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El asunto tortura no está cerrado: 4 mil casos en ocho años

Mientras el gobierno federal sigue con sus malabarismos informativos para limpiar su imagen y negar que en México la tortura sea algo generalizado, los organismos pro derechos humanos internacionales y nacionales siguen documentando esa oprobiosa práctica. Tras el informe del relator de la ONU, Juan Méndez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos aporta sus propias cifras: más de 4 mil casos en los últimos ocho años. A su vez, el representante de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, sostiene que la “generalización” de abusos como la tortura va “más allá de los números”.

Las cifras sobre la tortura en México acumuladas durante los últimos años en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desmienten cualquier discurso conciliador: más de 4 mil casos presentados en la primera dependencia y más de un centenar de expedientes en la segunda.

El relator especial de la ONU sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez, documentó esa práctica generalizada en su informe de la semana antepasada, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se empecina en negarla.

“Las cifras de México en materia de tortura son escandalosas; en cualquier otro país se arma un borlote si hay un solo caso. Aquí parece que es algo normal”, sostiene el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez.

Según los datos recabados por el organismo de Guevara por medio de solicitudes de información pública, la PGR registró 23 denuncias por tortura en 2006; para octubre de 2014 la cifra se disparó a 2 mil 55 denuncias, de las cuales 3 mil 568 (88%), se registraron en los últimos dos años.

De ese total, sólo mil 884 corresponden a “casos que se encuentran en investigación”, comenta Guevara.

Respecto a las cifras del ómbudsman nacional, en el periodo del 1 de diciembre de 2006 –cuando Peña Nieto asumió la Presidencia– al 30 de octubre de 2014 se abrieron 104 expedientes de queja exclusivamente por tortura.

Sin embargo, esos datos han sido omitidos en las comunicaciones emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con un propósito avieso: contravenir la conclusión presentada el 9 de marzo último en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el relator Méndez, según la cual “la tortura y los malos tratos (durante las detenciones) es generalizada”.

En su comunicado del domingo 5, la dependencia insistió en que en su documento Méndez se refiere a “14 casos de tortura”, pero lo malinterpreta. Señala, por ejemplo, que aun cuando la CNDH y las comisiones estatales reportan “un número muy elevado de denuncias por tortura”, la gran mayoría son desechadas. Eso “lo reconoce el señor Méndez en el párrafo 32 de su informe”, apuntó la cancillería.

El fragmento citado en realidad apunta hacia la impunidad que envuelve a la tortura y a los malos tratos, y no que reduzca “innegable y significativamente el universo de casos donde se alega la práctica”, como menciona el boletín.

El párrafo indica: “El número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad”. Y agrega que hubo “sólo cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013”, de acuerdo con la información del gobierno federal.

Asimismo, el relator hace consideraciones sobre la incompatibilidad en las cifras de quejas por tortura y malos tratos recibidas por los organismos públicos de derechos humanos con respecto a las recomendaciones que emiten.

“Ante 11 mil 254 quejas de torturas y malos tratos recibidos entre 2005 y 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones sobre las cuales no existe una sola sentencia penal. Esto indica que la impunidad abarca casos de tortura comprobados por las comisiones. Salvo ejemplos aislados, tampoco hay investigaciones administrativas ni destituciones y muchos de los presuntos culpables continúan en sus funciones”, concluye el párrafo del informe.

Información sesgada

La CMDPDH obtuvo de la PGR un reporte del “número de los peritajes de investigación médica y psicológica de posibles hechos de tortura”, conocido como Protocolo de Estambul, practicados del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014.

En el oficio SJAI/DGAJ/01862/2015, fechado el 16 de febrero último, la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales destaca que en ese periodo, agentes de la PGR realizaron 637 peritajes para determinar si hubo tortura en las detenciones.

En 74 la información resultó positiva: en 31 casos hubo tortura física; en 19 tortura psicológica, y en 24 ambas. Del total, 99 fueron clasificados como malos tratos; en dos el resultado fue “indeterminado” (información insuficiente o sin elementos), y 463 se consideraron “negativos”.

La mayor parte de los exámenes del Protocolo de Estambul se aplicaron en 2013 y el año pasado, 202 y 185, respectivamente.

Guevara consiguió también información oficial relacionada con la reforma al fuero militar correspondiente a abril de 2014, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2013 que prohíben que casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra civiles sean litigados en el fuero castrense.

Así, de 2006 a 2014 la PGR conoció mil 273 denuncias contra militares, de las cuales sólo se aplicó el Protocolo de Estambul en 23 casos, aunque no se señalan los resultados.

Las cifras muestran la evolución de las denuncias por abusos cometidos por tropas del Ejército en tribunales del fuero civil. En el bienio 2006-2007 no hubo ningún registro en la PGR. Los primeros 63 casos se presentaron en 2011 y subieron a 810 en 2014. Durante ese lapso, los exámenes para determinar la tortura en los detenidos pasaron de dos a seis.

En su informe, el relator de la ONU refirió que el Protocolo de Estambul es utilizado para legitimar “investigaciones inadecuadas”, toda vez que en casos en que el resultado es negativo, “el examen médico es interpretado como evidencia de ausencia de tortura, tanto por fiscales para justificar no iniciar investigaciones, como por jueces para no excluir pruebas ni ordenar investigaciones”.

La CMDPDH también tramitó solicitudes de información en la CNDH sobre los casos en los que detectó casos de tortura de forma contundente.

