MÉXICO, D.F. (apro).- Efectivos de la Fiscalía General del Chihuahua Zona Norte detuvieron a José Luis Arreola Rodríguez, de 39 años, un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implicado en la ejecución extrajudicial de cuatro jóvenes en las inmediaciones del panteón San Rafael, en abril de 2012. La captura de Arreola Rodríguez se da 10 días después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) giró una recomendación –la número 12/2015– al gobernador César Duarte Jáquez y a las autoridades municipales de Ciudad Juárez por dicho caso. Según información difundida por El Diario de Juárez, el policía es instructor de tiro en la Academia y se desempeñó como escolta del exsecretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, quien hace unos días fue víctima de un atentado en plena vía pública. El 24 de abril de 2012 cinco jóvenes fueron detenidos por la policía municipal con lujo de violencia, a quienes despojaron de sus pertenencias. Posteriormente, los uniformados los subieron en tres patrullas y los “pasearon” por varios sitios de la ciudad hasta que llegaron al panteón San Rafael donde les dispararon y abandonaron, dándolos a todos por muertos. Alejandro Martínez Rodríguez, de 16 años; Jesús Efraín Rodríguez Gabirio, de 17; José Juan Villanueva Leal, de 18, y Verónica Cerros Olivas, de 22 años, fueron las cuatro víctimas mortales. Ellos murieron a causa de un shock hipovolémico consecutivo a disparo de arma de fuego en la nuca. Una joven más, cuyo nombre no dio a conocer la Fiscalía, sobrevivió al ataque. En aquel entonces contaba con 16 años. Ella sobrevivió a un disparo en la cabeza y logró llegar a una garita, donde personal de la Policía Federal (PF) la auxilió y solicitó una ambulancia que la trasladó al Hospital General de Ciudad Juárez. Con los datos aportados por la testigo, agentes de la Unidad de Rastreos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte iniciaron la búsqueda de los cuerpos y al filo de las 4 de la tarde los ministeriales hallaron a las víctimas con el tiro de gracia y tirados boca abajo. En los hechos participaron cinco policías, el que fue detenido este lunes y otros cuatro que están en proceso de captura. Los cinco estaban bajo el mando del entonces secretario Julián Leyzaola Pérez, quien sufrió un atentado el pasado 8 de mayo. Al investigar el caso, la CNDH encontró elementos suficientes para probar transgresiones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal de los cinco agraviados, y a la vida de cuatro de ellos, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez. Y en su recomendación CNDH/1/2012/4475/ solicitó a Duarte Jáquez, instruir a su vez al fiscal general a entregar a la comisión pruebas de que continúa la atención victimológica integral para la único sobreviviente y su familia, que también son familiares de otra de las víctima ultimadas, e implemente medidas de protección para ellos. Además pidió que se indemnice a la víctima sobreviviente, sus familiares y a los familiares de los fallecidos en los términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua. También solicitó que los deudos de a las otras tres víctimas, se les brinde atención psicológica. Asimismo, la CNDH solicitó al gobernador que colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que el organismo formule ante la Fiscalía General de Chihuahua, con el fin de iniciar la carpeta de investigación contra los servidores públicos implicados, y que elabore manuales en materia de derechos humanos para el conocimiento de todo el personal de la Fiscalía. También pidió acelerar o reactivar las acciones para “la debida integración y determinación” de la carpeta de investigación iniciada por cuatro homicidios y la tentativa de homicidio en agravio de la sobreviviente. Al ayuntamiento de Juárez, la CNDH le pidió reparar los daños ocasionados a la víctima sobreviviente y a los deudos de los fallecidos y otorgarles atención médica y psicológica para restablecer su estado de salud física y emocional.