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Colecciones de arte privadas y patrimonio público

La colección privada Thyssen-Bornemisza se encuentra entre las más preciadas en el mundo y su valor actual –41 mil millones de euros– excede a cualquier imaginación. Inicialmente albergada en la Villa Favorita de Lugano, Suiza, hoy muestra su esplendor en Palacio de Villahermosa, situado en el Paseo del Prado, en Madrid. La negociación de la llamada “compra del siglo” no estuvo exenta de dificultades y requirió de una arquitectura legal muy sofisticada.

Conforme a la legislación cultural de España, la instancia administrativa competente para intervenir en la adquisición era la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Se optó sin embargo por obviar a la burocracia cultural de ese país. En términos llanos, La Favorita Trustee Limited, dueña formal de la colección, y la monarquía celebraron un contrato de préstamo de una parte importante de dicho acervo. De manera paralela, España y el barón Thyssen-Bornemisza crearon la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, que debería de adquirir esa parte de las obras.

Para tales efectos el Estado español fondeó originalmente a esa institución 41 mil millones de pesetas, moneda de curso legal en la época, para la adquisición del acervo, y se obligó a acondicionar y ceder en forma gratuita el uso del Palacio de Villahermosa para la exhibición permanente de las obras. Ello requirió de la aprobación de un decreto-ley específico, el cual fue publicado en el Boletín de las Cortes Generales el 25 de junio de 1993.

A lo anterior se sumó un contrato de préstamo de obras de arte que formalizaron el Estado español y Carmen Thyssen-Bornemisza, cónyuge y heredera del citado barón. Para hospedar y exhibir la colección hubo que adquirir dos inmuebles contiguos al Palacio de Villahermosa.

Finalmente, en un hecho sin precedentes y para hacer viables las exposiciones de estas obras, el Estado español extendió su garantía de seguro a una colección privada que todavía no le pertenecía.

Lo relevante de este artilugio jurídico es, pues, que el Estado español evitó desde el inicio adquirir en propiedad la colección hasta en tanto no se hubiesen cumplido todas las prestaciones a las que se obligó, y desde luego buscó eliminar las suspicacias del barón de que éste sería efectivamente pagado. Más aún, todos los contratos se realizaron al amparo de la legislación inglesa, a cuya jurisdicción se sometió España ante la eventualidad de cualquier controversia. Ahora, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza ya forma parte del Estado español.           

Otra colección privada destacable es la del británico Sir Denis Mahon, catalogada como la más importante de obras barrocas. Este coleccionista creó al efecto una fundación y donó sus obras a los siguientes recintos: National Gallery de Escocia,  National Gallery de Londres, los museos Ashomolean de Oxford y Fitzwilliam de Cambridge, Art Gallery de Birmingham y Temple Newsman House de Leeds, Inglaterra. El contrato de donación fue igualmente sofisticado: les impuso a los museos la obligación de no cobrar bajo ninguna forma por el acceso público a la colección y prohibió la venta de las obras, so pena de restituirlas a la fundación. Una insólita limitación al derecho de propiedad.

En tiempos recientes los legados de obras de arte en disposiciones de última voluntad han dado origen a múltiples controversias de legalidad. El acervo de Cornelius Gurlitt, el coleccionista alemán que mantuvo en su casa arte robado por los nazis, contenía principalmente obras acopiadas durante el periodo del “arte degenerado” nazi. Al morir Cornelius en mayo de 2014, su hijo y heredero, Hildebrand Gurlitt, legó esta colección al Museo de Arte de Berna, que la aceptó bajo la premisa de que se depuraran todas aquellas obras que hubieran sido robadas.

De la misma manera, a finales del siglo XX, la colección del estadunidense Albert Barnes fue objeto de un largo litigio. Al final, con base en una forzada “reinterpretación” de su última voluntad, la jurisdicción ordenó dar acceso público a su colección, para cuyo resguardo y exhibición la ciudad de Filadelfia edificó un excelente museo.

