El nuevo paradigma del mercado internacional del arte

El 14 de noviembre de 1970, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales –conocida como Convención de 1970–, mediante la cual se pretendía crear un nuevo paradigma en la protección del patrimonio cultural de la humanidad. Después de una larga travesía, por primera vez se reconocía en el ámbito internacional que el deterioro del patrimonio a través del robo, el daño físico, las excavaciones ilícitas y el tráfico ilícito empobrecía el legado cultural.

La Convención de 1970 introdujo una nueva narrativa al acuñar un vocabulario y un modelo novedosos en la educación pública relativa a la protección de ese legado, e instiló un sentido de responsabilidad, aunque difuso, en los gobiernos y en la comunidad internacional. Abrió asimismo nuevos espacios de negociación y de diálogo e intentó fomentar una nueva cultura entre los principales actores: museos, coleccionistas, mercaderes de arte, burócratas y en la propia sociedad. Existe consenso en considerar a la Convención de 1970 como el preludio de un nuevo orden jurídico internacional en materia de cultura.

En el umbral de su aprobación, se visualizó a este instrumento como una panacea. Con el paso del tiempo, sin embargo, los mejores propósitos parecían reducirse a una quimera. La erosión del patrimonio cultural continuaba; peor aún, a la proliferación del pillaje y las excavaciones clandestinas de sitios arqueológicos y paleontológicos se agregaban otras formas de tráfico ilícito, como las subastas por internet –inimaginables en los años setenta–, la violencia, el vandalismo sistemático y las inestabilidades sociales y religiosas. La comunidad internacional observaba con estupor la destrucción irremisible de sitios ancestrales, lo que provocaba un sentimiento de gran frustración.

Si bien la Convención de 1970 cimentaba principios de alta valía, su ineficacia en la prevención de cataclismos culturales generaba escepticismo y obligaba a los Estados de origen a explorar fórmulas más vigorosas en el ámbito internacional, así como a desvanecer la percepción de una postura naíf de los países de origen frente a la real politik comercial de los países de destino.

La emergencia del Estado Islámico (EI) en Oriente Medio y la realidad que supuso el financiamiento de esta organización por medio del tráfico ilícito de bienes culturales, junto con la reacción de occidente para obstruirlas, posibilitó dotar de reglas operativas a la Convención de 1970, después de 45 años de su entrada en vigor.

Ahora, México retomó el liderazgo en estos esfuerzos, pues bajo el mismo fue posible diseñar esas reglas, que en mayo último lograron la aprobación unánime en el seno de la UNESCO. No puede pasar desapercibido que los bosquejos iniciales de la citada Convención corresponden a las diplomacias mexicana y peruana, y que su aprobación se hizo bajo la conducción del embajador mexicano Francisco Cuevas Cancino.

En esta tesitura universal es previsible que dentro de un futuro inmediato aflore un nuevo paradigma en el mercado internacional del arte. Si bien la trascendencia de este paisaje cultural es relevante, es claro que la metamorfosis de la legalidad por sí sola no perturbará los mercados, en donde priman intereses económicos poderosos.

El enjambre de los mercados del arte es enorme: directores de museos, pero ahora con gran discreción, fomentan con pleno conocimiento la compra de bienes culturales de origen dudoso para sus colecciones. Los mercaderes de arte guardan celosamente las listas de sus clientes, lo que impide concientizar que hay un vínculo de causa-efecto entre el tráfico ilícito y la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad. Las cuantiosas utilidades que se obtienen por la venta de bienes culturales prevalecen por encima de cualquier código de ética. Ante esta realidad, la moralización del mercado es más que una ingenuidad y se resume en la frase en inglés Don’t ask; don’t tell (Ni preguntes, ni contestes).

Los mercados de arte han registrado en la actualidad una espiral especulativa. La sola exigencia de la restitución de bienes culturales por parte de los países de origen ha disparado a la alza los precios ante el riesgo de pérdida de las piezas y su consecuente rentabilidad, así como por los costos potenciales que conlleva su repatriación.

A todo lo anterior debe agregarse que la reputación internacional de intransigencia de los Estados de destino no le significa ninguna zozobra a sus órganos legislativos, cuya legitimidad y responsabilidad política opera sólo frente a sus electores. La verdadera dificultad consistirá por lo tanto en la mutación de las legislaciones nacionales para crear un régimen jurídico de excepción en cuanto a los bienes culturales y, con ello, regular su demanda. Un esquema que, en síntesis, confronta la filosofía del libre mercado.

Los bienes culturales, a diferencia de cualquier otra mercadería, comportan una significación de identidad comunitaria; son por lo tanto irremplazables y con frecuencia llevan asociado un componente espiritual. Éstos se comercializan en mercados cuya divisa es que en tanto la demanda exista, el pillaje continuará. La presunción de que hay dos mercados, uno lícito y otro ilícito, ha demostrado la falsedad del aserto; antes al contrario, es un mercado único con una clara interfase entre la licitud y la ilicitud.

