La salvaguardia internacional de los bienes culturales, bajo amenaza

La delación del tráfico ilícito de bienes culturales puesto en práctica por el crimen organizado había sido una constante en los medios académicos internacionales. Los resultados eran, por decirlo con generosidad, modestos. En el pasado reciente, sin embargo, el derrotero en este sentido tomó una ruta inesperada: La identificación de las fuentes de financiamiento del Estado Islámico (EI) provenientes de dicho tráfico impactó fuertemente a los países de destino y la consecuencia inmediata de ello ha sido un rediseño de las reglas del mercado del arte, aspecto que había sido señalado por la academia como el catalizador natural contra la destrucción del patrimonio cultural. No es de sorprender que las evidencias sobre el tráfico en cuestión hayan propiciado la emergencia de nuevos paradigmas en lo que respecta a la salvaguardia de este patrimonio y la preservación del conocimiento universal.

Si bien los atentados contra el patrimonio cultural han merecido una condena universal –a éstos acaba de sumarse la toma de la antigua ciudad de Palmira por militantes del EI–, la preocupación mayor radica en una parte sustantiva en las fuentes de financiamiento de la organización islamista. Esta y no otra es la motivación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al aprobar por unanimidad, el 12 de febrero último, la resolución 2199 que condena la destrucción del patrimonio cultural en Siria e Irak, así como la devastación de sitios y objetos religiosos.

En esta resolución se instruye a los Estados miembros, a la UNESCO, a la Interpol y a otros organismos la toma de medidas adecuadas para impedir el tráfico de todos aquellos bienes de importancia arqueológica, cultural, científica y religiosa que hubieran sido ilícitamente removidos de sus lugares de origen en Irak desde el 6 de agosto de 1990, y en Siria desde el 15 de marzo de 2011.

Por sí sola, la resolución del Consejo de Seguridad es de gran trascendencia jurídica. Conforme al Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes para los Estados parte y, por consiguiente, de cumplimiento obligatorio. Como Estado parte, México no puede soslayar sus obligaciones al respecto.

La destrucción sistemática de sitios culturales en Oriente Medio, muchos de ellos catalogados como patrimonio cultural de la humanidad, ha provocado una vorágine de eventos a escala internacional cuyo principal protagonista es la UNESCO, que ha desplegado una intensa actividad para contener esa destrucción. Recientemente la directora del organismo, Irina Bokova, impulsó en la Universidad de Bagdad la campaña #Unite4Heritage; su propósito es el empleo de las redes sociales a fin de contrarrestar la propaganda de “ablución cultural” y los afanes para legitimar dicha devastación.

Con este proyecto se respaldó inicialmente a la juventud iraquí en su iniciativa de protestar por los videos en los que el EI divulgó la destrucción y saqueo del museo de Mosul y de los centros históricos de Nimrud y Hatra, ambos también declarados patrimonio cultural de la humanidad.

Adicionalmente, Bokova creó el Equipo Monitor de Apoyo Analítico y de Sanciones (UNSMT por sus siglas en inglés). Su informe sobre Oriente Medio (S/20147815) constituyó la base de la resolución del Consejo de Seguridad. En acatamiento a la instrucción de este órgano internacional, la directora de la UNESCO convocó a una reunión de alto nivel para el 1 de abril del año en curso, a la cual asistieron las organizaciones más relevantes en materia de coadyuvancia para la prevención del tráfico ilícito y cuyas siglas en inglés se anotan aquí: la Organización Aduanal Internacional (WCO), la Interpol, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT por sus siglas en francés), la Oficina de las Naciones Unidas contra el Narcotráfico y el Delito (UNODOC), el Centro Internacional para la Preservación y Restauración de la Herencia Cultural (ICCROM), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA), entre otras, para elaborar una hoja de ruta hacia la ejecución del acuerdo del Consejo mediante un calendario de actividades.

El mandato dado a la directora de la UNESCO proviene, pues, tanto de la resolución del Consejo de Seguridad como del Consejo Ejecutivo de esta organización, que en su resolución 196 EX/Decisión 29, de septiembre pasado, ya había emitido un pronunciamiento de condena por la destrucción del patrimonio cultural en Siria e Irak.

“Crimen contra la humanidad”

Las proclamas en este mismo sentido se han sucedido con rapidez vertiginosa en el ámbito internacional. Incluso el Parlamento Europeo, en su sesión del 30 de abril último en Estrasburgo, acordó considerar como “crimen contra la humanidad” los actos que deliberadamente dañen o destruyan el patrimonio cultural en forma sistemática, y urgió a ICOM, a Europol e Interpol a tomar las medidas necesarias para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales en territorio de la Unión Europea.

A las medidas anteriores habría que agregar las Directrices internacionales sobre las respuestas de la prevención del delito y la justicia penal al tráfico ilícito de bienes culturales y otros delitos conexos, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2014, y posteriormente por la UNODOC en enero de 2015 de manera unánime.

