Generalizada, la renuencia del gobierno al escrutinio internacional

El relator especial de la ONU Juan Méndez, quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad ante las descalificaciones personales del gobierno de Peña Nieto, dice a Proceso que no se equivocó al hablar de tortura generalizada en México; refiere que tuvo presiones para no usar esa palabra y que no fueron 14 sino 107 los casos documentados. Mientras algunos especialistas advierten que el aparato oficial es renuente al escrutinio del exterior, otros señalan que si ese informe se suma al de las desapariciones forzadas, ambos tendrán repercusiones en el derecho internacional porque testimonian delitos masivos de lesa humanidad.

Ante los ataques personales dirigidos por altos funcionarios mexicanos en contra del relator especial de la ONU, Juan Méndez, por haber reportado que en la República Mexicana la tortura es generalizada, defensores de derechos humanos consideran que dicha actitud revela la renuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto al escrutinio internacional.

Por su parte, el propio relator, Juan Méndez, declara a Proceso que estaba sorprendido por los cuestionamientos sobre su calidad ética y profesional, además de que sostiene su punto de vista sobre lo que ocurre en México.

En entrevista telefónica realizada a su oficina en Washington College of Law, donde es profesor de derechos humanos, Juan Méndez, abogado argentino que fue víctima de la dictadura militar y se exilió en 1977, recuerda que, “por razones académicas y de investigación”, ha visitado México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como investigador de Americas Watch –hoy Human Rights Watch– y en calidad de relator de México y de trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que fue presidente en 2002.

“Tuve muchos contactos con los distintos gobiernos mexicanos, y francamente en ningún caso, a pesar de que también publiqué y voté decisiones contrarias a lo que podrían llamarse los intereses mexicanos, fueron impugnadas mi integridad ni mi ética ni mi responsabilidad profesional. Por eso realmente me resulta muy sorprendente” lo que ahora sucede, es decir, las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, y del canciller José Antonio Meade.

Hecho prisionero durante la dictadura militar argentina, por lo que fue nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, el relator de la ONU considera, frente a la reacción del gobierno de Peña Nieto, que no es “una actitud responsable el usarme de chivo expiatorio y de acusarme a mí de falta de ética cuando lo que hay, en el peor de los casos, es una discrepancia sobre la gravedad que tiene el tema de la tortura en México.

“No creo –continúa– que esa discrepancia sea menor; por supuesto que no, pero sí pienso que es importante reconocer que el problema es serio, no anecdótico, y lo único que quiere decir es que la tortura generalizada es eso, que no es una aberración, que no es algo que pasa por voluntad de algunas personas fuera de control, sino que es muy frecuente, un recurso habitual de las instituciones dedicadas a la lucha contra el crimen. Y todo lo que tengo a disposición me hace pensar que no me equivoqué.”

Una política de Peña Nieto

Observadores y defensores de los derechos humanos tienen una percepción similar. Tal es el caso de Mariclaire Acosta Urquidi, subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia durante el gobierno de Vicente Fox, quien manifiesta en entrevista que las expresiones de los servidores públicos contra Méndez no son personales, sino que “indican que es una política del gobierno actual”.

Directora actual de la oficina de Freedom House en México, estima que si en este país no son tomados en cuenta los llamados de atención de los mecanismos internacionales de derechos humanos, “vamos a instalarnos en el retroceso”.

Recuerda que cuando se dio la apertura al escrutinio internacional durante el gobierno de Vicente Fox era para “honrar los compromisos y obligaciones internacionales que México había firmado, atendiendo el reclamo legítimo de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional, no para colgarnos la medallita, sino para ayudar a resolver la grave problemática de derechos humanos que vivimos en el país”.

Acosta Urquidi lamenta los señalamientos contra Juan Méndez, “una de las figuras más sólidas y respetables en el mundo de los derechos humanos”, y aclara que “el problema no es el mensajero, el problema es la existencia en México de la tortura, que sí es una práctica generalizada, y que lo ha sido desde siempre, y que hay además un cúmulo de evidencias en ese sentido”.

A su vez, José Antonio Guevara Bermúdez, exministro responsable de Asuntos de Derechos Humanos en la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra durante el sexenio de Felipe Calderón, dice que “ni en el gobierno de Zedillo hubo una descalificación de ese nivel, y mira que vinieron la CIDH y el relator de la tortura, y se dijeron cosas fuertes de México, pero nunca escuché un pronunciamiento de esa naturaleza”.

