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Las ambigüedades en el rescate de bienes culturales

Ante la gravedad del pillaje perpetrado por el Estado Islámico (EI) en Medio Oriente y el vandalismo contra los sitios arqueológicos de la región, que hemos presenciado estupefactos, Occidente tomó medidas insólitas que ya trastocaron el mercado internacional del arte.

Por un lado, los servicios de inteligencia de los países de destino se dieron a la tarea de identificar los contactos del EI en el mercado negro que han hecho posible el financiamiento de esta organización mediante el saqueo de bienes culturales. Por otro lado, incluso satélites militares estadunidenses, según varias versiones, están detectando las rutas de exportación de bienes culturales asociadas al contrabando de petróleo y armamento; las más importantes que se han descubierto hasta ahora pasan por Líbano y Turquía. De acuerdo con el aparato de inteligencia israelí, los grupos yihadistas son los principales beneficiarios (The Wall Street Journal, del 1 de abril de 2015).

Se estima que el presupuesto anual del EI es de 2 mil millones de dólares, con un fondo disponible de 250 millones de dólares. Para esta facción islamista, los recursos financieros son vitales; el Proyecto Asimétrico Terrorista (TAPSTRI por sus siglas en inglés) aduce que, con 1 millón de dólares, el EI tiene la capacidad para comprar 11 mil 600 fusiles AK-47, provistos de 2 millones 500 mil cartuchos, o bien mil 250 cohetes y 5 mil morteros en el mercado negro.

El Estado Islámico transformó el robo de bienes culturales en una industria. Este es el sentido de la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 12 de febrero último, la cual determinó que el Estado Islámico, el Frente Al-Nusrah y otros grupos terroristas se financian sobre todo con la extorsión, la exportación de petróleo y el tráfico ilícito de bienes culturales. Éstos provienen sobre todo de sitios arqueológicos, museos, bibliotecas y archivos. Los recursos financieros, sostiene la misma instancia, se emplean para el reclutamiento de miembros y la planeación y ejecución de ataques terroristas. El Consejo de Seguridad resolvió que todos los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales provenientes de la región en conflicto.

Para dar una idea aproximada del valor de estos bienes, se estima que un busto de la Edad de Bronce procedente de Siria o Irak se cotiza en 30 mil dólares en el mercado de Nueva York; otras piezas, empero, pueden alcanzar un valor de hasta 1 millón de dólares.    

Únicamente una acción concertada de todos los países de destino, de manera muy especial en donde se localizan los principales centros de acopio de arte, podría atemperar el tráfico ilícito. El fundamento primario de esta mecánica consiste en la disminución de la demanda y la regulación de la oferta, lo que se conoce como “perspectiva reductora del mercado” (Stefano Manacorda y Duncan Chapell).

Actuar en forma aislada tendría el efecto nocivo de privilegiar a unos mercados de arte sobre otros. Sin embargo, el desafío es enorme: a diferencia de otros mercados, como el bursátil, el de bienes culturales ha carecido hasta ahora de legislación básica en materia de operación. Al margen de ciertas piezas cuyo tráfico resulta prima facie ilícito, como las de marfil, determinar la ilegalidad de bienes culturales que han sido robados o exportados de manera indebida reviste una gran complejidad cuando son ingresados al mercado, incluso para expertos en arte y arqueólogos.

Los países de destino han empezado a adoptar todo un florilegio de medidas para frenar el contrabando de bienes culturales, lo que presupone un conocimiento básico por parte de los vistas aduanales. La capacitación de este personal se realiza ahora en forma apresurada. La misma UNESCO, a pesar de su crisis presupuestal, ha destinado ya más de 3 millones de dólares de sus fondos europeos para ofrecer entrenamientos esenciales.

A su vez, Italia pidió el envío a esa misión de cascos azules culturales, conformados principalmente por el cuerpo de élite de los Carabinieri, líderes en la defensa del patrimonio cultural. Por su lado, Estados Unidos está integrando en Fort Bragg, Carolina del Norte, una fuerza de élite similar a la que integró en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, compuesta de arqueólogos y académicos con la encomienda de controlar in situ el pillaje.

Las acciones descritas son una respuesta a las expresiones de inquietud manifestadas por el Instituto Arqueológico (AIA por sus siglas en inglés), la Sociedad de Arqueología (SAA), la Asociación de Museos de Arte, las escuelas de investigación del Oriente, la Asociación Antropológica (AAA) y por el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago. Instituciones todas ellas radicadas en Estados Unidos.

El tráfico ilícito ha florecido en la actualidad como muy pocas veces. Ahora, las subastas y galerías acopian cantidades significativas de bienes culturales provenientes de la zona de conflicto en Medio Oriente. La efervescencia en los centros de arte más importantes a escala mundial es enorme, máxime hoy, cuando es inminente la entrada en vigor de una legislación restrictiva del tráfico de bienes culturales en los países de destino.

Lo inusitado

En una acción bipartidista, los legisladores estadunidenses Eliot Engel, demócrata por Nueva York, Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, y William Keating, demócrata por Massachussets, miembros influyentes del poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, presentaron una iniciativa de ley que tiene visos de ser aprobada en forma inmediata: el Acta sobre la Protección y Preservación Internacional de la Propiedad Cultural (The Protect and Preserve International Cultural Property Act).

Esta acta tiene como propósito específico impedir que el EI se beneficie del tráfico ilícito, e implementará para ello medidas con la finalidad de impedirlo. Prevé la creación de un Coordinador para la Protección Internacional de la Propiedad Cultural en el Departamento de Estado y un Comité Coordinador de todas las dependencias y entidades del gobierno de Estados Unidos. El propósito: “coordinar el combate de la destrucción de la propiedad cultural debida a la inestabilidad política, los conflictos armados y los cataclismos naturales”.

