MANAGUA (apro).- Dice que ahora lo ven de menos. “Como un gato”, insiste. Él, que en el pasado fue teniente primero, instructor militar, que combatió en la VI Región, que reclutó a miles de jóvenes para las fuerzas armadas en la década de los ochenta, que combatió en el cerro San Antonio en el Batallón de Lucha Irregular “Sócrates Sandino” y que sólo dejó el Ejército porque lo declararon lisiado de guerra. “Ahora, para ellos (los gobernantes) no soy combatiente histórico, oficial, lisiado de guerra ni nada”, dice este hombre de 59 años, de nombre Pedro José Ríos Pérez, barbudo, alto y padre de 20 hijos. Hoy está descamisado, sólo viste un pantalón y tiene 56 días de estar en huelga de hambre junto con otras cuatro personas más. Demandan que el gobierno de Daniel Ortega cumpla una serie de acuerdos que beneficiarían a más de 20 mil exmilitares que salieron del Ejército desde 1990, cuando los sandinistas dejaron el poder y las fuerzas armadas se redujeron en seis años de 86 mil a 17 mil miembros. Antes de meterse al ayuno Ríos Pérez recorría las calles de Managua buscando chatarra para luego venderla. Era, como le llaman a los que se dedican a esto, un chatarrero. Intentó ser guarda de seguridad pero fracasó en el intento. Jamás obtuvo un permiso para portar armas y por mucho tiempo llegó a la recepción de la Corte Suprema de Justicia para hablar con un magistrado de tendencia sandinista a quien iba a pedirle un puesto como vigilante, pero éste nunca lo recibió. También estuvo en Costa Rica, fue guarda de seguridad, pero lo deportaron porque no tenía documentos. “Me vine derrotado”, recuerda. Cinco días atrás amaneció vomitando y no se levantó de la sábana verde con rayas blancas en la que duerme. Hoy está más activo, compuso la señal del televisor en el que ve las noticias y luego tomó pastillas, algunas para la gastritis y otras para la dolencia en el colon. A veces siente que lo van a atacar. Sus recuerdos de la guerra se vuelven nítidos, casi reales y él ve de frente al enemigo. Dice que se le viene una necesidad imperiosa de defenderse. “Lo que me pasa es que quiero hacer daño”, detalla. Para esa sensación se toma otra pastilla, una de las muchas que están sobre una mochila, junto a la sábana en la que duerme. “Pero eso es a causa de la guerra; no es culpa mía, compañera”. Como él están muchos. “Somos un puñado de combatientes, compañeros que andan en las calles mutilados, sin ojos, cotos, charneleados, locos, muchos han muerto tomando de decepción en las calles. Me he encontrado a varios compañeros chatarreando en las calles”. Medida extrema El 22 de enero pasado diez hombres iniciaron una huelga de hambre como medida extrema para presionar al gobierno de Daniel Ortega. Exigen que se reglamente la Ley 830, Ley Especial para la Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional, que otorga asistencia médica, una pensión y beneficios sociales para los retirados del Ejército y para los hombres que en la década de los ochenta cumplieron el Servicio Militar Patriótico, los llamados “Cachorros”. Cinco de los que iniciaron el ayuno tuvieron que dejarlo porque su salud se complicó. Los que aún resisten permanecen tirados en el piso, bajo una carpa verde en los terrenos de la Cruz Roja, en la capital de Nicaragua, junto a un frondoso árbol de mango. Todos vivieron en carne propia los horrores de la guerra civil que en este país centroamericano dejó más de 150 mil víctimas, entre muertos, discapacitados, viudas y huérfanos y que se prolongó durante la década de 1980. El mayor de los huelguistas entró al Frente Sandinista en la década de los 70 y lo llaman, como a los guerrilleros de su talla, combatiente histórico. Otro de ellos fue lanzacohetes en el entonces Ejército Popular Sandinista, combatió a la contrarrevolución y en una ocasión cruzó la frontera con Honduras para acabar con un campamento. Este último cumplió 53 años el pasado 14 de marzo, acostado sobre una sábana, con