A su vez, la declaración del 12 de mayo de 2015 de los ministros de Cultura de los Estados nórdicos propugna por el diseño de un nuevo marco legal para el mercado del arte y llega al extremo de obligar en sus territorios a denunciar a la policía la presencia de bienes culturales presumiblemente importados de manera ilegal. Próximamente se espera también una resolución por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el particular.

La consecuencia de este movimiento universal es enorme: un rediseño jamás visto del marco legal del mercado del arte. Para ello era una exigencia delinear la fase operativa del proyecto. Con este motivo, del 18 al 20 de mayo pasados se celebró en París una reunión del Comité de los Estados miembros de la Convención de la UNESCO de 1970, misma que constituye el eje de la protección de bienes culturales a escala internacional. El autor de este ensayo tuvo la oportunidad de tomar parte en las mesas de trabajo, así como de atestiguar cómo bajo la presidencia de Palestina, por conducto del embajador Mounir Anastas, el Comité adoptó por unanimidad –en lo que constituye un hecho inédito– las reglas operativas de esta Convención y las acciones para combatir el referido tráfico en situaciones de emergencia.

Se llegaba, pues, al final de una larga travesía, pues tuvieron que pasar 45 años para que la Convención contara con dichas reglas y un Comité de seguimiento. Dos años antes se había instalado un comité subsidiario para la redacción de las reglas operativas, en el cual la iniciativa y conducción de México resultó determinante.

El contexto y las acciones de emergencia

Atribuir los eventos de Oriente Medio a la aversión islámica a las imágenes sería simplificar un proceso social en extremo complejo. La destrucción del ídolo ha sido una constante en el Islam; ahora, sus militantes lo identifican con el Estado autoritario, y por extensión con el patrimonio cultural, con las expresiones de arte contemporáneas y con la modernidad cultural, percibidas por los islamistas como una imposición occidental.

La tradición iconoclasta islámica ha sido recurrente en la historia. El sultán Sidi Mohammed ben Abdallah III (1757-1792) en Marruecos, el reformador Mohammed ibn Abdelwahhab (1703-1792) en Arabia central y el Shah Wali Allah al Diwali (1703-1761) en la India recurrieron a ella para depurar del dogma la letra del Corán. La doctrina del tawhid, que postulaba el monoteísmo en su expresión más pura, obligaba a la formación de un culto dentro del cual se exigía la erradicación de prácticas populares. Para ello había que destruir toda representación figurativa manifestada en el culto a los santos en tumbas, estelas, íconos y exvotos.

En siglo XIX los grandes reformadores islámicos, en lo que se conoce como el renacimiento árabe, la Nahda, emprendieron una cruzada de higienización del Islam con base en sus valores fundamentales y prohibieron toda clase de ritos populares, que calificaron de idólatras. Las acciones de Ben Badis (1889-1940) en Argelia, Abou Chouaib Doukkali (1878-1937) en Marruecos o del mufti egipcio Mohammed Abdou (1849-1905) consistieron no solamente en reivindicaciones religiosas, sino también en la implantación de reformas anticolonialistas y sociales.

Empero, es el egipcio Sayyid Qotb quien, en el siglo XX, en las mazmorras de Nasser, escribió A la sombra del Corán, una serie de comentarios al libro sagrado del Islam que con el tiempo se convirtieron en la tesis del movimiento yihadista: resistencia política, educación religiosa y revuelta social. En esta obra se encuentran los argumentos mejor articulados en contra de los nuevos ídolos que son las imágenes.

Es conforme a estas tesis que en la “primavera árabe” del Magreb se buscó depurar el espacio público a partir de la eliminación de las efigies e imágenes. Esta práctica se extendió rápidamente en los países islámicos y explica, entre otras, las profanaciones de las tumbas de Timbuktú en Mali, en los años 2012 y 2013, y la destrucción de valiosos manuscritos como un instrumento para erradicar la idolatría popular.

La devastación del patrimonio en Oriente Medio es una evidente reacción en contra de la categorización patrimonial de los monumentos, que los militantes islámicos asocian a una noción impuesta por Occidente. Junto con la higienización del Islam, esa práctica destructiva forma parte de los fundamentos que se han empleado para legitimar los movimientos iconoclastas.

Las referencias religiosas, según postulan estas manifestaciones, son las únicas válidas en cualquier concepción patrimonial. De acuerdo con esta visión, todo monumento que carezca de esos referentes contiene elementos de idolatría, como lo son la belleza y la preservación de la memoria; bajo esta óptica, el islamismo pretende reivindicar su autoridad como el intérprete legítimo del Corán.

Estos movimientos iconoclastas fungen igualmente como una reacción en contra de la emancipación social impulsada a través de las formas estéticas. Así, en junio del 2012, en la ciudad de La Marsa, cercana a Túnez, fueron vandalizadas obras avant-garde y físicamente agredidos los artistas que las crearon. En 2013, la misma suerte corrieron en la plaza de El Cairo las estatuas de Mohammed Karim, pionero del cine egipcio, y la de Taha Hussein, reformador de la enseñanza en Egipto. La destrucción de los retablos que representaban a los miembros de la dinastía Shahs Qajar, creados por la prestigiada escuela persa de pintura, es otro elemento de convicción en este orden.