De 2006 a 2014, la Comisión abrió 104 expedientes por tortura cometida por corporaciones policiales federales y efectivos de las Fuerzas Armadas en 21 entidades. En ocasiones participaron de manera conjunta uniformados estatales y municipales.

Las autoridades federales más mencionadas por las víctimas son la Sedena, en 64 casos; la Secretaría de la Marina, en 18, y la PGR, en ocho. Los cinco estados con mayor incidencia en este rubro son Chihuahua, 19; Michoacán, 13; Veracruz, ocho; Baja California y Tabasco, siete cada una.

Respecto al estado en que se encuentran esas quejas, el ómbudsman nacional notificó a la CMDPDH que 78 fueron motivo de recomendación; siete se cerraron por acumulación; 14, en los que los presuntos agresores eran miembros del Ejército, se concluyeron por el desistimiento del quejoso; otra fue clasificada como concluida por “falta de interés procesal del quejoso”, una más, en la que se señalaba a integrantes de la Policía Federal, fue cerrada por “no existir materia”.

Actitud reactiva

Días después del comunicado emitido por la Cancillería el domingo 5 en torno al informe del relator Méndez –con el cual el gobierno de Peña Nieto pretende dar por concluido el debate–, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, respaldó la posición del gobierno federal, luego de hacerle un llamado a admitir el escrutinio internacional y asumir las recomendaciones de la ONU.

El miércoles 8, al término de la firma de un convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los reporteros le preguntaron a González Pérez sobre la clasificación de situación “generalizada” de tortura y malos tratos, según el informe del relator.

Un tanto titubeante, el ómbudsman señaló que “desde cifras que tiene la CNDH –son las cifras que tiene la CNDH, nada más–, digamos que yo no podría estar en concordancia (con el término de tortura generalizada)”.

Los reporteros insistieron. ¿Cuáles son las cifras que lo llevaban a esa conclusión?, le preguntaron. González Pérez señaló que las cifras de tortura tienen que analizarse “con otro fenómeno que es el trato inhumano, cruel y degradante”. Y añadió que desde esa perspectiva tampoco estaría “en concordancia” con el relator.

“En todo caso, el diferendo se puede aclarar en función de las cifras. Lo importante es centrarnos en que no podemos permitir ninguna tortura. Tortura que no es investigada y sancionada –acotó–, puede ser propiciatoria de más violaciones.”

Para organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que en septiembre de 2014 presentó el informe Fuera de control. Tortura y malos tratos en México, la “generalización” de abusos como la tortura va “más allá de los números”.

Para Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI en México, “el término de generalizado tiene que ver con una cuestión de magnitud y de cómo se está presentando la tortura; es una práctica que encontramos en todas fuerzas que ejercen algún mando policial. No implica una cifra estratosférica; se trata de una práctica recurrente en ciertas corporaciones”.

En entrevista, Quiroz destaca la tortura como una práctica “generalizada y persistente” en México, como se consideró en el informe de AI, pero también fue rechazado por el gobierno de Peña Nieto.

“Tuvimos una reunión con el entonces procurador Jesús Murillo Karam el año pasado y nos dijo que no coincidía con nuestro informe y que una de las acciones que se estaban tomando para mejorar la situación era que estaban recibiendo más denuncias de tortura, a lo que le respondimos que eso era porque el Poder Judicial es el que está dando vista al Ministerio Público a partir de un ordenamiento a los jueces por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por iniciativa de los agentes estatales”, relata Quiroz.

Recuerda que en noviembre de 2013, a partir de la resolución de un amparo, la Suprema Corte giró instrucciones a los jueces federales para que “en cuanto sepan o escuchen que una persona dice haber sido víctima de tortura, se dé vista al Ministerio Público”.

El amparo al que hace referencia Quiroz es el que puso en libertad a Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en 2010, pese a haber denunciado ante la juez que llevó el caso que fue torturado por elementos de la Sedena para declararse culpable.

En la reunión con Murillo Karam, dice Quiroz, se informó a los activistas que en las primeras semanas en que se liberó el ordenamiento de la Corte, “las denuncias por tortura crecieron 700%, y que la PGR había recibido unas 600 quejas”.

Sobre el argumento esgrimido por el gobierno federal y del ómbudsman nacional de que el número de recomendaciones de la CNDH no reflejan que la tortura y los malos tratos sean generalizados en México, Quiroz advierte que la conclusión de un expediente de queja por el organismo “no quiere decir que no hubo violaciones a derechos humanos, una queja puede darse por cerrada si se llega a una conciliación entre la institución a la que pertenece el agresor y la víctima”.

El defensor considera “engañoso” que el gobierno de Peña Nieto pretenda medir el problema de la tortura tomando en cuenta sólo las recomendaciones de la CNDH, que se refieren a autoridades federales, “lo que deja de lado las actuaciones de las autoridades estatales y municipales”.

Para acercarse a la “magnitud del tema hay que tomar en cuenta la cifra negra del delito, el número de casos que no se denuncian, que según el último registro del Inegi de 2013, ronda en 96.3%; es decir, solamente del 6 al 7% de los delitos cometidos en este país se están denunciando.

“Siguiendo esta lógica estadística, hay que tomar en cuenta la cifra negra del delito con respecto a la tortura en el universo de casos que no se denuncian por temor o porque no se confía en las autoridades ni en las instituciones, incluida la CNDH, sobre todo cuando hablamos de un país en el que la tortura está tan arraigada como en México.”

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