diarrea. Todos saben también lo que es acostarse en la noche como militar y despertar a la mañana siguiente desempleado. Cuando en 1990 el Frente Sandinista perdió las elecciones, el Ejército se redujo drásticamente y unos 12 mil oficiales dejaron sus filas. Entre esos iban estos cinco. Entonces se fueron a la calle con algunos meses de salario, sin oportunidades laborales y con promesas que 25 años después no han sido cumplidas. “Fue realmente tensionante y muy traumático. Cerca de 12 mil oficiales tuvieron que ser retirados”, anota el general en retiro Hugo Torres, quien era jefe de la Dirección de Personal y Cuadros en 1990. Torres dice que necesitaban 18 millones de dólares para entregarle una cantidad de dinero a cada militar por concepto de salario. Fueron tres planes de retiro y se les indemnizó con montos que iban de seis a 36 meses de salario. Noruega donó 5 millones de dólares. A una cantidad mínima de oficiales, entre quienes destacan tenientes coroneles, se les entregó propiedades y fincas de café. Ortega los usó En 2006, cuando Daniel Ortega era candidato a la Presidencia de Nicaragua, llamó a los más de 20 mil desmovilizados del Ejército y les pidió apoyo. “Vino una solicitud del comandante Ortega para que nosotros lo apoyáramos con fuerza”, recuerda nueve años después Carlos Ramírez, abogado y notario público, y hoy presidente del Consejo Nacional de Defensores de la Patria, que aglutina a una parte de los desmovilizados del Ejército que reclaman varios beneficios otorgados por la Ley 830. Entonces Ortega pretendía regresar al poder por tercera vez consecutiva y tenía, por primera desde que dejó el gobierno hacía 16 años, reales posibilidades de triunfar. La Constitución Política de Nicaragua había sido reformada y permitía conseguir la Presidencia con el 38% de los votos siempre y cuando entre el primero y segundo lugar hubiese una diferencia de cinco puntos porcentuales. El techo electoral del Frente Sandinista, el partido de Ortega, era justamente 38%. Sumado a eso, la oposición política estaba fraccionada y no tenía un candidato que los uniera. Los desmovilizados del Ejército acudieron al llamado de Ortega y se integraron en todo tipo de labores. “Trabajamos como fiscales, como policías electorales, como presidentes de las Juntas Receptoras de Votos, como miembros de mesa, anduvimos como fuerzas de choque en contra de los opositores… de todo hicimos”, relata Ramírez. Al regresar al poder, Daniel Ortega creó la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia y nombró al cardenal Miguel Obando y Bravo, antiguo crítico del sandinismo en los años ochenta y hoy aliado, como su titular. Desde esa instancia se pretendía restituir los derechos a los desmovilizados del Ejército y a los miembros de la contrarrevolución. “Ustedes que han esperado 16 años… ahora, tuvieron que esperar 119 días, porque mañana es 10 de mayo, y tendremos los 120 días. Han esperado 119 días y ¡aquí está la comisión! Hermanos, hermanas excombatientes, viudas, madres, hijos de excombatientes caídos… aquí está ¡su comisión!”, dijo Ortega al instalar la instancia, en mayo de 2007. Pero no fue así. Tras ayudarlo a reelegirse en 2011, el amorío entre los desmovilizados y Ortega terminó y fue entonces cuando iniciaron las protestas. En 2012 realizaron bloqueos en varias carreteras importantes del país exigiendo el cumplimiento de 12 acuerdos que fueron firmados dentro de la Comisión de Reconciliación. Intentaron paralizar el país y en parte provocaron pérdidas económicas. Ortega los dividió y la organización se debilitó. De 23 mil miembros que eran, hoy apenas son 10 mil, según Carlos Ramírez. Sin embargo lograron que en 2013 se aprobara por unanimidad en la Asamblea Nacional la Ley 830, Ley Especial para la Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional. Dos años después la ley no ha sido reglamentada y por eso los beneficios de la misma no han sido recibidos. Luis