La recuperación de los desaparecidos centroamericanos en México entraña para sus familiares enormes conflictos con la vida, con los obstáculos burocráticos de dos o tres países y con Dios o el destino. Cuando de esos seres queridos quedan sólo restos mutilados es casi imposible que los repatrien, se necesita un milagro. Así puede calificarse la labor de las mujeres hondureñas de La Paz, quienes a pura voluntad se enlazaron con las organizaciones civiles indicadas y presionaron a los gobiernos para lograr que sus muchachos, asesinados en Cadereyta, México, reposaran en su tierra, cerca de ellas. LA PAZ, Honduras (Proceso).- Ella llegó en crisis a su casa. Por teléfono, un funcionario anónimo le avisó desde México que encontraron una identificación de su hermano Fabricio entre una pila de cuerpos tasajeados en una masacre. Doña Norma, su madre, las regañó a ella y a sus otras hijas por llorar y les prohibió creer esa mentira. Conforme pasaba el tiempo y su hijo y los amigos con los que emigró de Honduras no se reportaban, doña Norma empezó a dudar. Vencida por la tristeza, oró y ayunó tres días rogando a Dios que le trajera a su muchacho sano y completo. Esa era su condición. Durante una de esas noches lo soñó sin brazos. Entonces, rendida, cambió su oración: “Señor, tráemelo como esté”. Veintisiete meses después ocurrió el milagro: Fabricio volvió a casa. Iba dentro de uno de los ocho féretros que llegaron desde México al departamento hondureño de La Paz, que fueron recibidos por multitudes en las calles; todos conmovidos. Su asesinato, hecho público dos años antes –el 13 de mayo de 2012–, apenas obtuvo una leve mención en los medios hondureños. En México la noticia causó indiferencia cuando no repugnancia: “Dejan sólo torsos en Cadereyta; tiran 49 cuerpos mutilados en NL”, tituló un diario.  ¿Una masacre más? A quién le importaba. Las víctimas fueron despojadas de brazos, piernas y cabeza por una de las bandas que secuestra, mutila y masacra a migrantes para proclamar su señorío sobre las rutas de tráfico ilegal. Mutilaron sus cuerpos –seis eran de mujeres– para convertirlos en un mensaje. Sería imposible identificar esos despojos, se apresuró a decir el gobernador de Nuevo León y le hicieron eco sus funcionarios. Para pronto, los echaron a la fosa común; así los condenaban al infierno de la muerte anónima, y a sus familias, a penarlos de por vida. Tan sólo en el sexenio de Felipe Calderón ese fue el destino de al menos 15 mil personas no identificadas. Arrancar a estos migrantes anónimos de una fosa ubicada a tres fronteras de distancia de su país de origen no cabía en la ley de las probabilidades. Pero parece que Fabricio se había obstinado en volver a casa y el hallazgo de su identificación dio pie al primer milagro, que atrajo a otros: la llamada anónima del samaritano que inyectó la duda, la unión de las madres, esposas y hermanas de los ausentes, un afortunado encuentro con una organización mexicana buscadora de migrantes desaparecidos, con un comité de madres hondureño y un equipo forense especializado en tareas imposibles. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2010, ya en circulación)