Uber vs. taxis

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La disputa entre quienes prestan el servicio de Uber –un esquema de negocios que ha sido exitoso en varios países– y los taxistas de sitio ha ido creciendo sin que el gobierno de Miguel Ángel Mancera pueda siquiera trazar una ruta de solución. Veamos.

Primero. Está fuera de toda duda que la libre competencia y la existencia de diferentes opciones puede reducir costos a los clientes del transporte de cualquier naturaleza. A mi juicio, ese punto de vista no se encuentra a discusión. El arribo de Uber a México ha traído una alternativa que compite sobre todo con el taxi de sitio. Es más barato, eficaz y seguro, en virtud de que no está sujeto a toda la maquinaria burocrática que regula el transporte público. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se ha pronunciado a favor de Uber, pero lo ha hecho en abstracto, sin considerar que se trata de un tema de varias aristas, lo que tendría un efecto perverso en la solución si no se atiende a varios actores que deben ser tomados en cuenta.

Para la Cofece, la solución simplista es “viva la libre competencia”, aunque se dejen varios heridos en el camino. En casi todas las naciones donde existe Uber puede advertirse una pacífica coexistencia con los taxis. El problema en México es el sistema formal e informal de la corrupción sistémica e institucional creado para satisfacer necesidades ajenas al interés público. Mientras en California, Estados Unidos, algunos choferes de Uber han demandado a la empresa para ser catalogados como empleados no contratistas, en México nadie, ni los taxistas ni los operadores de Uber, son empleados y, por tanto, carecen de las prestaciones de la seguridad social, con unas cuantas excepciones. Este tema, por supuesto, no está en la agenda de la discusión porque ni a Uber ni a los líderes de los taxistas les interesa ventilarlo.

Segundo. Es evidente que, a menores requisitos burocráticos y extorsiones de las autoridades a los taxistas –e independientemente de las labores clientelares de éstos para el PRD en el DF, y para otros partidos políticos en el resto del país–, el costo del servicio de taxi podría ser más barato para competir con Uber en terreno parejo. A diferencia de Uber, que cobra exclusivamente 20% de sus ingresos a sus “contratistas independientes”, el taxi que existe hoy y aquí ha debido pasar (y sigue pasando) por un esquema de corrupción operado por el Gobierno del DF, que implica : a) Placas de taxi a un precio real de aproximadamente 70 mil pesos; b) Licencia especial sustancialmente más cara que la de un automovilista particular; y c) La extorsión permanente del área de “servicios públicos” que los inspecciona y les exige dinero bajo cualquier pretexto. Esto tiene, como es lógico, un impacto en el costo del servicio al público. Los choferes de Uber no pagan una licencia de conducir especial y, además, pueden recoger pasajeros en los aeropuertos y centrales de autobuses, lugares que a los taxistas se les prohíbe.

Tercero. En este contexto, el gobierno de Miguel Ángel Mancera lo que hace es administrar el problema, y repite la fórmula de Napoleón: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Y en efecto, esa comisión es la que ha nombrado Mancera, y el Senado no se ha quedado atrás. Resolver el asunto sería muy fácil en un estado de derecho, pero resulta muy complicado hacerlo en el Distrito Federal y en el país.

De entrada, la lógica aconseja que la primera medida sea bajar los requisitos a quienes quieren prestar el servicio de taxi, no subirlos a Uber. Se requiere un periodo de transición con los taxistas que ya se vieron obligados a sufragar la corrupción del gobierno de la ciudad, y retribuirles con dinero o con exenciones fiscales, vales de gasolina y algunos otros estímulos. Sólo así se podría empezar de nuevo, haciendo de esta crisis una oportunidad para combatir la corrupción –la experiencia comparada está llena de ejemplos de buenas prácticas dignas de registro– y privar de los beneficios de ese periodo de transición a los políticos y personajes públicos que, usando sus cargos o relaciones, poseen, prestanombres de por medio, cientos o miles de placas de taxi.

De este modo, las cosas podrían empezar a cambiar. Por desgracia, reconozco que es un buen deseo mío, porque el gobierno de Mancera es parte del problema, no de la solución. Como en toda democracia, en el ámbito federal deben eliminarse los cotos de exclusividad a los taxis de aeropuertos, que son carísimos, para que cualquiera pueda dejar y recoger pasaje allí, como sucede en Estados Unidos. En este aspecto también debería existir un periodo de transición, exceptuando a los políticos y personajes públicos que lucran con el visto bueno de las autoridades del aeropuerto y de las centrales de autobuses, en perjuicio de los pasajeros.

@evillanuevamx

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