Activistas critican “manejo político” de nominaciones en órganos de la ONU

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos reprocharon “el manejo político de las nominaciones” en órganos de las Naciones Unidas, luego de que el gobierno federal retiró la candidatura de Miguel Sarre para representar al Estado mexicano como miembro del Comité contra la Tortura (CAT) y propuso al exdiplomático Claude Heller Rouassant.

En una carta dirigida al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribeña, los activistas consideraron que se trata de un intento por “invisibilizar” el problema de la tortura en México, y exigieron detalles del cambio de candidatura.

De acuerdo con los firmantes, la sustitución de Sarre ocurre luego de la reacción virulenta del gobierno de Enrique Peña Nieto contra el relator de la ONU, Juan Méndez, quien en un informe presentado en marzo pasado precisó que en México la práctica de la tortura “es generalizada”.

En la misiva fechada este martes, las organizaciones manifiestan su preocupación de que “con el manejo político de las nominaciones, el Estado mexicano busque tener un mayor control sobre el Comité contra la Tortura, afectando la independencia del organismo”, situación que “produciría efectos negativos no solamente en la protección de la integridad personal de la población en México, sino en la protección de este derecho de la población de todos los Estados parte de la Convención señalada”.

El pasado 28 de abril, Miguel Sarre Iguíniz, experto en derechos humanos, fue postulado por el Estado Mexicano ante el CAT para formar parte de ese órgano de la ONU conformado por 10 expertos, cinco de los cuales terminan su mandato en octubre de este año.

No obstante, el martes 16 la Cancillería decidió retirar la candidatura de Sarre y reemplazarla por la de Claude Heller Rouassant, exembajador de México en Cuba y Japón.

En la carta enviada a Meade Kuribeña, los activistas contrastan los perfiles de ambos personajes y destacan que Sarre formó parte del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU durante ocho años, por lo que es un experto reconocido y con una larga trayectoria, además de que cuenta con “la experiencia e independencia requeridas para ser integrante de un órgano emanado de un tratado internacional del sistema de protección a los derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Por su parte, añaden, Claude Heller Rouassant “cuenta con una larga trayectoria en la diplomacia mexicana, habiendo desempeñado varios cargos como embajador y representante de México ante organismos internacionales”, historial del que “no se desprende ninguna experiencia en el tema de la tortura”.

Al señalar que Heller Rouassant tiene el nombramiento de Embajador Eminente de México, las organizaciones civiles sostienen que ese cargo “pone en tela de juicio la independencia que deben tener los integrantes del Comité contra la Tortura frente a los Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Y es que entre las facultades del CAT destaca la revisión periódica a los Estados parte de la Convención y conocer casos de víctimas de tortura y malos tratos.

Tras recordar que como Estado parte de dicha  Convención México ha reconocido la competencia del Comité, además de que varios casos de víctimas mexicanas están en proceso de ser resueltos, las organizaciones resaltan en su misiva que la última revisión realizada al Estado data de 2012, y en ella se formularon “diversas recomendaciones dados los niveles de incidencia de la tortura en México y la impunidad en torno a esta grave violación a los derechos humanos”.

Para los activistas, la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de cambiar el perfil del representante de México ante el CAT transgrede “las directrices de Addis Abeba” sobre las características de independencia e imparcialidad que deben tener los miembros de los órganos de derechos humanos.

Dichas directrices señalan que los “conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sea reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales”, sostienen.

Al manifestar su preocupación por el cambio de postulación, los defensores de derechos humanos puntualizan que la decisión “se enmarca en la presentación del informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a raíz de su visita a México en 2014, en el que señaló que la tortura continúa siendo una práctica recurrida por las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno”.

Ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la incidencia de la tortura en México, los activistas consideran grave que el gobierno “busque afectar la independencia de dichos organismos a fin de invisibilizar el problema de la tortura en México (…) en lugar de acatar las recomendaciones de dichos organismos y promover un mayor escrutinio de los mismos”.

Asimismo, exigen a Meade Kuribeña que en las nominaciones del Estado mexicano para la integración de órganos internacionales se promuevan “perfiles expertos e independientes para la elección de integrantes del Comité contra la Tortura y de futuras elecciones en otros órganos internacionales de protección a los derechos humanos”.

Asimismo, que explique cuáles fueron las razones por las que se retiró la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz y “remitirlas a las organizaciones firmantes de la presente comunicación”.

Entre los firmantes destacan la exsubsecretaria de Derechos Humanos y Democracia durante el gobierno de Vicente Fox, Mariclaire Acosta Urquidi, así como la activista europea Ina Zoon, y los defensores Carlos Ríos Espinosa y Sergio Méndez Silva.

Las organizaciones que se sumaron al llamado son: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

Asimismo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz y Red de Familiares “Eslabones” por los Derechos Humanos.

 

Comentarios