Actual director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), sostiene que si bien durante los gobiernos panistas no se atendieron todas las recomendaciones emitidas por mecanismos de derechos humanos de la ONU, lo que no se había visto era la negación de la realidad, porque “esta administración no acaba de entender el valor que tiene para las instituciones el hecho de que le digan desde afuera, de manera objetiva, dónde están los problemas”.

Señala que durante su gestión como funcionario público el mayor diferendo con la ONU fue la oposición de “gobiernos estatales” a publicar el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura sobre su visita a México en 2008, que “finalmente se publicó por un ordenamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2010”.

Según José Antonio Guevara, la preocupación del gobierno de Peña Nieto por la clasificación de “tortura generalizada” es que, sumada a la consideración del Comité de Desaparición Forzada de la ONU en el sentido de que persiste “un contexto de desapariciones generalizadas”, tiene consecuencias en el derecho internacional.

“Son elementos que contribuyen a considerar que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad a gran escala, lo que no se puede negar, y que se suman a otros dos informes que también son devastadores, el del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, de 2012, y el del relator de Ejecuciones Extrajudiciales, que habla de una impunidad sistemática”, precisa.

Como director de la CMDPDH, Guevara envió, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, una comunicación a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en octubre de 2012, para abrir una investigación preliminar sobre México (Proceso 1977).

“Le toca a la Fiscalía de la CPI y a los demandantes demostrar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad de manera masiva, pero con esos informes de los mecanismos no veo cómo se pueda aplazar la investigación preliminar”, comenta.

Por lo pronto, dice que como defensor y servidor público nunca vio una reac­ción como la del gobierno de Peña Nieto frente a informes de los mecanismos internacionales.

“La razón por la cual están tan preocupados –insiste– es porque los informes tienen la palabra prohibida, ‘generalizada’, que exhibe a México a escala mundial como un país en el que se cometen los más graves crímenes para la humanidad, que para ser atendidos requieren la cooperación internacional”, puntualiza.

Las desapariciones

Las primeras muestras de la negativa del gobierno peñista a asumir señalamientos de mecanismos de Naciones Unidas sobre la crisis de derechos humanos se revelaron en febrero, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada concluyó que en México persiste “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio (…) muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

Al respecto, el 13 de febrero, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de la administración de Enrique Peña Nieto reprocharon en un comunicado que las conclusiones de los expertos “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”.

La postura del actual gobierno contra el escrutinio de las oficinas de la ONU se agravó en el caso del relator Juan Méndez, quien el mismo día que presentó su informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 9 de marzo, tuvo reacciones oficiales mexicanas adversas.

El 24 de marzo, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, fue prolijo en las descalificaciones contra Méndez ante senadores del PAN.

De acuerdo con revelaciones periodísticas, Gómez Robledo Verduzco, integrado al Servicio Exterior Mexicano en 1988 y embajador desde 2001, en un encuentro privado con los legisladores, supuestamente calificó a Juan Méndez de “muy irresponsable y poco ético”, además de considerarlo autor de un informe “un poquitín banquetero” y alguien con quien el gobierno peñista no está dispuesto a trabajar.

El 27 de marzo, en conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, avaló tales señalamientos al declarar a los reporteros: “Suscribo todos y cada uno de sus términos”.

Cuatro días después, Gómez Robledo ratificó sus consideraciones en una conferencia de prensa, en tanto que organizaciones civiles exigieron a Peña Nieto considerar que las expresiones de sus funcionarios evidencian “un cambio negativo de la política exterior, que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, estas expresiones abonan a la crisis de confianza que enfrenta actualmente el Estado mexicano”.

Las presiones

El primer día de abril, Juan Méndez hizo pública una carta dirigida al representante permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, embajador Jorge Lomónaco, en respuesta al oficio que el mexicano dirigió el 13 de marzo al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Joachim Rücker, quejándose del relator y acusándolo de violar el Código de Conducta.