El debate

Las colecciones privadas son hijas de nuestro tiempo; reflejan una mentalidad cambiante sobre la significación del concepto de colección de arte que gravita en torno a diversas consideraciones estéticas, la conformación de esos acervos y elecciones económicas.

Así, las colecciones se han convertido en una importante fuente de atesoramiento como expresión de un activo patrimonial. Estas últimas van en constante aumento y su importancia cultural es cada vez mayor, en especial si se considera la escasez creciente de los recursos públicos. Dichos acervos están ganando un enorme espacio cultural sin haber librado para ello una sola batalla.

Los valores económicos y culturales son construcciones sociales entre las que existe un claro vínculo donde el coleccionista es una de las dramatis personae en el mercado del arte. Ellos figuran como uno de los agentes económicos más relevantes en el mercado, pues determinan en gran medida la viabilidad y sustentabilidad de la producción artística. El vector en los coleccionistas es la valorización estética, que depende de la construcción social en cada uno de los mercados y cuya legitimidad se encuentra en constante controversia.

Las colecciones privadas de bienes culturales han sido y siguen siendo objeto de grandes polémicas, que oscilan en dos extremos: en uno se les considera como eje fundamental en la constitución del patrimonio cultural, sobre todo en los países de destino, y en el otro se sostiene que son precisamente los coleccionistas quienes actúan como catalizadores de la destrucción del patrimonio cultural de los países de origen. Son dos posturas que pudieran parecer irreconciliables.

El debate en torno a este tipo de colecciones debe insertase empero en las diferentes culturas; sólo mediante el análisis contextual de esos acervos resultan comprensibles sus diferentes acepciones, y, sobre todo, se posibilitan así propuestas importantes en el ámbito internacional.

Es por ello que se ha impulsado un consorcio interinstitucional entre la UNESCO y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) con el propósito de elaborar una legislación que dé certidumbre a las colecciones privadas a escala mundial.

La Convención Cultural de Roma, aprobada bajo los auspicios del (UNIDROIT) –que este año cumple su vigésimo aniversario–, le confiere a los coleccionistas privados la legitimidad procesal activa para reclamar en las jurisdicciones internacionales la restitución de bienes culturales robados. El efecto cultural es muy claro: rompe con la hegemonía que la Convención de la UNESCO de 1970 le confiere a los Estados para determinar la culturalidad de los bienes que deben ser protegidos. A partir de este hecho se abre un nuevo espacio de libertad cultural que debemos profundizar abriendo ahora un espacio social.

Los diferentes sistemas de legalidad no reconocen un régimen específico para las colecciones privadas, y menos para las de arte contemporáneo. Algunas disposiciones, si llegaran a existir, se encuentran totalmente dispersas. A ello habría que agregar que la percepción social respecto de la vinculación entre las colecciones privadas y las públicas varía enormemente.

Las inquietudes gravitan en torno a los derechos y obligaciones del coleccionista: el cuidado y preservación de su acervo, los préstamos para la exhibición del mismo y los impuestos por su posesión o por su enajenación, entre otros.

Se requiere inicialmente dilucidar una diferencia de principio entre las colecciones privadas y las públicas. La motivación en lo que atañe a la creación de las primeras es muy variable: filantropía, prestigio social o la vinculación post mortem con una institución museística prestigiosa. Este aspecto ha creado entre ambas puntos de convergencia muy claros: la colección privada tiende a adquirir un carácter institucional, como lo son sus posibilidades museísticas y el acceso del público a dichos acervos.

La versatilidad de los vínculos entre colecciones privadas y públicas es enorme, como es el caso del Museo Beyeler de Basilea, creado por el artista suizo Ernst Beyeler y que tiene participación pública y privada.

En efecto, por una parte se asegura el acceso del público a colecciones privadas. Y aun cuando esto contribuye a neutralizar algunos precedentes de legislaciones en donde se determina que ciertas obras en poder de particulares forman parte del patrimonio cultural nacional, al mismo tiempo se impide su exportación,  sin la obligatoriedad del acceso público al acervo.