Existen alegatos que tienden a neutralizar los reclamos de los países de origen que pretendieron legitimar el libre mercado al publicitar con estruendo el movimiento iconoclasta del EI. Ante ello, los mercaderes de arte llegaron a sostener que les asistía un “deber moral” porque, como tales, buscaban salvaguardar bienes culturales. El daño patrimonial, aducen para su causa, ya se había causado y era irreversible. En el fondo, esta actitud es indicativa del poder simbólico de quienes detentan en sus sociedades los privilegios de la alta cultura y cuyos argumentos transitaron de la justificación a la excusa.

Hechos como el gran temor de occidente frente a las acciones del Estado Islámico han repercutido en una mutación profunda en los mercados de arte como la que ahora presenciamos. Ante esta efusión internacional, los países de destino, y de manera inusitada en armonía con los Estados de origen, aprobaron las reglas operativas de la Convención de 1970. Se trata de una serie de preceptos que confrontan el leitmotiv del libre mercado, el cual postula que la prosperidad económica es atribuible a la libre circulación de mercaderías con un mínimo de barreras proteccionistas en los sistemas legales nacionales. La culturalidad, sostenían, no era un argumento suficiente para que los bienes culturales tuvieran en sus sistemas de legalidad un régimen de excepción.

En la literatura especializada existe consenso en el sentido de que dentro de la Convención de 1970 se identifican tres axiomas: la prevención, la restitución y la cooperación. Las reglas operativas que acaban de ser validadas desarrollan estos axiomas y, al igual que la Convención, vigorizan la hegemonía de los Estados, ya que es en las legislaciones nacionales en donde debe reflejarse la asunción de las obligaciones internacionales correspondientes.

No escapa a este análisis, y es importante destacarlo, que en las sucesivas ratificaciones de la Convención de 1970 por parte de los Estados miembros proliferan las declaraciones, las reservas y las interpretaciones oficiales que socavaron a este instrumento y terminaron por debilitarlo. Para sólo mencionar el precedente de los Estados Unidos, la ratificación concerniente a este país contiene una reserva y seis interpretaciones oficiales.

¿Propiedad cultural o legado cultural?

Existen aún problemas conceptuales cuyo análisis en el ámbito internacional deberá recorrer todavía un largo itinerario. Veamos: La propiedad cultural es una de las piedras angulares de la Convención de 1970 y uno de sus temas más polémicos. Se trata de una noción que se ha desarrollado para proteger las expresiones culturales. La propiedad cultural representa el pasado y el presente de los pueblos, las memorias y aspiraciones de éstos. Su contenido y su significado es por lo tanto inestable. Dichos contenidos y significaciones no solamente están sometidos a mutaciones espacio-temporales, sino que transbordan a una pluralidad de perspectivas sociales e individuales que resulta difícil armonizar.

En este esquema, occidente aprecia más la posesión material del bien cultural que sus procesos de creación, en tanto que las visiones no occidentales consideran más importantes los primeros que su consecuencia. Lo anterior explica que en occidente al bien cultural se le considere un objeto venal y que, en esta lógica, el factor económico potencie la satisfacción de necesidades primarias por encima de los intereses transgeneracionales que propugnan la preservación de las evidencias de civilizaciones y tradiciones culturales.

Por lo anterior, el análisis concluye que el paradigma de la propiedad es estructurado y formalista y que, en tanto tal, es limitado para expresar valores culturales que, por su naturaleza, son dinámicos e inconmensurables. La historia de la propiedad cultural así lo demuestra: es una historia de transmigración de pueblos, de estratificación de culturas, de asimilaciones forzadas, de fracturas y mestizajes. Pero es también una historia de violencia, explotación, dominación y de pillaje que ejemplifica la confrontación en cuanto al reclamo de la propiedad cultural histórica por los países de origen y el de la propiedad sobre la historia de los países de destino.

En el análisis anterior, la estratificación cultural es una de las mayores preocupaciones actuales; ésta tiene su evidencia en la solución de continuidad de las sociedades en lo que corresponde a las antigüedades que se encuentran en sus territorios. Esta solución de continuidad interrumpe abruptamente la transmisión y recepción con respecto al pasado, como ocurre con nuestra sociedad, pero ha resultado más estruendosa con los cambios de orientación religiosa, que explican, por ejemplo, la destrucción de los budas de Bamiyan en Afganistán o de los mausoleos en Timbuctú, y, ahora, la iconoclasia del EI.

A las dificultades conceptuales anteriores habría que agregar los objetos etnológicos y de restos humanos. Las reglas operativas consensuadas apenas en el seno de la UNESCO hicieron especial énfasis en el tráfico ilícito de objetos etnológicos con significados festivos o rituales o de importancia antropológica capital, como el caso de los restos humanos: reivindicación constante de las comunidades indígenas en lo que corresponde a sus rituales de exequias y de otras ceremonias que, si bien no están bajo la salvaguarda de la Convención de 1970, confrontan la noción de “propiedad cultural”.

