VALPARAÍSO, Chile (apro).- La pequeña comunidad de Caimanes --ubicada en la semiárida provincia del Choapa, Región de Coquimbo-- obtuvo un triunfo legal en su prolongada disputa con la Minera Los Pelambres (MLP), la cual instaló en su territorio el tranque de relaves El Mauro que, derruido y agrietado, hoy los amenaza con el exterminio. MLP es el proyecto más grande de Antofagasta Minerals, empresa de la familia Luksic, la más poderosa de Chile y la 57 más rica del mundo, según el más reciente ranking de la revista Forbes. Sólo en 2014, MLP aportó a esta familia ganancias por más de 2 mil millones de dólares. Según consigna la organización Relaves.org, un relave “es el área ocupada por los desechos de roca molida, minerales, agua, metales pesados y químicos como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc, mercurio, entre otros, que se obtienen como producto de los procesos de concentración de minerales”. Estos relaves, “se depositan en forma de pulpa, en donde el material sólido va decantando en el fondo de una laguna artificial”. Ignorada por los medios de comunicación y varias administraciones chilenas, Caimanes, con sus mil 600 habitantes, consiguió lo que parecía imposible: que la Corte Suprema, en fallo de 21 de octubre de 2014 en juicio por “obra nueva”, estableciera que Los Pelambres debía restituir “el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro”. Los desechos mineros son trasladados hasta allí desde la mina (ubicada casi en la frontera con Argentina) a través de un “relaveducto” de 60 kilómetros. Este megadepósito tóxico, el más grande de Sudamérica, se comenzó a construir en 2005, luego de que la autoridad ambiental diera luz verde al proyecto Los Pelambres, por medio de Resolución de Calificación Ambiental 3, de 8 de abril de 2004. En entrevista con Apro, el vocero del Comité de Defensa de Caimanes, Cristián Flores, expresa que este fallo confirma lo que ellos denunciaban: “El tranque El Mauro está mal construido, están mal entregados los permisos de aguas y que se violentaron nuestros derechos”. Pese a lo rotundo del fallo, la minera interpretó que sólo con la implementación de obras menores –como la construcción de un pozo de extracción de agua y de un estanque de almacenamiento-- se resolvía el problema. Así lo hizo saber por medio de un “plan de ejecución” entregado al Juzgado de Letras de Los Vilos (comuna en que se emplaza El Mauro) el pasado 2 de marzo. Este plan no se pronunciaba respecto de lo sustancial: devolver las aguas del estero Pupío, medida que en la práctica obligaba a MLP a sacar todo el material depositado, lo que es extraordinariamente costoso. El juez de Los Vilos, Jairo Martínez, desestimó la alternativa presentada por la empresa de los Luksic y ordenó “la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque de relaves El Mauro a fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del Pupío”. Según ha reconocido MLP, esta orden implica que deberá paralizar todas sus faenas, puesto que por ahora no tiene dónde arrojar sus desperdicios. Flores expresa respecto de lo definido por el máximo tribunal: “Estamos felices porque tenemos un fallo que nos permitirá, en unos 20 o 30 años, poder volver a ver nuestro valle tal como fue históricamente”. Con nostalgia este dirigente recuerda: “Antes que llegara Pelambres, El Mauro era una selva en el desierto: teníamos un bosque de 70 hectáreas de puro canelo chequén que quedó sepultado debajo de millones de toneladas de relave. Había peumos, arrayanes y miles de otros árboles nativos de diferentes especies. Había tranquilidad, aire puro, sin contaminación de nada. Teníamos una cultura propia… y todo eso se perdió”. Añade: “Ahora hay una división enorme: se pelearon padres con hijos, entre hermanos, amigos de toda la vida”. Flores acusa a Pelambres de provocar la división al comprar voluntades con dinero. Pero afirma: “Hay quienes no estamos dispuesto a transar por plata nuestra felicidad y el vivir en una ambiente libre de