El pacto fáustico

El pacto fáustico remite ante todo al sometimiento y entrega del espíritu al poder político y económico. Este mito, muy popular en Europa, ha sido generoso con las artes visuales; con la música, ámbito en el que Charles Gounod compuso la ópera Fausto y Héctor Berlioz La condenación de Fausto, y con la literatura en casos como el de Christopher Marlowe y su Doctor Faustus, y el de Goethe con su obra homónima… Ya en el siglo XX Thomas Mann desarrolló su Doktor Faustus, novela basada en el pacto del músico Adrian Leverkühn con Mefistófeles, motivado por su ambición de convertirse en un genio.

La supeditación al poder público por parte de la política en materia de cultura, sector que enfrenta una severa contracción presupuestal, obliga a dicha política a emprender una metamorfosis coercitiva. El ciclo del pacto fáustico se ha cumplido: toca ahora a los mandarines culturales honrar la parte de su trato; más por necesidad que por convicción, deben instaurar un nuevo modelo cultural que se adapte a la actual realidad nacional.

En efecto, la astricción de los recursos públicos obligó al Ejecutivo federal a rediseñar el presupuesto, cuya concepción, como se ha sostenido, tendrá que modificarse desde su origen. Esta nueva perspectiva compele a toda la administración pública a adoptar un esquema distinto de políticas públicas, y el ámbito de la cultura no es la excepción.

En la nueva arquitectura del presupuesto del Estado mexicano el sector cultural debe asumir nuevos compromisos sociales; debe inicialmente clarificar las políticas públicas mediante programas específicos que sean evaluables, tanto por los órganos internos de la administración como, adicionalmente, por la Auditoría Superior de la Federación, órgano independiente del Ejecutivo federal.

En este contexto, la responsabilidad del sector cultural consiste en el reagrupamiento de sus programas, que residen en una o varias acciones, y en la conformación de un solo conjunto coherente de acciones culturales, las cuales deben regirse con objetivos precisos, definidos con base en principios de interés general, así como en resultados esperables y objetivamente evaluables. En este esquema los mandarines culturales deberán dar cuenta de los resultados obtenidos y de la trascendencia social esperable.

En las políticas culturales son distinguibles varios postulados que rigen sus programas: El conocimiento, la preservación, el enriquecimiento y la promoción de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial; el desarrollo y difusión de la creación; la transmisión de conocimientos y la democratización de la cultura.

La política cultural de resultados

La reducción presupuestal en materia de cultura obliga a desplazar la política de medios y sustituirla por una política cultural de resultados. Los proyectos correspondientes tienen que acompañarse necesariamente de indicadores que permitan apreciar si los programas han contribuido, y en qué medida, a los objetivos específicos previstos, que satisfagan desde luego las expectativas de la sociedad.

La determinación de los indicadores culturales es de la mayor importancia y de muy diversa índole: destacan entre ellos los relativos al valor cultural de la creación artística y los que participan de una vocación patrimonialista cultural. Los índices deben considerar la dimensión económica y la amplitud de la difusión, que constituyen excelentes indicadores.

La evaluación de la política cultural no puede reducirse a la constatación de la ejecución de un proyecto o a la realización de uno o varios eventos, sino a la estimación de su resultado social. Debe permanecer claro en nuestro ánimo que hay una marcada diferencia conceptual entre las realizaciones culturales y sus resultados sociales, cuya evaluación debe trascender el control minimalista del vínculo entre la ejecución y la realización de eventos. De un mero recuento se debe transitar al análisis de la rentabilidad social de la actividad cultural.

Ante la envergadura de la astricción presupuestal, le corresponde al sector cultural justificar los costos asociados a los objetivos específicos y prestablecidos, evidenciar los resultados y determinar de manera precisa los indicadores que justifiquen las elecciones realizadas. Los costos tendrán que sujetarse a una contabilidad que permita apostillarlos y analizarlos. El estudio respecto de la eficacia en cuanto al gasto de los recursos presupuestales en materia de cultura se encuentra ahora en el centro del debate.

