VALPARAÍSO (apro).- “Quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio a un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”. Con este llamado refundacional, la presidenta Michelle Bachelet remató su discurso --transmitido por cadena nacional de radio y televisión, la noche del martes 28-- en el que anunció medidas para poner coto a la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, evidenciados en recientes escándalos. Aunque la propuesta de cambio a la Constitución fue la más destacada por los medios de comunicación, esta no formaba parte de los consejos emanados por la Comisión Engel, un grupo de expertos independientes constituido por Bachelet el pasado 10 de marzo, con el fin de que le aportasen propuestas para salir de la crisis. Tras 45 días de trabajo, en el que sesionaron tres veces por semana en El Palacio de La Moneda (sede del gobierno), este “consejo anticorrupción” entregó el 28 de abril un documento con 261 propuestas, divididas en cinco áreas temáticas: prevención de la corrupción, regulación de los conflictos de interés, financiamiento de la política para fortalecer la democracia, confianza en los mercados, e integridad, ética y derechos humanos. La presidenta Bachelet recogió gran parte de estas propuestas, tal como quedó claro en su mensaje al país: “Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados (…) las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”, anunció de inicio la mandataria. Es importante consignar que la Ley 19.984 “sobre transparencia, límite y control del gasto electoral”, que permitió los aportes reservados y de empresas a las campañas electorales, fue promulgada en 2003, bajo un gobierno del mismo signo que el actual: el del socialista Ricardo Lagos Escobar. Y también fue impulsada en el contexto de escándalo de corrupción: el “MOP Gate”, que involucraba a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en numerosos casos de soborno. Esta ley, que Bachelet se propone eliminar, hizo posible en los hechos la compra de leyes. Es lo que –según diversos antecedentes-- sucedió con la Ley “Longueira” de Pesca, promulgada en enero de 2013, bajo el impulso del entonces ministro de Economía Pablo Longueira. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago inició el 22 de abril un juicio para investigar esta situación, tras acoger una querella presentada por organizaciones de pescadores artesanales. Entre los fundamentos de esta acción figura una denuncia realizada por el exsenador del Partido Radical, Nelson Ávila. Este sostiene que en medio de la campaña electoral de 2013, la empresa Corpesca –del grupo Angelini– aportó en forma reservada más de 500 millones de pesos (800 mil dólares) a los actuales miembros de la Comisión de Pesca del Senado. En entrevista con este corresponsal, Ávila afirma que “los grupos económicos que dominan el sector pesquero industrial han estado permanentemente influyendo en las decisiones que se adoptan en el ámbito legislativo por cuanto están apoyados en los aportes que hacen a las diferentes campañas”. Añade: “Esto, increíblemente, lo permite la actual legislación; es decir, esta institucionalidad que nos rige ha venido incubando la corrupción más desatada, porque cuando se entrega dinero a un representante ciudadano, en los hechos se está practicando una forma de soborno. La prueba de esto es que todas las leyes emanadas del Parlamento referidas a pesca, son leyes que han salido a la medida del sector industrial”. Con el fin de corregir los despropósitos que origina la actual institucionalidad, la presidenta informó –en la línea de lo recomendado por la Comisión Engel-- que será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Pero acotó: “Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros”. En este mismo sentido manifestó: “Reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas”. La presidenta Bachelet también dio cuenta en su discurso del 28 de abril que aquellas autoridades que hayan sido electas, irrespetando las leyes electorales, perderán su cargo. En esta misma línea aseguró que las reformas propuestas buscarán fortalecer el Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones “para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley”. En la actualidad, aunque la ley electoral fija topes al gasto electoral, éstos no se cumplen debido a que no existen organismos que efectivamente fiscalicen. Bachelet prometió que se regulará la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio público para impedir que personas circulen entre instancias del Estado y empresas reguladas por estos servicios, como ocurre actualmente. La mandataria también prometió la creación de la figura del “defensor ciudadano” (ombudsman) “que se encargará de promover y defender los derechos de las personas, frente a los actos arbitrarios del Estado”, expresó la mandataria. Para llevar adelante estas medidas, a través de actos administrativos y del envío de proyectos de ley, el gobierno se impuso un plazo máximo de 45 días.   