BRUSELAS (apro).- En un fallo calificado como “una vergüenza” para Italia, el pasado 7 de abril la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) condenó a ese país por no haber llevado ante la justicia, y ni siquiera haber identificado, a los elementos policiacos que infringieron tratos asimilables con “actos de tortura” a los activistas que se manifestaban durante la cumbre del G-8 que tuvo lugar en Génova en julio de 2001 durante el gobierno de Silvio Berlusconi. El fallo de la CEDH, de 63 páginas, se desprende de una demanda que interpuso el 28 de enero de 2011 el ciudadano italiano Arnaldo Cestaro, luego de haber agotado las instancias de justicia nacionales. El demandante acusó ante la corte con sede en Estrasburgo que fue víctima de violencias y de maltratos que pueden calificarse de tortura durante la irrupción policiaca en la escuela Díaz-Pertini, donde él pernoctaba la noche del 21 al 22 de julio. Esa conducta, denunció, viola el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Acusó igualmente que los responsables no fueron sancionados de manera adecuada, debido sobre todo a la prescripción de la mayoría de los delitos cometidos, de la reducción de penas que beneficiaron a algunos condenados y la ausencia de sanciones disciplinarias a los mismos. El Estado italiano, puntualizó, no tomó las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia y los otros tratos degradantes que se cometieron en su contra, ya que no había tipificado como delito la tortura ni, en consecuencia, previsto una pena adecuada para sus autores. Todo lo anterior contravendría los artículos 3, 6 y 13 de la citada convención europea. En su veredicto, el cual obra en poder de Apro, la CEDH determinó que sí hubo un incumplimiento a la convención y consideró que la violencia policiaca había sido cometida “de manera totalmente gratuita”. Menciona que, tomando en cuenta “la gravedad de los hechos”, la actitud de las autoridades no puede aceptarse como una “reacción adecuada”. Más aún, la corte “lamenta que la policía italiana haya podido negarse impunemente a aportar a las autoridades competentes” su apoyo para la identificación de los policías agresores. El Estado italiano tendrá que pagar a Cestaro una indemnización de 45 mil euros por daño moral y realizar modificaciones legislativas que resuelvan lo que la CEDH calificó como “problemas estructurales” que habrían permitido que la brutalidad de la policía se saliera de control. Dos días después del fallo, la Cámara de Diputados de Italia aprobó un proyecto para introducir el delito de tortura en el código penal, después de un debate de ocho meses. El Senado deberá ahora adoptarlo. No obstante, el primer ministro italiano Matteo Renzi decidió dar su respaldo a uno de los principales señalados, Gianni De Gennaro, que era el jefe de la policía durante la represión en Génova y quien actualmente se desempeña como presidente del poderoso grupo industrial Finmeccanica. De Gennaro fue absuelto por la corte de apelación en 2011. Devastación La desbocada violencia que exhibieron las fuerzas del orden durante las movilizaciones antiglobalización de Génova marcó una página negra en la historia reciente de Italia. Con base en los documentos de los diferentes procesos judiciales italianos, la CEDH describe en la primera parte de su fallo lo ocurrido. Explica que la policía había delimitado una “zona roja” a la que sólo podían ingresar habitantes y personas que debían presentarse a su trabajo. Esa área estaba enclavada en una “zona amarilla” que, a su vez, estaba rodeada de una “zona blanca” o “normal”. Por otro lado, la policía clasificó a los diversos grupos de manifestantes de la siguiente manera: el “bloque rosa”, no peligroso; el “bloque amarillo” y el “bloque azul”, susceptibles de cometer actos de vandalismo, bloquear calles y trenes y enfrentarse con la policía, y el “bloque negro”, entre los que se encontraban grupos anarquistas y otros que, encapuchados y vestidos de negro –por eso llamados black blocks—venían cometiendo sistemáticamente destrozos en casi cada cumbre que tenía lugar en aquella época. El 19 de julio tuvieron lugar dos manifestaciones en calma. Ese día por la noche se dieron los primeros incidentes. Al día siguiente, cuando había anunciadas varias manifestaciones, estalló la violencia: los black blocks chocaron en numerosas ocasiones contra las fuerzas del orden y atacaron bancos y supermercados; la prisión de Marassi y varios comisariados de policía fueron objeto de actos de vandalismo. Uno de esos enfrentamientos se produjo en la calle Tolemaide, al paso del cortejo de los llamados Tute Bianche, que componían un grupo potencialmente “amarillo”. Una unidad de carabineros les lanzó gases lacrimógenos y cargó contra ellos golpeándolos con toletes y porras no reglamentarias, precisa la CEDH. Se extendieron los combates en otras partes de la ciudad. A las 17:20 horas, en la plaza Alimonda, un joven manifestante, Carlo Giuliani, fue asesinado por el disparo en la cabeza que provenía de un jeep de carabineros que intentaba escapar de un grupo de black blocks que lo tenía rodeado. El 21 de julio, cerca de 100 mil personas participaron en la manifestación final contra el G-8. Los enfrentamientos con las fuerzas del Estado, particularmente violentos, comenzaron desde la mañana y continuaron todo el día. “Durante