La CIDH pide homologar la investigación del caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F. (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asesora a las autoridades gubernamentales y a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, presentó hoy los resultados de la tercera etapa de su trabajo en el país con cuatro recomendaciones puntuales:

Reactivar inmediatamente la búsqueda de los estudiantes, reclasificar el delito a desaparición forzada, acceso al cuartel del 27 Batallón, para entrevistar a los soldados e integrar en un solo expediente las 13 causas penales abiertas sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con el fin de mantener la conexidad de los delitos, permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de evidencia.

En conferencia de prensa, Carlos Beristáin y Claudia Paz, argumentaron que por lo menos se tiene una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso, los cuales fueron presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con base en “numerosos testimonios y cruces de información”, el grupo de expertos dio a conocer también que la noche del 26 de septiembre los estudiantes llegaron a Iguala después del evento que presidió la presidenta del DIF y esposa del entonces alcalde y que el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades, aseguraron, sabían desde un inicio que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses.

A petición de los familiares y las autoridades, el GIEI gestionó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal. Éste se llevó a cabo el 5 de mayo pasado, y acordaron continuar con el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos.

También se propuso a la PGR realizar nuevas diligencias para completar la investigación del expediente, debido a que muchas de ellas se encuentran pendientes.

Los integrantes del GIEI continúan sus gestiones para entrevistarse directamente con los miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército, destacamentado en Iguala, Guerrero; así como con agentes federales, con el fin de completar información fuera del ámbito judicial, sin embargo a mes y medio de haber hecho esta solicitud, aún no se tiene respuesta.

Después de un examen de la investigación, el GIEI externó su preocupación por la dispersión de los procesos y de la consignación de presuntos responsables vinculados al caso de la desaparición de los 43 normalistas.

Explicaron que existen más de 13 causas penales radicadas en seis juzgados de distintas ciudades del país: Matamoros, Tamaulipas; Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México y Guadalajara, Jalisco, mientras que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de Tepic, Nayarit; Jalisco y el Estado de México.

Por ello, sugirieron que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familias y sus representantes legales; acortar distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y evitar situaciones de inseguridad, además de que se garantiza que existe un adecuado acercamiento al proceso.

El GIEI, dijeron, considera fundamental esta medida con el fin de evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad del modus operandi.

Por último, pidieron que se reclasifique el delito a desaparición forzada y que se investiguen otros: “se configura el delito de desaparición forzada, no de secuestro, aunque también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos como tortura en el caso de Julio César Mondragón Fontes; así como tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, además de lesiones y amenazas, sufridas por los normalistas sobrevivientes”.

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