MÉXICO D.F., (apro).- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) negó hoy que Gabino Fraga Peña, quien actualmente se encuentra sujeto a una investigación en España por posibles operaciones financieras irregulares, sea delegado fiduciario o administre fideicomiso alguno en esa institución. En un comunicado, la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales detalla que Fraga y algunos de sus asociados fungen como abogados externos “para pleitos y cobranzas” de la dependencia, por lo que no existe una relación laboral directa. Además, agrega que el bufete en el que trabaja Fraga ha prestado servicios jurídicos a Banobras desde hace más de 10 años, por lo que su contratación vigente obedece a la continuidad que requieren diferentes asuntos jurisdiccionales de interés para la institución. Asimismo, explica que el documento dado a conocer a los medios hace unos días, de donde se desprende la versión de que Fraga es apoderado legal de Banobras, contiene una relación de personas físicas y morales que en 2014 eran delegados fiduciarios de Banobras o, bien, fungían como abogados externos del banco, “sin que lo anterior implique alguna ratificación de Fraga en algún puesto dentro de la dependencia”. En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (número 2003) publicó un reportaje titulado “Las Turbulencias bancarias de Gabina Fraga, en el que la periodista Anabel Hernández, hasta el cierre de la edición, aporta datos que no dejan lugar a dudas de que Fraga fungía como gestor y delegado fiduciario de Banobras por las actividades propias de su encargo. El nombramiento se lo dio el entonces titular del Banco, Alfredo del Mazo, en 2014. Ayer, en el portal proceso.com.mx, la misma Anabel Hernández precisó, con información oficial, recibida después del cierre de la edición 2003 del semanario Proceso, que Fraga Peña opera como apoderado legal de Banobras. El texto de referencia detalla que Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex. El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año. Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras. Proceso hace referencia en su número 2003, actualmente en circulación, del documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014, que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, y en el que se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP. Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.