contaminación”. El tranque El Mauro fue construido para resistir un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, en una zona en que debió construirse para un terremoto 9.2, como denunció ante diversas cortes, hasta demostrarlo, el arqueólogo Patricio Bustamante. “De colapsar el muro, sus depósitos tardarían cinco minutos en llegar a Caimanes. Nadie alcanzaría a escapar”, señala a Apro este investigador. Cabe señalar que Chile es el país más sísmico del mundo. En mayo de 2014 la Corte de Los Vilos ya había declarado a El Mauro como “obra ruinosa” en consideración a que su muro comenzó a filtrar líquido por numerosas grietas. Caimanes se ha movilizado para exigir el cumplimiento del fallo judicial. Sus habitantes tomaron el 1 de diciembre el camino de acceso al relave impidiendo el paso a los trabajadores de MLP. Permanecieron ahí hasta que el 11 de febrero fueron desalojados por fuerzas especiales de Carabineros. En solidaridad con Caimanes y en pos de sus propias demandas de agua, otras comunidades del Valle del Choapa (en que se encuentra inserto el valle del Pupío) se unieron, el 16 de febrero, a las protestas. Bloquearon los ingresos a la mina. El 4 de marzo, un gran contingente policial, que actuó por aire y tierra, despejó con fuerza los caminos: ocho manifestantes resultaron heridos. Uno de ellos, José Luis Pizarro, de 19 años, perdió un ojo por disparo de balín. Fruto de las movilizaciones y del fallo de la Corte Suprema, el país puso sus ojos en la lucha de Caimanes y del Choapa. A fines de febrero y principios de marzo el hashtag #Caimanes estuvo por varios días entre los trending topic de Chile. La presión ciudadana determinó que los principales noticieros de radio y televisión visibilizaran, por primera vez, el drama de Caimanes. “Épica” El citado fallo judicial supone la mayor derrota que hayan tenido los Luksic en su historia como gran grupo económico. De hecho, MPL acusó a los abogados de los pobladores de Caimanes y al dirigente Cristián Flores de los delitos de “prevaricación, asociación ilícita, desórdenes públicos y suscripción engañosa de documentos”. Sin embargo fueron absueltos en fallo del Tribunal Oral de Ovalle el 21 de diciembre de 2012. Pero “la épica de Caimanes” –como ya ha sido bautizada por diversos cronistas-- se remonta a 2005, cuando los pobladores presentaron un recurso de reclamación contra la Dirección General de Aguas (DGA) por haber autorizado el proyecto violando con ello sus derechos sobre las aguas del Pupío. Pidieron que los derechos entregados a MLP se anularan. En julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago, acogiendo este recurso, estimó, en el considerando 82 de su fallo, que la DGA violó la ley al autorizar la construcción de dicho tranque, puesto que “la prudencia más elemental aconsejaba (…) desestimar un proyecto que, para ser concretado, conllevará todo el daño que se ha hecho ver en la cuenca geográfica de que se trata, ubicada en una cadena montañosa y enclavado dicho proyecto precisamente por donde se desplazan y manan de modo natural las aguas de que se abastece y beneficia tan amplio sector geográfico del país”. Ese histórico fallo determinó que el tranque era un peligro y que se debía detener su construcción. Sin embargo, MLP contactó al entonces abogado de Caimanes, Fernando Dougnac, y a algunos dirigentes de dicha comunidad. Acordaron sin informar a la comunidad desistir de las acciones judiciales. Recibieron por ello 26 millones de dólares. La mayoría de los caimaninos rechazó este avenimiento. Lo consideraron injusto e ilegal. Entablaron un juicio contra Dougnac y sus dirigentes, el que está aún en tramitación. Este revés no los derrotó. Reagrupados en el Comité de Defensa de Caimanes, desde entonces liderada por Flores, esta comunidad continuó su travesía. En el segundo semestre de 2010 –bajo el gobierno del derechista Sebastián Piñera-- 11 caimaninos realizaron una huelga de hambre que se prolongó por 80 días. Pedían justicia y soluciones para su