Gobierno deja a su suerte a El Ocotito; disputa entre autodefensas mantiene en vilo al poblado

jueves, 2 de abril de 2015 · 20:10
El OCOTITO, Gro. (apro).- Autoridades de los tres niveles de gobierno dejaron a su suerte a los habitantes de esta comunidad donde se vive un ambiente de tensión, dolor, angustia y coraje por la confrontación que mantienen dos grupos de autodefensa que operan en la región Centro de la entidad. "Lo más doloroso es ver que se están matando entre las personas que restablecieron la paz en el valle", dice una joven mujer mientras espera el arribo de los cuerpos de dos jóvenes asesinados durante la balacera registrada la noche del 30 de marzo en el poblado de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, con un saldo de siete muertos, 10 heridos y más de 60 retenidos. Al preguntarle de qué manera piensan revertir esta dramática situación ante la indiferencia gubernamental, subraya: "No queda otra más que seguir en la lucha por la tranquilidad de los niños, la prosperidad de los negocios, y que dios nos ayude porque el gobierno es puro engaño". Y resalta que las personas que perdieron la vida el pasado lunes “murieron defendiendo al pueblo y haciendo lo que siempre quisieron para regresar la tranquilidad al valle". La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) son los dos grupos de civiles armados que mantienen una disputa por el control de las comunidades que conforman los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero. El conflicto inició el año pasado con la división y expulsión del líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, del valle de El Ocotito y el poblado de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, por presuntos actos de corrupción. Pero el problema se agudizó esta semana tras una serie de enfrentamientos, retenciones y asesinatos, de los que ambos grupos se responsabilizan. Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre los hechos violentos. Los líderes del FUSDEG afirman que se trató de una emboscada por parte de miembros de la UPOEG, y los acusan de ejecutar a dos jóvenes, quienes fueron degollados y acuchillados frente a un grupo de policías comunitarios retenidos, según relataron testigos del crimen. La UPOEG, por su parte, asegura que se trató de un enfrentamiento provocado por la disputa del control político y social del territorio, que se caracteriza por ser una zona de producción y trasiego de heroína en la región Centro de la entidad. Lo dramático es que a la fecha el gobierno estatal no ha intervenido para restablecer el orden y aplicar justicia para evitar que la violencia siga desgarrando esta franja de la entidad donde los pobladores decidieron tomar las armas y enfrentar directamente a la delincuencia. Personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) ha tenido que asumir las funciones que le competen a las autoridades. Hace dos días lograron la liberación de las personas retenidas por ambos grupos: 40 de la UPOEG y 18 del FUSDEG. Al respecto, el presidente de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdalena, lamentó que ese organismo público tenga que asumir las funciones de las autoridades, Ministerio Público y policía. La atención de la problemática social, recordó, es una responsabilidad conjunta que deben asumir los tres niveles de gobierno, así como organismos autónomos. De acuerdo con el ombusdman, de manera insistente ha hecho llamados al gobierno estatal para que asuma su responsabilidad frente a los conflictos sociales que se han registrado en la zona indígena del alto Balsas y ahora en el valle de El Ocotito. No obstante, dijo, se ha hecho caso omiso a esos llamados, y lamentó la indiferencia del gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, en específico del gabinete de Gobierno y Seguridad Pública. Según Navarrete, el problema que se vive en el valle de El Ocotito es grave ante el nivel de polarización y el vacío de autoridad en la zona, donde las autoridades locales han sido desplazadas por sus presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos los alcaldes de Juan R. Escudero y de Chilpancingo, Elizabeth Gutiérrez Paz y Mario Moreno Arcos, respectivamente.

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