OAXACA, Oax., (apro).- El Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (Cadco) denunció al director del Centro SCT de Oaxaca, Rafael Navarrete, de ejercer indebidamente 580 millones de pesos, así como de cobrar 15% a contratistas para apoyar campañas de candidatos priistas en esta entidad y Guerrero. Es por ello que la Cadco denunció tanto el director del Centro SCT como al subdirector de Obras, Julio César Medellín Yee, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como en la PGR por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses. El presidente de la asociación civil, Luis Alberto Ramírez Colmenares, acusó a los funcionarios federales, presuntamente protegidos del subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, de cobrar a los constructores 15% de adelanto, debido a que tienen compromisos político-electorales. Su compromiso en la entidad, abundó, es apoyar a Beatriz Rodríguez Casasnovas, candidata de Ulises Ruiz, mientras que en Guerrero buscan apuntalar al candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo Flores. Ramírez Colmenares calificó como “un crimen” lo que estos servidores públicos federales hacen al estado, al convertir en un “botín” la delegación de la SCT, pues no han respetado los términos de los proyectos; al contrario, han elevado sobremanera sus costos de contratación para edificar obras de pésima calidad. Efrén Robles, secretario técnico de la asociación civil, también acusó al director del Centro SCT de falsear cifras respecto de las autopistas Oaxaca-Istmo y Oaxaca-Puerto Escondido, al propalar que llevan 80% de avance y que serán entregadas antes del primer semestre de 2016, cuando apenas llevan 45% y, al paso que van, las van a terminar en 2020. También se quejó de que los constructores oaxaqueños han sido marginados de la adjudicación de obras, las cuales en su mayoría son operadas por empresas foráneas en al menos 65%. Luego detalló que en la entidad el centro SCT ejerció 3 mil 220 millones de pesos, de los que mil 846 millones fueron por licitación pública; mil 325 millones a tres personas y 49 millones por adjudicación directa. Las investigaciones que realizó dejaron en evidencia que 32 contratos se adjudicaron por invitación, es decir, están por encima de la ley y fueron otorgados de manera ilegal por un monto de 580 millones de pesos. El abogado del corporativo, Sergio García, precisó que el miércoles 13 presentó las respectivas denuncias ante la ASF, SFP y PGR. No obstante, lamentó que “estemos atrapados en una corrupción que violenta la obra pública en el estado”. Finalmente, aclararon que los acusados al rato no pretendan justificar sus corruptelas declarando que es ajuste de cuentas político porque ya han acusado a funcionarios de la Secretaría de las Infraestructuras, que es parte del gobierno aliancista PAN-PRD, y ahora señalan a los priistas Beatriz Rodríguez y Héctor Astudillo.