pueblo. Nada consiguieron del Estado; los grandes medios omitieron su protesta. Pero ellos no cesaron. El Comité de Defensa, con el apoyo de la Fundación France Libertes –creada en 1986 por Danielle Miterrand--, consiguió llevar sus reclamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2012, 2013 y 2014. Allí denunciaron la violación a los derechos humanos de la que estarían siendo víctimas. Chile ha esquivado responder lo allí denunciado. Poder al desnudo La crisis del proyecto Pelambres se da en momentos en que los Luksic –liderados por Andrónico y Jean Paul Luksic Craig-- se encuentran en el ojo del huracán. Esto, luego que el 5 de febrero el semanario Qué Pasa publicó el reportaje titulado Un negocio Caval, en el que informó que el Banco de Chile –dirigido por Andrónico-- aprobó en diciembre de 2013 un crédito por 6 mil 500 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares al cambio de aquel entonces) a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, propiedad de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon y en la que su hijo, Sebastián Dávalos, oficiaba como Gerente de Proyectos. Este episodio –que ha sido bautizado como el “nueragate”-- ha hundido en el descrédito a la presidenta Bachelet, pero también a los Luksic. A raíz de la vorágine informativa de este y otros hechos de corrupción que involucran a la élite política y empresarial, se ha puesto de relieve la íntima imbricación que existe entre el poder político y los grandes grupos económicos, sobre todo, con el clan Luksic. Se ha destacado que cuatro de los actuales ministros de Bachelet ocupaban cargos directivos en empresas de los Luksic al momento de ser designados en sus nuevas funciones. La molestia ciudadana se ha visto justificada al constatarse el apoyo que las actuales autoridades dan a los principales emprendimientos de este grupo económico, como es el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que es fuertemente resistido por los daños ambientales que considera su instalación. La energía de Alto Maipo, proyecto que ya se construye en una fracción de la Cordillera de Los Andes cercana a Santiago, está proyectada para ser entregada a MLP, empresa que planifica una inmensa ampliación de su producción minera en el Choapa, en otro proyecto que trabaja en las tinieblas: Scope. El rechazo a los contaminantes proyectos que los Luksic desarrollan con el apoyo del Estado, ha derivado en grandes protestas en varios puntos del país. El 7 de marzo 10 mil personas marcharon por Antofagasta –capital de la homónima Región-- para exigir el cierre de un galpón de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre, que está en el Puerto y muy cercano al centro de la ciudad. El almacenamiento de metales pesados diseminados por el aire ha afectado principalmente a niños, como evidencian muestras de sangre a ellos realizadas. En éstas, se han verificado altísimos niveles de plomo y arsénico. Fruto de la presión ciudadana, cinco días después de aquella manifestación, el Tribunal Ambiental de Santiago ordenó el cierre temporal de este galpón. No ha pasado desapercibido el hecho que la actual ministra de Minería, Aurora Williams, haya sido –hasta febrero de 2014-- gerente de administración de ATI: empresa del grupo Luksic que tiene la concesión del puerto de Antofagasta. Los Luksic son dueños también de Aguas Antofagasta, empresa que provee el vital elemento a esta ciudad de 400 mil habitantes. También es propietario de la principal embotelladora de refrescos y agua: la CCU. La orden de demolición de El Mauro no sólo sacudió a los Luksic sino a toda la élite empresarial. El presidente de la patronal Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, afirmó el 11 de marzo que la decisión de la justicia era “una aberración”. Se preguntó: “¿Alguien se imagina que se pueda derribar el tranque?”. Este argumento ha sido repetido en una especie de ofensiva comunicacional que apunta a no acatar el fallo judicial. Este, sin embargo, es inapelable.