MÉXICO, D.F. (apro).- El Gobierno del Distrito Federal impugnará la decisión del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que ayer declaró inconstitucionales los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad capitalina por limitar la libre manifestación pública y la libertad de expresión. El consejero Jurídico y de Servicios Legales, José Ramón Amieva, informó que aún “no se ha determinado de manera fehaciente la inconstitucionalidad de estos artículos de la Ley de Movilidad, (por eso) acudiremos a un Tribunal de la Justicia Federal y estaremos atentos hasta que se determine el pronunciamiento sobre ellos”. En entrevista al término de un acto oficial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el funcionario afirmó que el GDF tiene referidos cerca de 63 amparos en trámite en los que se ha promovido la inconstitucionalidad de diversos artículos de dicha ley. De éstos, agregó, se ha emitido resolución de siete concediendo el amparo, más el anunciado ayer por el Juzgado Octavo de Distrito. Amieva explicó que los artículos en cuestión se refieren a la prohibición del uso de las vialidades primarias a efecto de realizar manifestaciones, marchas y concentraciones. El otro punto, dijo, es sobre una medida que la Asamblea Legislativa del DF incluyó para que quienes prevén manifestarse avisen con 48 horas de anticipación a las secretarías de Movilidad, Seguridad Pública y Gobierno. Añadió: “El espíritu de Asamblea era contar con el aviso de las 48 horas para poder realizar de mejor manera estos operativos, cuya única finalidad es que vialidades, establecimientos, transeúntes,  automovilistas y los propios manifestantes puedan salvaguardar la movilidad y su derecho a manifestarse”. No obstante estos amparos, el consejero jurídico afirmó que el GDF está pendiente a la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) en la que se tratan esos mismos artículos y está a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Esperamos que sea ésta quien determine sobre estos conceptos”, dijo. El ministro ponente del caso es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. De cualquier forma, José Ramón Amieva aclaró que el GDF continúa con la aplicación de operativos en las marchas para “generar un equilibrio sobre la garantía de quienes se manifiestan y de quienes usan las vías públicas”. Rechazó las críticas de quienes acusan que dicha legislación es “antimarchas”. Aseguró: “Ni se criminaliza ni se está coartando, esperaremos lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene la palabra final como máximo órgano de control de constitucionalidad del país”. Ayer, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó que, de acuerdo con la resolución de dos amparos interpuestos contra la Ley de Movilidad del DF, los artículos 212, 213 y 214 vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, además de que impiden hacer una interpretación clara y estricta de respeto a los derechos humanos de los manifestantes. Aseguran inmuebles de Gas Express Nieto Sobre la demanda civil que el GDF interpuso el pasado 11 de febrero contra la empresa Gas Express Nieto respecto a los daños ocasionados por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, el consejero jurídico José Ramón Amieva informó que solicitó el aseguramiento de 10 inmuebles de la gasera. El propósito, explicó, es garantizar el pago de los daños provocados la mañana del pasado 29 de enero. Aquella mañana, el estallido colapsó 80% del hospital y obligó el derribo del resto de la infraestructura con la consecuente pérdida del equipo médico. También resultaron afectaciones en el mercado El Contadero –ubicado a un costado del hospital– y al equipamiento urbano de alrededor. “Promovimos la demanda, fue admitida y promovimos el aseguramiento de diversos inmuebles, terrenos de la empresa para asegurar el pago”, detalló el funcionario. Agregó que están pendientes los resultados del estudio pericial que el GDF solicitó para determinar el monto del pago de daños. Dijo que la gasera “también tiene derecho a ofrecer su pericial; y si no estamos en concordancia, se tendrá que desahogar en perito tercero, aunque no se ha determinado por parte del juez, eso será parte de la condena o de algún arreglo que se pueda tener entre los representantes del gobierno de la ciudad y de los representantes de la gasera”.