En su réplica, Juan Méndez refiere que fue presionado por el gobierno mexicano para que modificara su apreciación sobre la tortura en México, y en la entrevista con la reportera agrega que tales coacciones de Gómez Robledo ocurrieron el mismo día en que terminó su visita de trabajo, el 2 de mayo del año pasado, unos 15 minutos después de que diera a conocer avances de sus conclusiones a funcionarios de dependencias con las que trató en su recorrido de 14 días.

“Recibí tres llamadas en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada, como había aseverado ante muchas agencias del Estado en la conferencia de prensa; me sentí presionado a cambiar, sin razones valederas, por supuesto. Me ha parecido poco ético decirle al Estado una cosa y al público y a la prensa otra.”

Apunta que dos llamadas las realizaron directamente Gómez Robledo y un funcionario menor que lo hizo “a pedido” del subsecretario, situación que le pareció extraña porque durante el encuentro con funcionarios no hubo protestas.

“En la reunión que se efectuó en la cancillería estaban representantes de las agencias con las que me había encontrado –era bastante amplia–. Cuando dije frente a todos ellos que para mí la tortura era generalizada en México, nadie reaccionó. Fue después, en esas llamadas telefónicas, cuando se me trató de convencer de que no usara ese término.”

Durante su visita, Juan Méndez tuvo encuentros con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Salud, la Procuraduría General de la República, así como con senadores y diputados federales, con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura; también, con integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y funcionarios del Distrito Federal, Nuevo León, Chiapas y Baja California.

El relator especial, quien ha recibido llamadas de solidaridad tras las descalificaciones oficiales de que ha sido objeto, expresa que en los 10 meses posteriores a mayo de 2014 el tono de las conversaciones con representantes de Peña Nieto fue cordial, y que a finales de aquel mes recibió una carta firmada por Gómez Robledo y Lía Limón, la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación y ahora candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que le pedían que les informara de todos los casos de tortura documentados en su visita.

Por esos días Juan Méndez se encontró con Lomónaco y le explicó las dificultades que tenía para enviarle la documentación, toda vez que como relator sólo cuenta con dos colaboradores que le respaldan en informes para 194 países y en la preparación de visitas a diversas naciones, por lo que remitiría a los representantes del gobierno mexicano lo que estuviera dentro de sus posibilidades, porque su informe se basa en “cientos de entrevistas”.

“Quedó claro desde ese momento que mi informe no estaba basado sólo en los casos que le iba a mandar. Por eso me resulta sorprendente que el gobierno diga que estaba basado en 14 casos, cuando son comunicaciones que se refieren a 107 víctimas”, resalta.

El desconcierto de Méndez tiene aún más sentido si se considera que el 3 de mayo de 2014, en una entrevista a Gómez Robledo publicada en El Universal, el funcionario reconoce que la tortura “no está completamente erradicada” y detalla que “el relator entregó 900 causas de tortura que ya se están tramitando ante la PGR”.

Juan Méndez sostiene que durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el 9 de marzo, en el contexto del 28 Periodo de Sesiones, apenas hubo participación de los Estados parte en la discusión del caso México, además de Lomónaco, quien expresó su rechazo.

Fue el 11 de marzo cuando Méndez escuchó por primera vez que un representante de la cancillería mexicana en Ginebra invocaba el Código de Conducta, en un foro para analizar la situación de la tortura en México, convocado por organizaciones no gubernamentales.

Se trataba de Guillaume David Michel Blin, primer secretario de la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, quien consideró la calificación de “tortura generalizada” como “infundada, injusta, desafortunada e innecesaria”.

Para Juan Méndez su informe sobre la tortura va más allá de la palabra “generalizada” que objeta el gobierno de Peña Nieto.

“Yo puedo ocuparme de temas de mi mandato, que es la tortura; no puedo ocuparme de materias en las que la imagen de México pueda ser mucho más favorable. (…) Cuando me ocupo de la tortura tengo que ser lo más sincero y lo más honesto que pueda con la información que tengo a mi disposición.

“Ojalá que eso ayude, pero me parece que lo que no ayuda es disfrazar mi apreciación y evitar usar ciertos adjetivos solamente porque puedan resultar dolorosos para el país. (…) Ojalá no hubiera llegado a la conclusión de que la tortura es generalizada, pero ojalá me hubieran podido convencer de que estaba equivocado, porque yo sería el primero en rectificar. Pero sin elementos no veo por qué cambiar de opinión”, concluye.

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