MÉXICO, D.F. (apro).- Mediante “una acción institucional en su conjunto”, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) protege al sacerdote pederasta Carlos López Valdés; por ese motivo, se niega a trabajar la denuncia penal interpuesta por Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). En conferencia de prensa, los abogados de la ANAD recalcaron que la procuraduría capitalina se niega a trabajar el caso, principalmente porque en él están implicados --como presuntos encubridores del pederasta-- el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes eran obispos auxiliares en la arquidiócesis de México cuando se dieron los abusos sexuales de López Valdés, a quien la Iglesia ya inhabilitó como sacerdote. Los abogados de la ANAD, Luis Ángel Salas, David Peña y Karla Michel Salas, coincidieron en señalar que las “omisiones” y las “dilaciones dolosas” que durante ocho años ha estado haciendo la Procuraduría con respecto a este caso, responden a una “acción institucional en su conjunto”, cuyo propósito es proteger tanto al sacerdote como a los altos jerarcas de la Iglesia que, al parecer, lo encubrieron. Indicaron que la ANAD, quien lleva la defensa del joven Jesús Romero Colín, ha pedido a la procuraduría que cite a declarar a López Valdés y a los obispos. Pero ésta se ha negado reiteradamente, pese a que el mismo Vaticano ya determinó la culpabilidad del pederasta. “No estamos hablando solamente del caso de abusos de un sacerdote, sino de la presunta complicidad del arzobispo y de algunos de sus obispos. La responsabilidad escala a esos niveles”, resaltó David Peña. Por su parte, el abogado Luis Ángel Salas indicó que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, es también responsable de esta “omisión institucional” de la PGJDF, pues él era el titular de esta dependencia cuando se interpuso la denuncia. La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2015, en la cual señala que la procuraduría capitalina ha sido omisa y negligente, por lo cual le pide que ya se ponga a trabajar en el caso. Y no solo eso, también le demanda que sancione a sus agentes del Ministerio Público que fueron omisos. Karla Michel Salas señaló que “esta recomendación es la primera puerta de acceso para que por fin se haga justicia”. Por su parte, la víctima, el joven Romero Colín, quien también participó en la conferencia de prensa, relató que fue abusado por el sacerdote cuando tenía 11 años de edad y fungía como su acólito. Se decidió a denunciarlo en 2007 ante el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México y ante la PGJDF. El tribunal eclesiástico lo encontró culpable y lo inhabilitó como sacerdote. Y el Papa Francisco le mandó una carta –escrita con su puño y letra— a Romero Colín en la que le pidió perdón. Sin embargo, la PGJDF, después de ocho años de tener la denuncia, ni siquiera ha citado a declarar al pederasta, argumentando que no ha podido localizarlo. Hasta el momento, la procuraduría capitalina no ha dicho si aceptará o no la recomendación que le hizo la CDHDF. Tiene de plazo hasta la semana entrante para hacerlo. Los abogados de Romero Colín señalan que, en caso de que la procuraduría rechace la recomendación, acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso a instancias internacionales.