CHIHUAHUA, Chih., (apro).- El pasado fin de semana autoridades de la Secretaría de Economía, empresarios, legisladores y representantes de comunidades indígenas constituyeron el Consejo Consultivo del fideicomiso Barrancas del Cobre, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida hace dos años. En la Sierra Tarahumara, las participantes acordaron agendar reuniones informativas para conocer los nuevos proyectos de desarrollo turístico que se pretenden echar a andar en esa región de manera complementaria a los que se iniciaron desde hace dos décadas sin la participación de las poblaciones indígenas que ahí habitan. La inclusión de los rarámuris en el fideicomiso es producto del amparo interpuesto en marzo de 2012 por los habitantes de las comunidades de Bacajípare y Huitosachi, pertenecientes al municipio de Urique. El salvoconducto legal fue promovido tras la autorización otorgada al titular del Poder Ejecutivo para celebrar el convenio “Fideicomiso Barrancas del Cobre” sin constituir legalmente el Consejo Consultivo. Lo único que pidieron los rarámuris es evitar despojos como en el pasado y garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales de la Sierra Tarahumara. Las obras emprendidas hasta ahora por las autoridades en Barranca del Cobre tuvieron impactos negativos en la región: contaminación del agua, cancelación de manantiales, pérdida de áreas de pastoreo y boscosas, supresión de vías de acceso, acumulación de basura y por ende proliferación de enfermedades, amén de otros problemas como alcoholismo, drogadicción y competencia desleal en la venta de artesanías con artesanos mestizos y productos chinos. Apenas este año, los hoteles que operan actualmente en dicho sitio lograron controlar los desechos de aguas residuales que durante dos décadas contaminaron el agua de uso común de las comunidades indígenas, con el consecuente daño a la salud, principalmente a la población infantil. Antecedentes El proyecto turístico en Barrancas del Cobre inició en 1996 y desde entonces comenzó a afectar a las comunidades Bacajípare, Huitosachi y Mogotavo, todas del municipio de Urique, así como la Bosques San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna, principalmente. El 10 de diciembre de 1996 las autoridades estatales aprobaron el decreto 409/96 en el que se establecía que la garantía jurídica de inversión no provocaría la expulsión de indígenas de la zona de influencia del fideicomiso por la compra y expropiación de tierras; por el contrario, que les proporcionaría arraigo y una vida digna y productiva. También aseguraba la previsión y prevención de impactos ecológicos negativos y de toda acción que pudiera atentar contra las culturas indígenas de la región. Además, garantizaba la seguridad de que las comunidades indígenas participaran en los beneficios socioeconómicos, particularmente en las obras prioritarias, como escuelas, centros de atención médica y hospitalaria, servicios municipales básicos y demás infraestructura. Más aún: incluía la certeza jurídica de que los indígenas legalmente representados participaran en la toma de decisiones que los afectaran. El decreto también condicionaba a las autoridades a dar vida a Consejo Consultivo Regional en un lapso de 30 días. Este Consejos e encargaría de establecer los mecanismos de consulta necesarios para definir y proponer los objetivos, prioridades, políticas y estrategias y de desarrollo regional en sus áreas de operaciones, cuidar que las inversiones pública y privada se realicen respetando los derechos de los pueblos indígenas, así como preservar el medio ambiente, entre otras disposiciones constitucionales. Asimismo de formular anualmente la propuesta de inversión social que debería ser considerada como anexo especial del desarrollo turístico sustentable del convenio de desarrollo social. Creado el 13 de febrero de 1997, el fideicomiso tuvo como fin realizar el proyecto turístico en 50 hectáreas de Creel y en 147.6 hectáreas en el Divisadero. Con base en expedientes y documentos con los que cuenta la organización Consultoría Técnica Comunitaria, al ejido Creel le pagaron la hectárea a 20 mil 400 pesos y a la empresaria hotelera Ivonne Sandoval 242 mil 200 pesos la hectárea en el Divisadero. En un principio, el plan maestro abarcaba una superficie