Callejas, opositor y presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, sostiene que “no hay voluntad política de parte del Ejecutivo” para reglamentar la ley. Cuando la Presidencia no reglamenta las leyes en el plazo estipulado, el Parlamento tiene la potestad de hacerlo. El legislador opositor asegura que ha enviado varias cartas al presidente de la Asamblea Nacional para solicitar que se reglamente la norma, pero no ha obtenido respuesta. En tanto, René Núñez, titular del Parlamento, sostiene que el Ejecutivo informó que ese reglamento “está pendiente de ser enviado”. La Ley 830 contempla que los exmilitares deben ser beneficiados con programas agropecuarios, de empresas cooperativas, de educación, de viviendas de interés social, de salud y de seguridad social y acceso al crédito cooperativo y al trabajo, entre otros. 14 dólares al mes para vivir Manuel Busto, Chocolate, tiene 62 años, más de 15 hijos y vende verduras en un mercado capitalino. Empezó la huelga de hambre pero desistió seis días después porque se complicó rápidamente. Es diabético e hipertenso y a los pocos días ya estaba hospitalizado. Aunque dejó el ayuno, continúa en la carpa. “El comandante (Ortega) nos prometió que si se ganaba la revolución todos íbamos a vivir bien, pero ya tengo 62 años y nunca he recibido nada—comenta con voz baja—. Digo yo que nos utilizó para estar hoy en el poder y ser de los ricos de este país. Le dimos la juventud y ahora viejos nadie nos da un trabajo”. Entre los pocos beneficios que reciben algunos de los exmilitares está una pensión que oscila entre 14 y 16 dólares mensuales, diez veces menos del salario mínimo establecido para una empleada doméstica. “¡Esa es una burla!”, exclama enojado Carlos Ramírez, logrando despertar a tres de los huelguistas que están dormidos. “Le aseguro que el presidente Ortega no viviría con eso”. En un acto público la Procuraduría General de la República entregó 200 certificados de lotes urbanos y 20 certificados de cinco manzanas de tierra para 20 desmovilizados. “Pero sólo nos dieron el papel. No tenemos nada más que el papel”, insiste. Ramírez fue de los militares duros de los años ochenta. En su historial castrense destacan cinco medallas. La medalla del Quinto Aniversario del Ejército Popular Sandinista, la del Décimo Aniversario, la Hilario Sánchez en plata y en oro, que otorgaban por los méritos en la parte organizativa; y la Camilo Ortega en oro, que ostentan los que se destacaron en el combate. Participó en la operación denominada “Danto 88” que tenía como propósito golpear a la contrarrevolución y obligarla a negociar en desventaja. Ocurrió en 1988 y consistió en la mayor ofensiva militar impulsada por el Ejército Popular Sandinista en contra de las fuerzas de la contrarrevolución. “Y ahí salí herido. Me dieron dos balazos en el estómago y uno en la pierna. Anduve con una colostomía durante seis meses y hasta después me operaron de la pierna. Hoy ando—se toca la pierna—, con una platina. Por eso te digo, si estuvimos a punto de dar nuestras vidas por defender una revolución, ¿cómo hoy no vamos a defender estos beneficios? ¿Miedo nosotros? No, no tenemos miedo”, sentencia Ramírez. Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y hoy crítico del gobierno de Ortega, dice que el mandatario ha sido experto en “aquello que dice: firmar me harás, cumplir jamás”. “Ellos expusieron sus vidas y sacrificaron a sus familias por causa de la guerra, una guerra azuzada por potencias extranjeras y de la que los menos responsables fueron quienes hoy hacen justas demandas al Estado nicaragüense”, dice Samcam, quien advierte sobre “un potencial conflicto social” que puede llegar a alcanzar límites insospechados si no se atiende a tiempo. Al cierre de esta edición (jueves 20) continuaban esperando señales del gobierno para negociar. Sólo habían logrado cien “plan techos” para igual número de exmilitares, consistentes cada uno en 10 láminas de zinc.