MÉXICO, D.F., (apro).- Organizaciones sociales, defensores y académicos solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspenda la instrumentación de la reforma energética, hasta que el Estado mexicano acepte la realización de la consulta ciudadana en materia energética. Cerradas las posibilidades en el ámbito nacional, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a reconocer la constitucionalidad de la Consulta Popular en materia energética, en octubre del año pasado –pese a que la demanda estaba sustentada con más de cuatro millones de firmas—organizaciones que integran la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), y personalidades como el padre Miguel Concha Malo, el académico Armando Bartra y defensores como Dolores González Saravia, entre otros, solicitaron formalmente la intervención de la CIDH. En conferencia de prensa, informaron que solicitaron a la CIDH medidas cautelares para que mientras se litiga el caso en el organismo de la OEA, “se otorgue como medida cautelar que se evite instrumentar alguna acción jurídica o práctica derivada de la reforma en materia energética (…) hasta que la ciudadanía haya expresado su opinión sobre la reforma”. Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, detalló que la solicitud a la CIDH fue enviada la semana pasada, porque por procedimiento era necesario esperar 60 días después a la decisión tomada por la SCJN que “nos desconoció como ciudadanas y ciudadanos mexicanos con derecho a ser consultados, derecho humano establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y por la propia Constitución”. Explicaron que la finalidad de la petición al organismo de la OEA tiene como finalidad “demostrar las violaciones a derechos humanos cometidas” contra los ciudadanos que fueron impedidos de participar “en la decisión del Estado mexicano de reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”. Para los firmantes “existían todas las posibilidades para aplicar y hacer efectiva la Consulta Popular como un mecanismo real de participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas relevantes para todas y todos los mexicanos”. Sin embargo, agregaron, “la SCJN restringió el derecho, lo limitó, haciéndolo nugatorio, utilizando argumentos que soslayan las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos”. Los peticionarios demandaron a la CIDH que “recomiende al Estado mexicano que se lleve a cabo la consulta popular sobre la aceptación por parte de la ciudadanía de la reforma energética”, y en tanto emita medidas cautelares que impidan su ejecución. Para los solicitantes, la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, obliga al gobierno de Enrique Peña Nieto a “proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona o comunidad”, derechos que se verían violentados “de ser implementada la reforma energética sin realizar la consulta popular en la materia”. Jorge Fernández Mendiburu, del Grupo Indignación, abundó que la petición a la CIDH es exclusivamente por la violación a los derechos civiles y políticos de los mexicanos, porque el Estado mexicano no permitió realizar la consulta. “No se está abordando el fondo de la reforma, sino que como ciudadanos teníamos el derecho de opinar a sobre una reforma que tiene trascendencia nacional y que va a afectar a todos, indígenas no indígenas, gente que vive en la ciudad, gente que vive en el campo, y lo menos que se puede pedir es opinar sobre el tema”, afirmó Fernández Mendiburu. La petición, recordó, “es una acción legal más, cómo los amparos y la audiencia temática en la CIDH que acreditan que hay un descontento generalizado contra una reforma que tiene fines privatizadores”. Fernández Mendiburu apuntó que no hay limitaciones para la CIDH para emitir medidas cautelares y consideró que “es, sin duda, un reto para el organismo para dar un paso cualitativo y determinar que por lo menos se violaron los derechos de más de cuatro millones de personas”. El académico Miguel Canto destacó que iniciarán una campaña de adhesión a la solicitud enviada a la CIDH, y un proceso de “articulación con quienes consideran que su derecho de consulta fue violado por la decisión de la SCJN”. La petición ante la CIDH va firmada también por Mario Patrón Sánchez, Jorge Abraham Fernández Souza, Cristina Muñoz, Fernando Ríos Martínez, Edmundo del Pozo Martínez, Rosario Cobo, María Colín Olmos, Manuel Canco Chac, María del Pilar Berrios Navarro y Carlos Ventrua Callejas. En la lista también se sumaron David Escobar Hernández, Diana Chavolla Navarro, Emilienne de León Aulina, Francia Gutiérrez Hermosillo, John Mill Ackerman Rose, Camilo Valenzuela, Mario Saucedo, Miguel Álvarea Gándara, Mónica Soto Elízaga, Víctor García Zapata y Ximena Andión Ibañez.