El nuevo paradigma

La regulación del mercado del arte se antoja como una tarea herculana: El certificado de exportación de bienes culturales previsto en la Convención de 1970, ahora desarrollado por reglas operativas, es en este sentido un elemento de convicción de la mayor importancia. El mercadeo de bienes culturales, especialmente de antigüedades, será viable cuando se vea acompañado de este documento.

Con lo anterior se pretende trazar la perspectiva reduccionista del mercado (Market Reduction Approach o MRA), con especial énfasis en las cadenas de los proveedores. Se intenta hacer más onerosa la comercialización ilícita de bienes culturales y de esta manera desmotivar a los coleccionistas para que reorienten su afición hacia bienes menos riesgosos. En suma, debe procurarse que el tráfico ilícito sea más oneroso para los mercaderes de arte, de tal suerte que el transporte, acopio y almacenaje de bienes culturales de proveniencia dudosa sean tan riesgosos como el robo o su exportación ilícita, y que este riesgo se haga extensivo a todos los involucrados.

Otro de los elementos de contención es el establecimiento del mecanismo anglosajón de la diligencia requerida (due diligence), la cual ha probado su eficacia aunada a la inversión de la carga de la prueba: para verse indemnizado ante el reclamo del bien cultural adquirido, el coleccionista está obligado a probar que consultó toda la información relevante en la especie; ello obliga a los países de origen a mantener actualizados sus catálogos y las listas rojas de bienes culturales en peligro.

La noción de inventario

Uno de los temas más polémicos es el del inventario cultural, toda vez que su elaboración implica un desafío a la imaginación cuando se refiere a los bienes arqueológicos y paleontológicos no descubiertos.

Existe consenso cuando se afirma que las excavaciones ilícitas son unas de las prácticas más perniciosas, ya que el daño provocado trasciende al del robo de antigüedades porque destruye la unidad de significado del monumento arqueológico en su conjunto y con ello entorpece el conocimiento universal en torno a las civilizaciones que nos han precedido.

Categorizar a los bienes arqueológicos y paleontológicos no conlleva algo vago y confuso; implica simple y llanamente el reconocimiento de que estos bienes culturales son portadores de códigos de comportamiento de civilizaciones anteriores, y de que el vínculo es con comunidades y no con individuos. Esto determina la naturaleza colectiva de los bienes culturales, considerados como tales en tanto estimulen emociones o la inteligencia colectiva de las comunidades.

Las propuestas han sido muy variadas. La UNESCO y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT, por sus siglas en inglés) aprobaron una legislación modelo que regula la propiedad del Estado respecto de sus bienes culturales no descubiertos y que ya empieza a ser incorporada por los países de América Latina.

Otro de los análisis es la eliminación del criterio jurídico en la noción del inventario y su estructuración sobre bases culturales. La transposición de criterios jurídicos para estructurar la noción de inventario en el marco de la Convención de 1970 ya ha provocado sinsentidos, como la exigencia de que se integre un inventario de bienes culturales desconocidos. La arqueología moderna ha desarrollado metodologías que pueden determinar la calidad y el origen de los bienes arqueológicos; la pertenencia cultural, en consecuencia, debería gobernar el concepto de inventario y determinar la restitución de estos bienes a los países de origen.

Epílogo

Suponer que con las reglas operativas de la Convención de 1970 se va a desterrar el tráfico ilícito sería una candidez. Su aprobación unánime fue un plebiscito de la comunidad internacional que ratificó el compromiso en cuanto a la defensa de los manuales arquitectónicos de la historia, del genio humano y la búsqueda incesante de sus manifestaciones.

Lo anterior pone de manifiesto que existe una conciencia universal en materia de protección de sitios y bienes culturales y en lo que respecta a la erradicación del tráfico ilícito que corroe a la cultura. Es una de las inflexiones más significativas de esta larga marcha.

La acción pública, empero, sería insuficiente si no fuera por los diferentes actores, cuya participación ha sido decisiva en el combate contra la destrucción irreversible de los sitios y bienes culturales.

Estas reglas operativas deberán aderezarse con el fomento de una nueva cultura. Amén de los cambios legislativos, la UNESCO formuló y logró la aprobación unánime de varias recomendaciones, entre ellas la relativa a la interlocución con los actores en el mercado del arte, el fortalecimiento de la cooperación internacional, el estímulo a la participación de instituciones de prestigio que perennicen el conocimiento, el combate a la corrupción y a la pobreza…, que también han resultado ser los catalizadores del pillaje y la destrucción.

Su síntesis es clara: el patrimonio cultural del mañana, aquel que las futuras generaciones clasificarán como tal, deberá propiciarles un diálogo fecundo con los monumentos y sitios que ahora nos empeñamos en preservar.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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