como los grupos criminales colaboran entre ellos es menos contundente que su organización interna.

La conectividad entre esos grupos revela un sistema organizativo que hace viable el flujo del tráfico ilícito. La ilicitud en el mercadeo de bienes culturales representa una biosfera que les garantiza sigilo a los conglomerados criminales organizados. La conectividad e interdependencia entre ellos determina su naturaleza de delincuencia organizada con un marcado carácter trasnacional.

Este entretejido entre los mercados de arte, la delincuencia organizada y los grupos terroristas transformó radicalmente los monumentos constitutivos del patrimonio cultural de la humanidad, que de ser espacios de convergencia e interacción cultural se han convertido en sitios de conflicto y enfrentamiento.

Es difícil por ahora analizar la magnitud de la ruptura cultural y de la tarea que se requiere para restituir tanto la escritura común como las referencias representativas de la historia en el Medio Oriente, pues es una misión que deberá llevarse a cabo durante varias generaciones. Superar el desafío cultural que supone darle nuevamente una existencia social al patrimonio y vincularlo a una historia común implica una tarea colosal.

Hoy en día el panorama es sombrío. La cooperación internacional tiene frente ante sí enigmas de alta complejidad que necesitan ser resueltos bajo la fórmula de una criminalización efectiva; el desarrollo de técnicas especiales de investigación criminal; la asistencia legal recíproca; las requisas y la restitución de bienes culturales robados o ilícitamente exportados, y el establecimiento de políticas preventivas; pero, sobre todo, la alteración del enjambre de intereses económicos, que puede frustrar cualquier asomo de cooperación internacional.

*Doctor en derecho por la Universidad Pantheón Assas.

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