aproximada de 2.8 millones de hectáreas en las que se encuentran asentadas comunidades indígenas de Batopilas Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guazapareas, Mahuarichi, Ocampo, Urique y Uruachi, así como siete barrancas. Desde entonces, ya se preveía la construcción del aeropuerto de Creel y dos aeropistas más, así como 4 mil cuartos de hotel, 475 espacios para campamentos y mil 600 espacios para casas rodantes. En el 2009, el fideicomiso rentó al ejido San Alonso 20 hectáreas para instalar las torres de un teleférico y en 2010 inauguraron el parque Aventura en el Divisadero, que incluye casetas de cobro, corredores, teleférico, tirolesa y mercado de artesanías. Ese mismo año, la comunidad de Bosques San Elías Repechique recibió una carta firmada por la familia Cuesta, quien le informó que sólo podían vivir porque les daban permiso, pero cuando les pidieran el terreno, deberían irse. Luego construyeron el aeropuerto regional de Creel y no los consultaron, tuvieron que ampararse para que respetaran sus derechos; en el caso de la comunidad de Huitosachi, el capataz de la familia Elías Madero les ofreció a algunas personas 25 mil pesos para que se fueran, les hicieron firmar un comodato para que no pudieran reclamar la tierra. En Bacajípare por presiones, acordaron rentar 20 hectáreas para las torres del teleférico y en el 2008, el particular Silvestre Martínez pretendió vender 13 hectáreas de uso común cercadas por él mismo, al señor Valderrama del hotel Mirador. Ante ese panorama, las comunidades indígenas de Huitosachi y Bacajípare del municipio de Urique presentaron por separado, una demanda de amparo. El amparo fue resuelto por la Segunda Sala de la SCJN a favor de Huitosachi y el juez ordenó respetar el decreto original (de 1996) por el que se constituye el fideicomiso Barrancas del Cobre. Sin embargo, el 16 de mayo de 2012, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Turismo del Estado por iniciativa del gobernador César Duarte Jáquez, en la que el Ejecutivo estatal pretende aplicarla en el caso del funcionamiento del Consejo Consultivo en el lugar de lo establecido en el decreto 409/96 y en la sentencia de la SCJN. Esa ley no considera la participación de las comunidades indígenas y su objeto o prioridad es el desarrollo turístico en el estado, también crea sus propios órganos de dirección como el Consejo Regional de Turismo y el Consejo Municipal. Autoridades y empresarios tienen planeado desarrollar un programa de desarrollo sustentable-reforestación de 500 hectáreas con una inversión de 35 millones de pesos para terminarlo hasta el 2025 y prevén la construcción de cuatro etapas más del parque Aventura Barrancas del Cobre, aparte de las dos que ya están en operación. En la tercera etapa planean construir un centro de convivencia con la naturaleza (camping) y un centro de atención a visitantes con una inversión de 9 millones y medio de pesos. La cuarta etapa incluye la construcción de un club ecuestre, un resort-equipamiento y SPA que costaría 32 millones y medio de pesos y estaría terminado en el 2020. La quinta etapa tiene considerada la construcción de un hospedaje panorámico, hoteles, villas y un centro de convenciones con una inversión de 250 millones de pesos. Y la sexta, un campo de golf con un costo de 180 millones. En total se prevé una inversión de 507 millones. Con la constitución del fideicomiso, los proyectos que se desarrollen a partir de ahora deberán contar con la aprobación de las comunidades indígenas, los guardianes de la sierra. La propuesta de las comunidades para que el consejo consultivo funcione bien y se dé un diálogo efectivo es iniciar una etapa de información para que la autoridad responsable se reúnan con cada una de las comunidades indígenas del área de influencia actual: Arareco, Cusárare, Bosques San Elías Repechique, San Elías, San Luis Majimachi, Mogotavo, Huitosachi y Bacajípare, con el fin de entregar información suficiente sobre los antecedentes del proyecto turístico, la situación actual y los planes de desarrollo propuesto por el fideicomiso a 5 años. Además, solicitaron que se consolide un plan regional de turismo comunitario con los proyectos de los pueblos indígenas y propusieron también hacer un programa de radio sobre el proyecto de fideicomiso.