los dos días de incidentes, varias centenas de manifestantes y miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos o intoxicados por los gases lacrimógenos. Barrios enteros de la ciudad fueron devastados”, resume la CEDH en el documento. En esa relación de hechos se narra que la municipalidad de Génova había puesto a disposición de los organizadores del Foro Social los locales de dos escuelas adyacentes situadas en la calle Cesare Battisti para que instalaran un centro multimedia. En la escuela Díaz-Pascoli se implantó un centro de prensa y una oficina de abogados con el propósito de que asistiera a los activistas detenidos; y en la Díaz-Pertini se estableció un punto de acceso a internet. Con autorización oficial, dadas las dificultades que la atmósfera de violencia imponía para poder acampar en los sitios previstos, ahí también se improvisó un albergue para que pasaran la noche los manifestantes. Los vecinos se habían quejado con la policía que jóvenes vestidos de negro habían entrado a la escuela Pertini y habían tomado material de una obra en curso. Cuando comenzaba la noche del 21 de julio, una patrulla que pasaba frente a las escuelas enardeció a los jóvenes apostados frente a las escuelas, que le lanzaron una botella vacía. La CEDH refiere que los altos mandos de la policía decidieron proceder a una perquisición “para recabar pruebas” contra los agresores y, eventualmente, detener a los black blocks responsables de los destrozos. A la medianoche, unos 500 agentes –según la Corte de Apelaciones italiana, aunque nunca se conoció con precisión cuántos participaron, aclara el documento—comenzaron una operación de extrema violencia contra los ocupantes de la escuela Pertini. La CEDH afirma que siempre estuvo informado el entonces jefe de la policía, De Gennaro. Brutalidad policiaca La CEDH delinea una rápida secuencia de la represión policiaca. Comienza cuando, en el exterior de la escuela, un periodista y un consejero municipal son pateados y golpeados con toletes por elementos policiacos del VII Núcleo Antisommossa, una división especializada antimotines. Los activistas corren, cierran la valla y bloquean las puertas de acceso a la escuela con bancos y tablas de madera, pero la policía las derriba con un vehículo blindado. Citando como fuentes el fallo de primera instancia y el de apelación de la justicia italiana, la resolución de la CEDH continúa su narración de lo sucedido: “Los agentes se distribuyeron en los pisos del inmueble, parcialmente sumidos en la oscuridad. Con el rostro oculto, comenzaron a golpear a los ocupantes a puñetazos, patadas y con toletes, gritando y amenazando a las víctimas. Grupos de agentes se ensañaron sobre aquellos ocupantes que estaban sentados o acostados sobre el piso. “Algunos ocupantes, que fueron despertados por los ruidos del asalto policiaco, fueron apaleados mientras todavía se encontraban en sus sacos de dormir; otros fueron agredidos mientras levantaban las manos en señal de rendición o mostraban sus papeles de identidad. Algunos intentaron huir o esconderse en los baños o en otros cuartos del edificio, pero fueron atrapados, golpeados y sacados a veces fuera de sus escondites tirándoles de los cabellos”. Arnaldo Cestaro, el denunciante, tenía entonces 62 años. Se encontraba en la planta baja de la escuela. Dormía, pero al escuchar la irrupción de los policías se sentó contra el muro y elevó sus brazos en el aire como lo hicieron otros ocupantes a su lado. Aun así fue golpeado principalmente en la cabeza, los brazos y las piernas, por lo que sufrió fractura del cúbito derecho, del estiloide derecho, la fíbula derecha y de varias costillas. La víctima debió ser operada en un hospital de Génova --donde tuvo que permanecer internado cuatro días-- y años después tuvo que ser nuevamente intervenido en Florencia. A causa de esa paliza obtuvo oficialmente una incapacidad temporal del trabajo superior a 40 días, y sufre de una debilidad permanente del brazo y la pierna derecha. La CEDH señala que, concluida su irrupción, las fuerzas del orden vaciaron mochilas y otras maletas de los ocupantes, pero sin identificar a los respectivos propietarios ni explicar la naturaleza de esa medida. Luego juntaron los objetos recolectados en una bandera negra que encontraron en el gimnasio de la escuela, donde fueron llevados algunos ocupantes y obligados a sentarse o tirarse al piso. Los 93 ocupantes fueron arrestados y acusados de asociación delictuosa con el objeto de causar destrozos y devastación, de resistencia agravada a la autoridad y portación abusiva de armas. Algunos tuvieron que ser llevados a hospitales y otros fueron transferidos inmediatamente al cuartel de Bolzaneto, donde continuaron las agresiones en su contra. El jefe de la unidad de prensa de la policía, relata la CEDH, declaró a los reporteros en el lugar de los hechos que durante la perquisición se habían hallado ropa y pasamontañas de color negro similares a los utilizados por los black blocks. Explicó que las numerosas manchas de sangre que se veían provenían de las heridas que se había causado la mayor parte de los ocupantes durante las escaramuzas fuera de la escuela. Sin embargo, la corte europea recuerda que los detenidos fueron finalmente absueltos de los cargos. El gobierno italiano cuenta con tres meses para apelar la resolución de la CEDH.