Caso Ayotzinapa: La provocación del Ejército

MÉXICO, D.F. (apro).- Enclavada en la miseria, en una de las principales regiones productoras de goma de opio y centro ideológico del liderazgo guerrillero más fuerte que ha tenido México, la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es uno de los espacios que el Estado mexicano ha tenido bajo vigilancia en la lógica de la seguridad nacional.

Miseria, narcotráfico y guerrilla son una perfecta combinación para la ingobernabilidad, condición de riesgo para cualquier Estado nacional.

En lugar de generar condiciones de estabilidad, el Estado mexicano se limitó a la vigilancia y al seguimiento de la normal de Ayotzinapa, atestiguando al mismo tiempo la conversión de una tradicional zona guerrillera en una región productora de amapola.

La cercanía de los comandantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, con el presidente municipal, José Luis Abarca, demuestra que en ese seguimiento, el Ejército sabía que el munícipe formaba parte de un entramado de político delictivo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto y aún el del su antecesor, Felipe Calderón, tenían información de la dinámica que había generado en Guerrero el descabezamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el surgimiento de grupos antagónicos, Los Rojos y los Guerreros Unidos, por el control de la zona.

El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así lo reconoció ante diputados de la saliente legislatura que sin éxito, y poca voluntad, investigaron los hechos ocurridos hace exactamente nueve meses.

Desde la inverosímil justificación inicial de que se enteraron horas después de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, hasta sus reiteradas negativas a proporcionar información sobre su actuación en esos hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, los jefes del Ejército mexicano no han hecho más que ahondar las dudas con su silencio, exhibiéndose ante el mundo, por lo menos, como cómplices.

Pero en un movimiento sorpresivo por su aparente apertura, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó recientemente que uno de los normalistas desaparecido era un miembro en activo del Ejército.

En respuesta a una petición de información hecha por el corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, vía la ley de transparencia, la Sedena confirmó lo que se decía desde hace meses en Iguala, que al menos uno de los desaparecidos pertenecía al Ejército.

A diferencia de lo que han dicho los familiares de uno de los desaparecidos, Julio César López Patolzin, de que éste se dio de baja del Ejército un año antes de ingresar a la normal, la Sedena asegura que uno de los desaparecidos era un soldado en activo.

La respuesta sorprendió por la disposición de la Sedena a abrir ese expediente, contrario a su política de opacidad, exacerbada bajo el mando del general Cienfuegos.

Los familiares de los normalistas quedaron descolocados, pues habían guardado silencio respecto al pasado militar de al menos uno de los estudiantes desaparecidos.

La Sedena dio una respuesta que provocó. Los familiares y estudiantes se vieron obligados a reaccionar, dejando ver que conocían ese antecedente. La verdad de lo ocurrido en Ayotzinapa pasa también por ellos.

@jorgecarrascoa

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