MÉXICO, D.F. (apro).- El área creada por México destinada a albergar a la tortuga amarilla no se ajusta a las políticas de protección de esa especie aplicadas por Estados Unidos, consideran organizaciones ambientalistas. Por esa razón mantienen la presión sobre Washington para que aplique sanciones a su vecino del sur, que incluyen freno a la entrada de productos marinos y beneficios portuarios. “Creemos que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas debe certificar a México, debido a que sus restricciones pesqueras no son comparables a los programas de Estados Unidos y no son adecuadas para proteger a las tortugas caguama en peligro de extinción”, señala Shaye Wolf, miembro del estadunidense Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), en entrevista con Apro. Esa organización y la Red de Restauración Turtle Island (TIRN, por sus siglas en inglés) enviaron el 24 de abril una carta a Penny Pritzker, secretaria de Comercio, y a Jean-Pierre Plé, director interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Pesquerías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en la que exponen los problemas del refugio y piden aplicar sanciones contra México. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) publicó el 10 de abril último en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur, en la zona denominada Golfo de Ulloa. La regulación mexicana avala la mortalidad incidental de 90 ejemplares anuales en la zona, impone restricciones para redes pesqueras a partir de octubre próximo y hasta abril de 2017, y demarca un santuario de 8 mil 848 kilómetros cuadrados, de los cuales las prohibiciones sólo aplican a 2 mil 511 kilómetros. Asimismo, veta la utilización de palangres con anzuelos en forma de “J” y las trampas fijas temporales de gran dimensión o “almadrabas”, además de instaurar un Programa de Asistentes Técnicos a Bordo u Observadores Científicos de la flota ribereña, con el propósito de que las inspecciones se vuelvan permanentes. De esa cuenta, los pescadores sólo podrán usar palangres con anzuelos circulares. Pero esas medidas no convencen a los ambientalistas. “El refugio no incluye el cierre de áreas importantes y de alta presencia de caguamas. Adicionalmente, las restricciones de uso de redes no entran en efecto hasta octubre próximo y no protegerán a la especie de una mortandad masiva durante la temporada de pesca” de mayo a agosto, cita la misiva, de ocho cuartillas y consultada por Apro. La comunicación, con copia para Mario Aguilar y Alejandro del Mazo, directores de Conapesca y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, respectivamente, critica que las disposiciones temporales no sean “comparables en efectividad” a los programas pesqueros estadunidenses y que la mortalidad tolerada es “significativamente mayor” que la permitida por programas regulatorios comparables de Estados Unidos. La tortuga Caretta caretta, caguama o amarilla, anida y desova en las costas de Japón, y cada año nada hasta el litoral del suroccidente de Estados Unidos y la península de Baja California. Su arribo se incrementa de mayo a agosto, cuando los quelonios más jóvenes maduran y regresan a playas niponas. Entre 15 mil y 20 mil ejemplares llegan a aguas mexicanas, y para éstos la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros equipos marinos. En 1990 México prohibió la captura directa e intencional de tortugas marinas. Además, la caguama se encuentra entre las variedades protegidas. En Estados Unidos esa tortuga fue originalmente enlistada como “amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro en 1978. El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés) agregó en 2011 cuatro poblaciones, incluyendo la caguama del Pacífico Norte al status “en riesgo de extinción”. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y varios científicos estiman que más de 2 mil tortugas mueren al año debido a las prácticas pesqueras en Baja California Sur, la mayor mortalidad global documentada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) calculó más de 200 especímenes varados en 2014; 145 de tortuga caguama, 37 de tortuga prieta y 30 de golfina. De un hilo En febrero último, NMFS pospuso para este mes la decisión de sanciones a México por su política hacia la tortuga caguama. Si bien esa dependencia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reconoció los esfuerzos de México por preservar la especie en el reporte bianual Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales, enviado en febrero por el Departamento de Comercio (DC) estadunidense al Congreso de esa nación, identificó al país por incurrir en captura ilegal no reportada y no regulada de recursos compartidos sobreexplotados y pesca en aguas territoriales estadunidenses. En el informe, NMFS aclaró que carecía de detalles de los elementos específicos a incluir en el programa regulatorio mexicano. El factor fundamental de la resolución de esa agencia subyace en si las normas mexicanas son comparables en efectividad a las medidas estadunidenses más relevantes. Semarnat difundió el 5 de diciembre último el Acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, para trazar una zona especial de 19 mil 894 km2 para esos quelonios en los municipios de Comundú y Mulegé. La Conanp estaría a cargo y la Semarnat formularía el programa de protección del área seis meses después de la creación oficial del sitio y establecería las condiciones de conservación y manejo para las obras y actividades a desarrollar en el territorio. La misiva de CBD y TIRN resalta que “México aún no ha completado el refugio tortuguero propuesto en diciembre” y que la zona establecida por Conapesca difiere del plan de Semarnat”, ya que “mide menos de la mitad que la zona definida” por esa secretaría y decreta impedimentos temporales a la pesca sólo en una subsección del santuario. El área delimitada mide 8 mil 848 kilómetros cuadrados –44% de los 19 mil 894 km2 propuestos por Semarnat-- y de los cuales 2 mil 511 están cubiertos por las restricciones de artes de pesca. Conapesca “tolera que las prohibiciones de artes de pesca sean aplicadas seis meses después de la entrada en vigor del refugio, lo cual significa que éstas no serán requeridas sino hasta octubre próximo, luego de la temporada pesquera de mayo a agosto”, según Wolf. En la pesquería de aguas someras en Hawai, el gobierno de Estados Unidos permite sólo 34 capturas incidentales anuales antes del cierre de la zona a la pesca. En la Costa Oeste de California y Oregon se acepta una mortalidad anual de sólo dos especímenes. En enero de 2013, el DC envió al Congreso estadunidense su reporte bianual en el cual identificó por primera vez a México por actividades pesqueras que implican la captura incidental de recursos marinos vivientes protegidos. En consecuencia, CBD y TIRN iniciaron en mayo de 2013 su campaña por la imposición de sanciones a México con el argumento de que el país viola la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, vigente desde 2001, y en la cual se comprometió a reducir su captura incidental. Las organizaciones sugieren que “México debe adoptar un programa de captura incidental para las pesquerías de enmalle y palangre en el Golfo de Ulloa que sea totalmente comparable con las regulaciones estadunidenses para evitar una certificación negativa”, y que debe incluir límites numéricos de captura para tortuga caguama que lleve a clausuras pesqueras, cierres por temporada y zonales, modificaciones de artes de pesca y requerimientos de observadores y aplicación integral de las normas. Para recibir una certificación positiva, señalan CBD y TIRN, México debe adoptar un plan de manejo para recolectar datos específicos por especie. Ello, señala, apoyará los esfuerzos internacionales de conservación y evaluaciones de inventarios para las tortugas amarillas. El programa de técnicos independientes busca, precisamente, obtener información que permita determinar el grado de interacción de la pesca ribereña con las tortugas marinas y definir así la proximidad de las actividades pesqueras con la zona de distribución de tortugas marinas en la región y medir su captura incidental y su mortalidad.