Se estima por otra parte que con la exhibición pública se benefician los coleccionistas, quienes de esta manera obtienen ventajas económicas e incluso políticas. Si bien la exposición de colecciones privadas en museos públicos posibilita el acceso de las personas a obras que estaban fuera de su alcance, no menos cierto es que la exposición de arte contemporáneo pudiera influir en el mercado de arte, con sustanciales beneficios económicos para los coleccionistas.

Es necesario plantear algunas consideraciones relevantes. La función del Estado en el campo museístico tratándose de colecciones privadas debe acotarse para evitar cualquier asomo de censura; los vínculos entre los museos y las coleccionistas son y deben continuar siendo propios del ámbito privado y permanecer al margen de cualquier debate ideológico, si es que se pretende seriamente beneficiar a la sociedad. El acceso de las personas a las colecciones privadas está en la agenda cultural actual. Los museos públicos ofrecen un espacio de la mayor relevancia para esos acervos.

Otra de las dificultades iniciales radica en la noción misma de coleccionista. Es claro que los museos públicos responden a una normativa interna que los excluye del ámbito de las colecciones esencialmente privadas; en este análisis, dichos recintos califican no obstante como colecciones privadas. Debe puntualizarse también que en las últimas décadas se observa un tránsito claro de museos privados a museos públicos. Este tránsito tiene como efecto principal una metamorfosis del régimen de propiedad, que del  privado pasa al de orden público.

Las diferentes legislaciones favorecen el tránsito de colecciones privadas a museos a través de diversas fórmulas contractuales, como son las donaciones, los comodatos por un tiempo considerable o bien la institución del legado en disposiciones de última voluntad que se ven favorecidas por estímulos fiscales.    

En este contexto, a las colecciones privadas se les ha denominado de diferentes maneras: museos privados, museos de colección privada de arte… Pero a la que más se ha recurrido es a la de museos colección, con especial énfasis en que la colección debe ser una colección de arte.

¿Le asiste al coleccionista el derecho de destruir su acervo? En este orden, otro de los aspectos relevantes es sin duda la conservación de los bienes que componen una colección privada. No es fácil identificar una reglamentación que le imponga al propietario obligaciones relativas a la integridad de las obras. La gran dificultad consiste en acotar el ejercicio del derecho de propiedad. Aun así, en países de legislación muy liberal se observan disposiciones que le imponen al propietario obligaciones en cuanto a la preservación de bienes culturales en sus colecciones, con un claro beneficio social.

La conservación de las obras que integran una colección privada requiere de un expertise de alto nivel que podría ser proveído por museos públicos, lo cual aseguraría adicionalmente una sinergia importante en instituciones que custodian bienes culturales para las próximas generaciones.

La reflexión

Este análisis evita la discusión del “derecho moral” y del derecho de recompra (derecho de preferencia por el tanto en términos mexicanos) en el ámbito de los derechos de autor que les asiste a los artistas.

Uno de los temas más controvertidos es el relativo a las colecciones de bienes arqueológicos. Las legislaciones de los países de origen son altamente restrictivas en lo que respecta a la exportación de bienes culturales, sobre todo arqueológicos. Los mecanismos que se han creado en este sentido son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. Se trata de herramientas jurídicas propias de los bienes culturales propiedad del Estado de origen.

Existe una confusión entre la inalienabilidad y el principio de res extra commercium. Este último se refiere a que los bienes no pueden ser objeto de propiedad privada. Las colecciones privadas, al igual que las albergadas en museos públicos, están y tendrán que seguir sujetas a los mismos regímenes de protección contra la sustracción ilícita, ya sea por robo o por exportación ilegal.

La legislación internacional debe ocuparse de uno de los temas de nuestro tiempo –las colecciones privadas– y darle certidumbre cultural y económica. Esta clase de propuestas y su consecuente reglamentación contribuyen a vigorizar el nuevo orden cultural internacional.  

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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