El citado coordinador coadyuvará con el Comité Asesor de la Propiedad Cultural (CPAC por sus siglas en inglés) –compuesto por académicos, arqueólogos y la sociedad civil– del Departamento de Estado que actualmente preside la profesora Patty Gerstenblith, directora del Centro de Arte, Museo y Legislación sobre la Herencia Cultural de la Facultad de Derecho de la Universidad de DePaul, en Chicago.

A ello habría que agregar el Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) que prevé el Acta Cultural de Implementación Estadunidense (CPIA) de la Convención de la UNESCO de 1970, que el gobierno estadunidense firmó recientemente con el de Egipto.

Reino Unido no ha hecho menos. El 12 de febrero pasado, el parlamentario conservador Robert Jenrick urgió en la Cámara de los Comunes al gobierno británico a ratificar el Protocolo II  de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, conocido como Convención de La Haya de 1954 y que está en vigor desde marzo de 2004.

En su exposición, el legislador planteó incluso la necesidad de fortalecer el Código de Ética de la Asociación de Museos Británicos –publicado en 2002–, que sigue el modelo aprobado por el Comité Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés) en 2001, revisado y aprobado en 2004 y en 2006. Esta iniciativa constituye un hecho insólito en un país que tradicionalmente se ha mostrado reticente en la materia, dada su activa participación en conflictos armados y su defensa del libre mercado de bienes culturales.

La reacción del mercado de arte

Tal como lo declaró Ricardo J. Elia, arqueólogo de la Universidad de Boston (The New York Times, 30/03/2015), el mercado de antigüedades capitalizó de inmediato el saqueo de los sitios arqueológicos en la región de conflicto de Medio Oriente. Con una anticipación premeditada, uno de los ideólogos del libre mercado de bienes culturales, el estadunidense James Cuno, presidente del J. Paul Getty Trust, administrador del Museo de Malibú, California, y perito en el mercado de arte, había pregonado un alegato en la revista Foreign Affairs (noviembre-diciembre 2014, Culture War. The case against repatriating museums artificats) en contra de la “repatriación” de los bienes culturales de proveniencia dudosa. No pasa desapercibido en el presente análisis que el citado museo ha adquirido algunas piezas grecolatinas que después se ha visto obligado a restituir en medio de un pandemónium.

La soflama de Cuno (Who owns Antiquity? y Whose Culture?) ha sostenido la inviabilidad de la restitución de bienes culturales por parte de museos con vocación universal, como el Británico, el Louvre, el Metropolitano de Nueva York y, desde luego, el Getty en California, entre otros muchos, bajo muy diversos argumentos. En el criterio de Cuno, los museos enciclopédicos aseguran una cultura universal y cosmopolita, así como un diálogo intercultural permanente que se ve confrontado por la repatriación de bienes culturales y cuyo trasfondo es una retórica nacionalista y sectaria.

El financiamiento con recursos estadunidenses al Estado Islámico por el tráfico ilícito de bienes culturales confronta el argumento de Cuno. Si antes resultaba socialmente cuestionable la adquisición de bienes culturales robados, ahora será legalmente sancionable.

La argumentación de Cuno, por lo tanto, tiene que ser reducida ahora a las colecciones de los museos y no a la defensa del libre mercado. El enciclopedismo museístico, sostiene por ello el mismo autor, es representativo de la realidad contemporánea, preserva los valores universales y salvaguarda la herencia cultural de la humanidad; por lo tanto, debe estar al margen de los intentos nacionalistas que propugnan la “repatriación.”

El interés público

En su poema narrativo Las peregrinaciones de Childe Harold (1812-1818), George Gordon (Lord Byron) hizo una crítica acerba contra Thomas Bruce (Lord Elgin) por la sustracción de las metopas y los frisos del Partenón, en tanto que John Keats, en su soneto Al ver los mármoles Elgin, expresó su fascinación por ellos. Estos dos poemas sintetizan dos posturas diametralmente opuestas respecto de los bienes culturales: nacionalismo e internacionalismo. La proposición empero es equivocada, toda vez que la salvaguarda de bienes culturales in situ obedece a una razón de interés público: la preservación del conocimiento.

El entendimiento y la comprensión del pasado contribuyen a reconstruir la memoria colectiva. Es mediante el desarrollo de legislaciones, entre las que sobresale la relativa a la restitución de bienes culturales, como puede preservarse esa memoria, lo cual representa una de las fórmulas más efectivas a fin de asegurar el estímulo para la investigación y conocimiento.

A Occidente le asiste la responsabilidad de haber contribuido de manera determinante al fomento del saqueo de los sitios arqueológicos de Medio Oriente que ahora presenciamos con frustración. Si bien la falta de preservación de los sitios culturales erosiona el conocimiento universal, de ello no se colige que el pillaje propiciado por el libre mercado sea la solución.    

En el umbral del siglo XXI emerge un nuevo paradigma totalmente inesperado. Los esfuerzos de Occidente por suprimir las fuentes de financiamiento del EI, el Frente Al-Nusrah y otros grupos extremistas han tenido como efecto la creación de un nuevo mercado internacional del arte. Las mercaderías, por su parte, han estado sujetas a reglamentaciones primarias, en contraste con el mercado de bienes culturales, que ha sido excepción. Las medidas inminentes de los países en donde están radicados los principales mercados de esta naturaleza conformarán un nuevo paisaje cuyas nuevas reglas todavía están por ser escritas.

*Doctor en derecho por la universidad Panthéon Assas.

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