En este ambiente de alta complejidad, el Comité de los Estados parte de la Convención de la UNESCO de 1970 e impulsó acciones de emergencia tendientes a contener estos movimientos vandálicos. Uno de los puntos relevantes es la creación de una sinergia entre las diferentes Convenciones de la UNESCO para que, con una visión holística, éstas puedan complementarse y constituir un corpus unificado para la mejor consecución de sus fines, como lo son la sustentación, protección, salvaguardia y comprensión de la herencia cultural y natural. Esto resulta particularmente trascendente para el próximo impulso de la iniciativa que vincula cultura con paz y desarrollo.

Todavía hace unas décadas se pensaba que la destrucción de legados culturales en tiempos de guerra había sido erradicada. La motivación de la Convención de la Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, junto con sus Protocolos de 1954 y marzo de 1999, respectivamente, apuntaban a esa erradicación. Sin embargo, los movimientos sociales de comienzos del siglo XXI, que muestran síntomas de inestabilidad religiosa, conllevan nuevas nociones, como la de “ablución cultural” y “destrucción sistemática”, las cuales obligan al planteamiento de soluciones igualmente nuevas.

En este orden, el Comité aprobó por unanimidad medidas para enfrentar situaciones de emergencia: una revisión de las legislaciones nacionales que refuercen los controles de exportación, importación y adquisición de bienes culturales; la introducción en las legislaciones nacionales de mecanismos que desarrollen conceptos como el de la “debida diligencia” (due diligence) y permitan verificar su proveniencia; la adopción de los principios de la Convención Cultural del UNIDROIT de 1995, particularmente por lo que respecta a la “debida diligencia”, y la inversión en la carga de la prueba (onus probandi) en materia de adquisición de bienes culturales robados. El fortalecimiento de los procedimientos de investigación y requisa de bienes culturales de origen dudoso por los países de destino se anticipa fundamental.

La situación de emergencia apremiaba a que la lista de medidas fuera lo más comprensiva posible. Así lo demuestra su enunciación: el fomento del flujo de información relevante entre la UNESCO, Interpol, WCO y la UNDOC respecto al citado tráfico ilícito y los bienes requisados es una de las piedras angulares. Adicionalmente, se recomendó regular el mercado del arte y ejercer monitoreo policiaco en lo que atañe a la adquisición de bienes culturales; organizar actividades relativas al combate del tráfico ilícito en situaciones de emergencia y el apoyo de iniciativas ya existentes, como la campaña #unite4heritage; invitar a los Estados parte a que informen a la UNESCO acerca de las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de salvaguardia de los bienes culturales provenientes de Siria e Irak a más tardar el 12 de junio del 2015, y exhortar a la directora de la UNESCO a que redoble esfuerzos a fin de proveer al órgano permanente de la Convención de la UNESCO de 1970 de los fondos suficientes para continuar con estas acciones de emergencia.

La incertidumbre

El movimiento iconoclasta aquí referido no tiene como único propósito desvanecer la memoria; se realiza bajo el amparo de una pretendida “soberanía popular” que representa a una comunidad imaginaria y fugaz. La difusión de las escenas vandálicas del Estado Islámico busca hacer de ellas una epifanía: resumir la efervescencia social en el instante destructor. Este efecto se proyecta en un futuro incierto y no menos inquietante. Tiene como pretensión hacer irreversible este movimiento, cuando lo que se percibe es que puede ser brutalmente interrumpido. Es un acto de ostentación y afirmación de una libertad arbitraria frente al clamor universal reprobatorio.   

El entorno político no es menos complejo: la confección de los Estados nacionales de Oriente Medio, provenientes del pacto entre Francia y Reino Unido, tiene un origen eminentemente colonialista. Este pacto, conocido como Mark Sykes-Francois George Picot, ha sido denunciado por el EI en numerosas ocasiones.

Lo que ahora es una realidad es que, contra todos los vaticinios, esa organización ha hecho progresos militares importantes: a la toma de  Ramadi, capital de la provincia de Anbar, acaba de suceder la de Palmira, que se encuentra bajo su control.

Palmira –“ciudad de los árboles de dátil”, en arameo–, situada en pleno desierto de Siria, debe su esplendor en gran medida a la ruta de la seda. Por la relevancia de sus monumentos romanos y griegos, fue declarada patrimonio cultural de la humanidad, pero hoy se encuentra en peligro. Su destrucción sería una grave pérdida para la riqueza del conocimiento universal.

Fue en estos contextos de suma complejidad dentro de los cuales se debatieron y aprobaron las acciones de emergencia que la UNESCO habrá de implantar en el futuro inmediato.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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