El recorte presupuestal en el sector exige una nueva práctica administrativa orientada a resultados específicos y a la determinación del beneficio social que se persigue. Los programas culturales deberán ser elaborados de una manera sincera y mostrar las previsiones que tendrán que adoptarse para lograr su consecución. A la sinceridad administrativa, piedra angular en los círculos de calidad, deberá asociarse ahora la sinceridad cultural.

En lo sucesivo, la gestión cultural tendría que encaminarse a la observancia de objetivos específicos y dar cuenta de los resultados obtenidos, en función de los medios financieros de los que se disponga. La evaluación se realiza ahora con base en una metodología cuantitativa y se reduce exclusivamente a la asignación de recursos presupuestales, a su margen evolutivo y a su gasto.

La astricción de los recursos presupuestales impone la necesidad de un cambio de la perspectiva cuantitativa en materia de cultura. La asignación de recursos en el sector deberá orientarse no a la naturaleza del gasto, sino a la consecución de resultados sociales a partir de objetivos específicos previamente definidos y evaluables.

Es esperable una mutación de profundidad en el enfoque tutelar y centralista de la gestión cultural en una doble variante: la desconcentración de servicios y la descentralización de competencias hacia las colectividades nacionales. De acaecer ello, se generaría una eclosión de la política cultural y una redimensión del poder cultural, altamente centralizado en la actualidad. Las nuevas alianzas que se entretejan, empero, contribuirán mejor a evaluar las políticas culturales públicas.

La legitimidad del modelo cultural

La concertación social es una forma moderna de gobernanza cuya piedra angular es la democracia cultural, única manera de darle legitimidad a la intervención del Estado en la cultura. La imposición de cualquier modelo sin que medie el consenso social conduce inevitablemente a cuestionar la vocación democrática del mismo. Peor aún, la difusión de un modelo cultural que no corresponda a los intereses y motivaciones de la sociedad encontrará naturalmente resistencias sociales.

La astricción presupuestal obliga a reconducir la intervención pública, que deberá abandonar su centralismo, su elitismo y su pronunciada jerarquización; tendrá que reconocer en consecuencia nuestra diversidad cultural y garantizar su existencia y desarrollo, con mayor razón en los medios socialmente más frágiles.

El modelo cultural no debe consistir en una acumulación de obras y de conocimientos, impuestos como una cultura dominante a las comunidades y grupos culturales cuando éstos rebosan de una gran riqueza en expresiones y patrimonio. Las acciones en tal contexto deben orientarse al desarrollo de la cultura que le es propia a nuestras comunidades y grupos culturales, que están llamados a beneficiarse de un reconocimiento social e institucional.

Ahora el poder político difunde una oferta estandarizada e intenta culturizar vanamente a los grupos y comunidades, cuando el proceso es exactamente el inverso: tiene que ir al encuentro de sus aspiraciones y sus necesidades.

Es importante pensar la cultura como parte de la vida cotidiana, cuyos únicos protagonistas son esos grupos y comunidades. Este esquema debiera implicar un desarrollo cultural endógeno que rechace todo movimiento impuesto de la cúspide a la base y que encuentre su origen en los mismos grupos y comunidades. Ello exige un trabajo social y de formación de técnicas culturales tan extensas como sea posible, y es la única manera de propiciar un sentimiento de pertenencia cuyo bálsamo sea la cultura.

El paradigma de la democracia cultural demanda una participación activa en función de las elecciones de las comunidades y grupos como única vía para mejorar su calidad de vida. La astricción presupuestal que enfrenta la cultura pondrá sin duda a prueba la vocación democrática de los mandarines del sector y la observancia del mandato cultural al que los obliga el artículo cuarto párrafo undécimo de la Constitución.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas

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