Críticas En entrevista con Apro, el sociólogo Felipe Portales analiza los señalamientos de la presidenta Bachelet y los pone en el contexto político actual. “Lo más negativo es el virtual descarte que hace de una asamblea constituyente, porque los mecanismos de consulta que ella señala, como cabildos y diálogos ciudadanos, tienden a mantener la institucionalidad actual”. Portales cuestiona el hecho de que todas las propuestas deberán tener el visto bueno del Congreso actual: “con los altos quórums exigidos por la Constitución actual, una nueva Constitución surgida en la forma en la que plantea la presidenta Bachelet, tendrá que contar con el apoyo de la derecha o de parte de ella y eso cercena cualquier posibilidad de cambio verdadero”. Portales, autor del libro Chile: una democracia tutelada (Editorial Sudamericana, 2000), estima que el mensaje de Bachelet “es una forma de engañar a la gente”. Fundamenta: “Dice que va a haber una nueva Constitución, pero a lo más va a ser una reforma constitucional en el marco de la existente. La verdad es que ella no está dispuesta a entrar en el camino de una nueva Constitución democrática”. El hecho de que Bachelet descartó la asamblea constituyente como mecanismo de cambio a la Constitución, fue refrendado por el sociólogo Eugenio Tironi, uno de los principales ideólogos de la centroizquierdista Concertación por la Democracia, hoy con el nombre de Nueva Mayoría. “Yo diría que es la muerte definitiva de cualquier idea de respaldo por parte del ejecutivo a la asamblea constituyente como fórmula de cambio de la Constitución. Lo que ella planteó, hasta donde yo entiendo, fue una invitación a los chilenos a iniciar un diálogo sobre qué tipo de Constitución queremos para nuestro futuro próximo”, declaró Tironi el 29 de abril en entrevista con Radio ADN. Este debate es importante si se considera que todas las encuestas que abordan la materia –incluso las realizadas por consultoras de derecha– coinciden en que cerca de 70% de la población estima que una nueva Constitución ayudará a salir de la crisis actual. El sociólogo Portales –que se ha especializado en el estudio de la transición a la democracia en Chile y que también es autor del libro Los mitos de la democracia chilena (2004)-- subraya las falencias del discurso de Bachelet. “Aquí hay una operación muy poco honesta porque no se hace un diagnóstico respecto de cuál es el problema; porque aquí la cuestión no es que falten leyes, lo que aquí hay es un sistema corrupto que se estableció bajo la dictadura, uno de cuyos mecanismos principales fueron privatizaciones absolutamente inmorales de empresas del Estado. La Concertación se comprometió a revisarlas, pero luego se volvió cómplice de ellas”, afirma. Este cientista social manifiesta que hay otros mecanismos que permiten la corrupción institucional, “como son las atribuciones del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), que son absolutamente escandalosas. Existen mecanismos que le restringen a la Fiscalía la posibilidad de querellarse, entregando esta prerrogativa sólo a Impuestos Internos, con lo que se entrega a este organismo atribuciones institucionalmente corruptas”. Portales dice que desde los tiempos de la dictadura hay un diseño de las leyes tributarias que permiten múltiples formas de evasión y la concentración del poder económico. “Las grandes compañías mineras durante muchos años pagaron cero pesos de impuesto, aprovechando argucias que ofrecía la propia legislación, generando pérdidas por decenas de miles de millones de dólares para el Estado, producto de operaciones que legalmente no constituyen corrupción, pero que son mucho peores, porque muestran que el propio sistema institucional permite engañar al Estado”. Añade: “La presidenta convierte el actual problema del país en una cosa menor, de ausencia de algunas leyes, que puede ser positivo hacerlas, como el hecho de que el sistema de financiamiento de la política sea público, lo que revierte cosas escandalosas que se hicieron con las leyes de 2003, como los aportes reservados”. Sin embargo, sostiene, no se reflexiona respecto de por qué se hicieron esas leyes, las que a su parecer deliberadamente buscaban que el dinero controlara la política. “La Concertación con la Alianza buscaba que ocurriera lo que pasó. Entonces nada de eso se analiza ahora”, reclama. Pero hay otras cosas que le llaman la atención del discurso de la presidenta: “Al decir que se va a aprobar una ley que efectivamente tipifique como delito la elaboración de boletas falsas, se está diciendo que ahora no existe esa posibilidad, que es la tesis que tienen algunos para evitar que sean castigados los diputados, senadores o los financistas de las campañas, que han sido descubiertos haciendo este tipo de prácticas. Pero resulta que esas acciones si están tipificadas como delitos”. Hace una reflexión a partir de esto: “Entonces la presidenta, implícitamente, está enviando la señal que quienes incurrieron en ese tipo de prácticas, como la elaboración y recepción de boletas ideológicamente falsas, no deben ir a la cárcel y no deben ser sancionados”. Concluye: “La Comisión Engel cometió un grave error al no contextualizar la situación de corrupción. Lo que yo creo que debería hacerse es una especie de Comisión Rettig –que en 1991 entregó un informe sobre la violación a los derechos humanos en el periodo dictatorial– sobre la corrupción, que estudiara a fondo, durante uno o dos años, como se diseñó y construyó durante la dictadura un sistema corrupto como el que existe en Chile”. Portales acota que en Chile “el soborno no es tan extendido como ocurre en otros países latinoamericanos, en que tú al policía le pagas por liberarte de una multa. Eso no existe en Chile o existe en mucho menor grado. Pero sí existe la corrupción institucional al más alto nivel, porque hay un sistema institucional corrupto”. Cita como ejemplo el caso del economista Jaime Estévez quien a fines de 2000, cuando era presidente del Banco Estado, aprobó un crédito de 120 millones de dólares a la empresa Quiñenco, del Grupo Luksic, para que pudiera alcanzar el control de 51% de las acciones del Banco de Chile, lo que finalmente logró. Desde 2007 Estévez es miembro del directorio del Banco de Chile. “¡Eso hoy pasa todo el tiempo!”, protesta.